Los avances en la normalización de tarifas y la modernización del esquema tarifario organizándolo en formato de red de transporte van en el sentido correcto. Pero no son las autoridades nacionales las que deben tomar estas decisiones y menos financiarlas. Es hora que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, por el conurbano, asuman sus competencias.
El Ministerio de Transporte de la Nación anunció los incrementos programados para el año 2018 en colectivos, trenes y subtes de la región metropolitana. En el caso de los colectivos, la tarifa básica pasará gradualmente de $6 a $10 en junio. En los trenes pasará de $4 a $6,75 y en algunas líneas el incremento será de $2 a $3,25. El subte lo hará de $7 a $12,50.
Una innovación que se introduce en el diseño tarifario es la articulación de los tres tipos de transporte en un mismo instrumento de pago (la tarjeta SUBE). Esto permitirá que una persona que use colectivos, trenes y subtes dentro de las 2 horas que tome el primer medio de transporte tenga descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% en los viajes subsiguientes hasta 5 viajes. Este es un esquema muy utilizado en los países avanzados donde la finalidad es incentivar el uso del sistema público de transporte por encima de la movilidad en vehículos particulares.
Las medidas, además de mejorar los servicios, ayudan a reducir los subsidios económicos y, con ello, contribuir al equilibrio fiscal. De todas formas, no resuelve un tema institucional central que es el de las competencias. Según datos de ASAP a noviembre del 2017 los subsidios al transporte que financia la Nación ascendieron a $70 mil millones de los cuales:
Unos $37 mil millones fueron a pasajes de colectivos fundamentalmente de la región metropolitana.
Otros $29 mil millones fueron a trenes de la región metropolitana.
Esto significa que el 95% de los subsidios nacionales van a la región metropolitana.
Estos datos muestran la enorme magnitud de recursos nacionales usados en beneficio del área metropolitana y explican el hecho de que las tarifas en Buenos Aires sean sustancialmente más bajas que en el resto del país, aun considerando los aumentos anunciados. Se trata de una irritante discriminación contra los más de 2.000 centros urbanos que tiene la Argentina. Por eso, si bien los anuncios van en el sentido correcto cabe advertir que quién debe tomar estas decisiones, financiarlas, ejecutarlas, monitorearlas y perfeccionarlas son las autoridades locales y no el gobierno nacional.
La distorsión es una herencia de la transferencia inconclusa de los servicios luego de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el año 1996. Como ocurre en el resto del país, donde los servicios públicos son responsabilidad de los gobiernos sub-nacionales, debería CABA en coordinación con la Provincia de Buenos Aires asumir enteramente el financiamiento, la regulación y la gestión del transporte en la región metropolitana. Sólo a modo de ejemplo, CABA y la Provincia de Buenos Aires podrían constituir un consorcio como es el “Metro” de Washington donde el Distrito de Columbia y los estados de Virginia y Maryland conforman un consorcio llamado “Autoridad de Transporte del Área Metropolitana de Washington” para planificar, financiar, desarrollar y operar la red de transporte de la capital de Estados Unidos. Esto es lo que evita que el presidente de Estados Unidos tenga que ocuparse de los temas del transporte urbano de Washington.
Concluir con la transferencia de todos los servicios públicos de la región metropolitana es una reforma institucional de alta trascendencia. Por un lado, libera al Ministerio de Transporte de la Nación de tareas de “intendente”. No es una cuestiona menor cuando el desarrollo del país necesita con urgencia construir autovías en las rutas nacionales, modernizar las hidrovías, mejorar la eficiencia de los puertos, revitalizar el transporte ferroviario de carga y desarrollar una densa red de vuelos de bajo costo que una los diferentes destinos del país sin tener que hacer escala en Buenos Aires. Por otro lado, disminuye los riesgos y las tentaciones de que futuros gobiernos hagan demagogia en beneficio de la región metropolitana usando fondos y funcionarios nacionales, como ocurrió en la gestión pasada.
El Consenso Fiscal corrigió la discriminación que sufría la Provincia de Buenos Aires como consecuencia de la no actualización del tope en el Fondo del Conurbano. Pero para que esto no derive en una injustica contra el resto del país es fundamental que la Provincia de Buenos Aires y CABA se hagan cargo de los servicios públicos del área metropolitana.
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