Ovidio
Dado la escasez de temas puntuales durante esta semana, salvo la gira de SS Francisco a Chile y Perú, a la cual prefiero no referirme, aprovecharé para volver a proponer un tema que me tiene obsesionado desde hace años y sobre el cual he escrito muchas veces, obviamente sin éxito alguno.-
Vivimos en la Argentina, aproximadamente, 42 millones de personas, de de las cuales un 30% se encuentra bajo la línea de pobreza; en consecuencia, podemos considerar que aquí hay menos de 30 millones de potenciales consumidores. Si nos comparamos con Brasil, por ejemplo, que ha duplicado su población en 50 años y hoy cuenta con 210 millones de habitantes, o con China o India, donde hay muchos miles de seres humanos, resulta fácil comprender que, entre nosotros, no puede florecer ninguna industria que necesite gran escala para vender su producción a precios competitivos.
Por ello, resulta necesario preguntarnos qué debemos hacer para abrirnos al mundo, lograr venderle lo que fabricamos y, sobre todo, cómo permitir a todos nuestros conciudadanos acceder a esos bienes, cuando otros países los ofrecen a valores sensiblemente inferiores. La receta es tan elemental y conocida que resulta raro que aún no la hayamos aplicado.
La persistente falta de seguridad jurídica y, hasta hace poco tiempo, también cambiaria, retrae a los capitales a la hora de poner dinero en las empresas (decían: “aquí uno se entera si es rico o pobre por los titulares de los diarios del día siguiente”). Una de las consecuencias más graves de la falta de inversión, local o externa, es que el sector privado no puede absorber el millón de personas que sobran en el Estado entre sus tres niveles y, con ello, impide resolver uno de los problemas más nefastos de nuestra economía: el gasto público desmesurado.
Esa posición de los industriales fue razonable durante muchos años y, aunque la realidad está en un fuerte proceso de cambio, todavía no conseguimos suscitar la confianza necesaria para que la tan soñada lluvia de inversiones se concrete, salvo en el transporte aéreo y las energías renovables. Pero también es verdad que ellos no han conseguido, salvo en contadísimas excepciones, lograr que sus productos tuvieran características de singularidad que los hicieran apetecibles en los mercados consumidores externos, ya que la industria local puede ser descripta como ‘común’ y, sobre todo, poco competitiva.
Las asociaciones industriales, que pretenden continuar viviendo en una economía cerrada, con protecciones que les garanticen cazar en el zoológico o pescar en la bañadera, deben dejar de vendernos los productos “caros” (no se justifica el precio) y pasar a exportar objetos “costosos” (precio alto justificado por la calidad o la exclusividad) para competir con Italia, con Francia, con Gran Bretaña, con Estados Unidos, etc.. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo: como hemos visto, no tenemos un mercado interno de suficiente envergadura como para sostener una industria que produce bienes escasos y ‘comunes’, y no podrá competir nunca con las empresas textiles de otras geografías ni con las fábricas de calzado que producen para cientos de millones de personas.
Entonces, ¿para qué seguir, como se ha hecho desde hace más de 60 años, protegiendo a las industrias locales con medidas proteccionistas que nos impiden a todos vestirnos o calzarnos a precios más bajos? Lo que debemos hacer es comenzar a fabricar productos de excepcional calidad, sin importar el precio. Italia e Inglaterra carecen de grandes rebaños bovinos y, sin embargo, son países reconocidos mundialmente por la calidad de sus productos de cuero; y Suiza y Bélgica carecen de cacao, pero son los mejores fabricantes de chocolate del mundo.
Si vamos a continuar protegiendo a la industria nacional, hagámoslo sólo durante un breve lapso que deberá usar para reconvertirse y ser capaz de competir, de igual a igual, en los mercados de gran lujo y, por ello, reducidos. Si los cueros argentinos son los que llegan a los países mencionados para ser allí curtidos y trabajados, ¿por qué no hacerlo aquí?, ¿la tecnología no está disponible o nuestros operarios no son capaces? Lo mismo ocurre con la industria de la moda, en la cual Buenos Aires sigue siendo un atractivo faro en Latinoamérica. El diseño y la calidad de nuestros tejidos son reconocidos mundialmente y, sin embargo, no jugamos en uno de los mercados más interesantes por la relación costo-beneficio.
No recuerdo que los buenos fabricantes de zapatos italianos o ingleses, o los diseñadores de moda franceses reclamaran subsidios o restricciones a la importación; ni siquiera que protestaran por las imitaciones baratas que se venden en la calle. Cuando Ferragamo o Bally o Church’s o Dior o Louis Vuitton ofrecen su mercadería a cifras siderales no están tratando de inundar mercados con sus productos, sino llegar con ellos a la gente que está dispuesta a pagar sumas muy importantes por usarlos. Sabemos que los relojes ‘de goma’ dan la misma hora y valen pocos dólares; sin embargo, miles de personas están dispuestas a pagar muchísimo por relojes ‘de marca’.
Por lo demás, tengo la más absoluta seguridad de que, si la UIA usara esta receta, pronto los argentinos viviríamos mucho mejor. Y digo esto porque, por cuidar a los trabajadores de la industria textil o la del calzado (ésta ocupa 50.000) que, por lo demás, conservarían su empleo en las fábricas de excelencia, se impide a los más pobres comprar camisetas chinas a $ 50 o zapatillas brasileñas a $ 200. En una palabra: no se trata de cerrar industrias o de discutir la distribución mundial del trabajo, sino sólo de cambiar el perfil de nuestros productos. Espero que, alguna vez, tanto la industria cuanto el Gobierno escuchen, ya que el apoyo a esta transformación debería convertirse en una verdadera política de Estado, indispensable para corregir muchos de los males aquí descriptos.
En otro orden de cosas, el decreto de Mauricio Macri que reglamentó la Ley de Educación modificó la representación de los gremios docentes en la paritaria nacional, otorgando a cada central que los nuclea la misma cantidad de asientos en la mesa. Esa medida afectó gravemente a la CTERA, la confederación de “trabajadores de la educación” (antes llamados “maestros”), con vocación por perpetuar un sistema obsoleto y prebendario que utiliza a los chicos como rehenes, expulsa a los alumnos de los establecimientos públicos y entorpece la gestión del Gobierno para servir a los bastardos propósitos políticos del kirchnerismo destituyente.
Quien más sufrirá los embates de la protesta contra la decisión será, seguramente, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires; pero no hay que preocuparse por ello, ya que María Eugenia Vidal ha demostrado tener el coraje suficiente para enfrentar cualquier situación conflictiva y superarla.
No puedo concluir sin recordar a los integrantes del Poder Ejecutivo una frase que debiera atribuirse a Nicolás Maquiavelo: “en política, los crímenes se perdonan; los errores no”; a quien le quepa el sayo que se lo ponga.
Bs.As., 20 Ene 18
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado - Enviado por su autor
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