Riachuelo: los acuerdos firmados por la Ciudad para urbanizar villas tienen baja ejecución

Según la Auditoría porteña, de 11 convenios, solo uno finalizó; otros seis están en marcha, tres en vías de rescisión y del restante no se obtuvieron datos. El plan de regularización dominial y relocalización preveía acciones para 17 mil familias. Hay “debilidades de control interno” y falta de rendición de fondos nacionales por más de $ 20 millones.
De los 11 convenios firmados por la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante el plan de Urbanización de Villas y Asentamientos del Riachuelo, solo uno finalizó; situación que llevó a la Auditoría General porteña (AGCBA) a remarcar el “bajo nivel de ejecución” de los compromisos asumidos por la Capital -en 2010- para mitigar la situación de las familias que viven en las inmediaciones del curso de agua.
El informe aprobado este año, a partir de datos del primer semestre de 2013, sobre la participación del Gobierno porteño en el Plan Integral de Saneamiento del Riachuelo (PISA), contiene observaciones relacionadas no solo a la regularización dominial y a la relocalización de los habitantes de la zona, sino también a la ejecución presupuestaria de estas tareas.
En ese sentido, la AGCBA recuerda que en 2010 la Ciudad de Buenos Aires suscribió un acuerdo general con el Estado nacional y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), para llevar adelante -y en forma conjunta- elplan de Urbanización de Villas y Asentamientos ubicados a la vera del río y destinado a 17.711 familias.
Ese compromiso “marco” incluía 11 convenios particulares y mediante ellos, elGobierno porteño recibía fondos de Nación, que debían rendirse a través del Instituto de Vivienda local (IVC).
Además del único convenio finalizado al momento de la auditoría, se observaron otros seis que estaban en marcha, tres en vías de recisión, y del restante no pudo obtenerse ningún tipo de información.
En detalle
Con respecto a los seis convenios en ejecución, la AGCBA descubrió que“solamente dos registran avance de las obras certificados”.
Se trata del convenio pensado para construir 780 viviendas en las Villas 21-24, Cartón y en el Asentamiento Magaldi, (zona Avenida General Paz y Castañares). Para desarrollar esta parte del plan, la Ciudad recibió del Ministerio de Planificación de la Nación unos $ 5.230.451. La investigación reveló que, de ese total, “se certificaron y rindieron $ 4.152.822”.
El otro acuerdo (461/2011) se inició para construir 54 viviendas, más su infraestructura interna, en las Villas 21-24 y la 26 (Lacarra 2049). En este caso, las transferencias nacionales ascendieron a $ 10.179.138, de los que se certificaron y rindieron mediante el IVC unos $ 8.557.649.
En cuanto a los cuatro acuerdos con actas de inicio, pero sin certificación de avance, la Auditoría explicó que son planes para la edificación de un total de 253 viviendas, distribuidas, por un lado, en la zona de Veracruz 3459(16 casas más infraestructura interna); Valparaíso 3564 (48 unidades), ambas de la Villa 21-24; y por el otro, en Luzuriaga 837 (125 casas) y San Antonio 721 (64 casas), estas últimas en la Villa 26.
Sobre los emprendimientos de la Villa 26, los técnicos de la AGCBA detallaron que ambos tienen acta de inicio fechada al 15 de julio de 2011, pero en el caso de Luzuriaga “se aprobó un nuevo plan de trabajo y cronograma de desembolsos”, mientras que en San Antonio “se ejecutó el 25% sin certificación. El IVC propone cerrar el convenio con lo transferido y reformular el proyecto”, expresa la investigación.
Como ya se dijo, los auditores encontraron que tres convenios estaban en vías de recisión: son los destinados a edificar -en distintas etapas-, 320 viviendas más infraestructura en el barrio Ribera Iguazú, también de la Villa 21-24.
Dice el informe que “de estos tres convenios, hay dos que recibieron transferencias”, que suman casi $ 18 millones. A pesar de los montos en cuestión, la Auditoría afirmó que “no se realizaron las rendiciones correspondientes”, y añadió: “Según lo informado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, esta situación se debe a que el Directorio del IVC -en la sesión del 28/06/2013- tomó la decisión de rescindir el contratocon la empresa encargada de la obra (Tawer S.A.), y se encuentra –al momento del relevamiento- en proceso de realizar de una nueva licitación para la consecución de las tareas, razón por la cual no se han registrado las mencionadas rendiciones”.
Al margen de esta explicación, el total de los fondos no rendidos por la Ciudad asciende a $ 20.684.803.
Para completar el cuadro, la AGCBA destacó que no pudo obtener información sobre el convenio 1305/2011, pensado para construir 29 viviendas en la zona de la calle Hubac al 4700, Villa 21-24.
Control interno
Por otra parte, la Auditoría señaló que en junio de 2012 la Ciudad de Buenos Aires decidió asignar el código “60 ACUMAR” a todas las acciones vinculadas a las tareas de saneamiento del curso de agua, para que queden identificadas en el presupuesto de gastos del año siguiente.
Sin embargo, en el informe se explica que el Presupuesto de la Ciudad para 2013 “no contó con un código único y unificado de identificación de las partidas presupuestarias, situación que obligó al equipo de auditoría a recurrir a distintos procedimientos para determinar la inversión realizada”. Además, generó particulares dificultades para la identificación -de los desembolsos- en los Ministerios de Desarrollo Económico y de Ambiente y Espacio Público”.
De hecho, el informe llegó a contar “59 acciones vinculadas al Plan de Saneamiento Ambiental de las cuales sólo 34 (57%) tenían el ‘código 60 ACUMAR’”.
Embrollo administrativo
La Auditoría reconoce que llegar a la identificación de las 59 acciones “requirió un proceso de conciliación de distintos ítems presupuestarios”, porque se encontraron 75 ítems imputados correctamente al código 60 y otros 41 con identificación “código 60 ACUMAR”, que justamente no correspondían a esa categoría.
Esas 41 acciones “sumaban casi 289 millones de pesos, e involucraban a la Ministerios de Desarrollo Urbano, Salud y Desarrollo Económico. Finalmente, los auditores sumaron 25 actividades que si bien no tenían código ACUMAR, sí correspondían a actividades del Plan Integral de Saneamiento (PISA)”, enumera el informe.
Hay más. A las 59 acciones deben sumarse otras 57 que corresponden a las empresas Autopistas Urbanas S.A. y a la Corporación Buenos Aires Sur, que utilizan una contabilidad propia.
Es decir que, en conjunto, se contaron 116 acciones, que dan una inversión total para el primer semestre de 2013 de $ 161.741.811,11.
“Este importe es el aprobado por ACUMAR como acciones del Gobierno de la Ciudad relacionadas con el PISA”, aclara la AGCBA, y completa: “Por otra parte, el Estado porteño informa una inversión general a la misma fecha de $ 596.284.875,76, porque incluye (en ese monto) aquellas obras y servicios que, si bien se prestan en la zona de influencia de la Cuenca y contribuyen al Plan, no son estrictamente previstas en el PISA”.
Superar debilidades para mejorar la gestión
A partir de estos hallazgos, la Auditoría concluyó que “si bien se avanzó en la identificación de acciones que integran el PISA bajo un código único dentro del Presupuesto 2013 de la Ciudad, aún se han reflejado las insuficiencias del control interno en las distintas áreas, sumado a que no fueron tomadas en cuenta todas las Acciones con Asignación Específica Sancionadas al momento elaborar el monto de inversión, lo que pone de manifiesto debilidades que deberán ser superadas en beneficio de mejorar la gestión del Plan” por parte del Gobierno porteño.

FUENTE: Publicado en elauditor.info - http://www.elauditor.info/posts/show/6179