| Los distintos actores del mercado energético tras soportar un largo período de tarifas rezagas y, congeladas en el último año, con costos superiores que se dan en el período de mayor inflación de los últimos 12 años, consideran la recomposición tarifaria resulta inevitable en cada jurisdicción. |
Por: Aldo Norberto Bonaveri
Las tarifas de servicios públicos, constituyen sino la más, una de mayores distorsiones de la economía Argentina; existe un retraso elocuente a partir del 2003, con períodos prolongados de congelamiento en dicho lapso, profundizándose su desnaturalización en los últimos años, habida cuenta la aplicación de mínimos reajustes, en un marco de alta y creciente inflación. El caso más elocuente es el de la energía eléctrica.
Esta situación ha pretendido ser solventada desde el Gobierno nacional, con una maraña de subsidios; los que como cualquier otro resorte que dispone el Estado de naturaleza excepcional, pueden ser recursos válidos para determinada coyuntura y destinatarios que realmente lo ameriten. Caso contrario, y tal como está ocurriendo en nuestro país, utilizarlos sin solución de continuidad se genera un círculo vicioso, del que cada vez en más difícil salir, pero que es necesario revertir, pues sus consecuencias se tornan cada vez son más onerosas, fundamentalmente por cuanto desvirtúan la realidad, con las derivaciones que traen implícitas.
Si bien la crisis energética Argentina no debe ser totalmente atribuible a la persistencia de los subsidios, su perdurabilidad e indiscriminación es un factor importante, que trasciende al sector incidiendo en diferentes variables de la economía; ocasionando un deterioro gigantesco en las arcas públicas, visible disminución en la calidad del servicio, repercutiendo directamente sobre los actores del sistema, pero también ulteriormente sobre un alto porcentaje de los supuestamente beneficiados.
En gran medida las desventuras energéticas gravitan negativamente en la abultada emisión monetaria, lo que a la postre resulta un factor preponderante de la indómita inflación. La política de subsidios trajo aparejada la destrucción de los mercados mayoristas de energía, desacoplando los precios que paga la demanda de los que percibe la oferta.
La falta de rentabilidad paralizó inversiones de las grandes prestadoras, lo que se traduce en cortes reiterados de suministro eléctrico, ocasionando a los usuarios cuantiosos trastornos y pérdidas, tal como se puede verificar a través de las pantallas de televisión.
Actualmente la desinversión supera los 2.000 millones de dólares. Oportuno es indicar que hasta el 2010 las distribuidoras de la Capital Federal y Gran Buenos Aires exhibieron balances anuales equilibrados operativamente, pero a partir de entonces el resultado negativo ha crecido exponencialmente. Los subsidios solo han permitido que se continúe prestando el servicio, pero con deterioro y falta de confiabilidad. Cabe consignar, que en el área metropolitana en los últimos 10 años el costo de los subsidios se acrecentó un 400% y las tarifas solo incrementaron un 10 %, ello se refleja claramente en el último balance de las prestadoras: Edesur acusó deuda por u$s 800millones y Edenor u$s 1.000 millones Dicho en otras palabras, por estos días dichas distribuidoras tienen un quebrando de $ 2.500.000 diario.
Conforme a los contratos de concesión Edenor y Edesur operan actualmente con tarifas del orden de una décima de los valores establecidos. Cabe preguntarse cómo no han ido a la quiebra y, aún siguen prestando el servicio; la respuesta está en que el Gobierno (o mejor dicho todos los argentinos) viene haciéndose cargo de los sueldos y el suministro energético administrado por CAMESA.
Ya que del área metropolitana nos estamos refiriendo, cabe señalar la tremenda injusticia en la que estamos inmersos los habitantes del interior, en esta zona los costos a los usuarios son hasta 5 veces más bajos que en la mayoría de las localidades del país, razón por la cual el subsidio allí reviste una magnitud tan insólita como irracional.
Para entender la realidad, es dable destacar que en el presupuesto de gastos y recursos del 2014, estaban previstos para todo el año por el Ministerio de Planificación $ 42.285millones, empero el 97% de ese monto $ 40.885 millones de pesos, fueron devengados al 30 de julio, con lo que proyectado se estaría cerca de duplicar las previsiones.
Mediante el retraso tarifario se disimularon la incidencia de distintas variables de la economía, el valor ficticio hizo que los índices del costo de vida en estos años no expresara toda su dimensión; factor que a priori puede resultar beneficioso para el usuario, pero a la larga concluye en una quimera de difícil interpretación.
Al respecto cabe hacer algunas consideraciones: estimulados por un costo real de la energía cada vez menor, el consumo aumentó en forma desproporcionada, lo que además de impactar en el usuario cuando se normalicen, significa una pérdida adicional para el Estado en tanto debe recurrir a importarla, (lo que cada vez sucede más a menudo), pagando por ella más del doble de los valores internos. Por otra parte, cabe consignar que los más favorecidos con estas tarifas subsidiadas han sido las personas de mayores recursos, puesto que los humildes no tienen consumos energéticos suntuarios, destinando el grueso de sus ingresos en comestibles e indumentaria que se mueven al ritmo de la implacable inflación.
Sin duda alguna desactivar los subsidios no será una tarea sencilla, es menester obrar gradualmente, con un plan concreto y sustentable; al respecto deben establecerse metas claras y plazos concretos. El objetivo tendrá que ser alcanzar en determinado tiempo el sinceramiento de costos y las sustentabilidad del sistema. Naturalmente que esta readecuación requiere ser completada en otro paradigma económico, que aproveche plenamente las oportunidades y potencialidades que cuenta el país.
El atraso tarifario afecta a todas las prestadoras, independientemente de las diferencias propias de cada caso e índole de la entidad proveedora. A manera de referencia, en marzo del corriente año, se conoció un listado con la mora que registraban en enero con CAMESA las empresas más grandes; por entonces las deudoras que encabezaban la nómina eran: Edenor con $ 2269 millones, Edesur, $ 1656 millones. Tercera se ubicaba EPEC, la empresa provincial de energía de Córdoba, ocupando también en la lista saldos preocupantes: Edemsa (Mendoza), DPEC (Corrientes), Edelap (La Plata), Electricidad de Catamarca, y Edelar (La Rioja).
Incumbe señalar que las mencionadas empresas prestadoras adquieren la energía en el sistema interconectado nacional que administra CAMESA, siendo las principales empresas generadoras: Endesa, Sadesa, Duke, Pampa y AES (las producen energía eléctrica entregada a las redes de alta tensión para luego pasar a distribuidoras). Estás en mayo de este año, mediante la resolución 529/14 de la Secretaría de Energía, recibieron subas entre el 20 y 100% (promedio 40%) dependiendo si las centrales utilizan tecnología turbo gas, turbo vapor, ciclo combinado o hidroeléctrica. Los fundamentos de la disposición se relacionan con una recomposición de ingresos vinculados a mayores costos fijos y variables por potencia entregada al sistema. Independientemente de la actualización tarifaria las generadoras aducen acreencias vencidas que superan los u$s 100 millones.
Casi simultáneamente el Gobierno Nacional forzó un acuerdo de convergencia tarifaria con los gobernadores provinciales. Con el argumento de brindar señales de estabilidad en torno a los precios de la energía a nivel nacional, promovió el alineamiento de los esquemas tarifarios con parámetros comunes en todo el país; y avanzar con la quita de subsidios previa identificación de los sectores que deben permanecer protegidos.
El instrumento suscripto por la Casa Rosada y los gobiernos provinciales, contempló retrotraer las tarifas eléctricas al 31 de diciembre de 2013 y, mantenerlas sin modificaciones por todo el 2014. En compensación por el congelamiento tarifario, las empresas provinciales podrían ejecutar obras tendientes a mejorar la eficiencia de la prestación del servicio de energía eléctrica, con el objeto de eliminar los puntos de saturación del abastecimiento y las pérdidas de la red; inversiones que deberían ser financiadas por el Estado nacional, a través del Fondo Unificado previsto por la Ley 24.065 (de Energía Eléctrica)- y cuyo valor total se estimaba superior a los $ 4.000 millones.
El convenio representó un esfuerzo financiero mayúsculo para las provincias y las cooperativas, no obstante según aseveraron diferentes gobernadores, tales como los de Córdoba y Santa Fe) incumplido por el Gobierno central, en lo concerniente a las moras incurridas en los envíos de los fondos nacionales comprometidos para las obras. En el caso concreto de Córdoba, de los $ 160 millones acordados, el Gobierno nacional sólo desembolsó $ 15 millones; en consonancia con ello las cooperativas recibieron de la provincia un porcentaje equivalente sobre el proyectado.
Como no puede ser de otra manera, los distintos actores del mercado energético tras soportar un largo período de tarifas rezagas y, congeladas en el último año, con costos superiores que se dan en el período de mayor inflación de los últimos 12 años, consideran la recomposición tarifaria resulta inevitable en cada jurisdicción. En tal sentido, la EPEC programa un aumento promedio del 28,9% en la tarifa eléctrica de los consumidores residenciales, para ser aplicado a comienzos del año entrante.
Días pasado el gobernador de Corrientes advirtió que si se quitan todos los subsidios, en esa provincia el aumento tarifario podría alcanzar al 300%.
Tanta anormalidad es la consecuencia directa de la subrepticia forma de manejar la realidad y, postergar recurrentemente la regularización y sustentabilidad del mercado energético. La ilógica producida da lugar a grandes prestadoras que no pagan sus consumos, pero no que no pueden ser intimadas, porque automáticamente estarían imposibilitadas de seguir funcionando. En el caso de las empresas provinciales, los déficits mayúsculos que acumulan desvelan a gobernadores y, constituyen un problema insoluble para las arcas de esos estados. Basándonos en la experiencia, no es muy difícil suponer que a la postre, los desajustes terminarán siendo financiado por los contribuyentes a través de nuevos impuestos y/o, soportados por la comunidad toda por el aplazamiento de obras públicas esenciales.
El retraso tarifario aqueja igualmente a las cooperativas eléctricas, con la diferencia que éstas no cuentan con la posibilidad de prorrogar el pago de los servicios recibidos; las obligaciones con las empresas provinciales que le distribuyen el fluido son exigibles en tiempo y forma.
Seguramente el lector desprevenido tendrá alguna dificultad para entender lo mencionado en el párrafo anterior, por lo que corresponde detenerse a efectuar las explicaciones pertinentes.
Si bien la compra de energía que realizan las cooperativas a las empresas provinciales reflejan en su facturas los subsidios percibidos, como así el congelamiento tarifario imperante, los gastos operativos (salarios, combustibles, insumos, etc.) marchan al son del incesante aumento de precios; de igual modo ocurre con las reposiciones indispensables en materia de infraestructura, a los efectos de garantizar el servicio eficiente. Siendo relevante destacar que producto del referido atraso tarifario, el valor porcentual del fluido eléctrico es cada vez menos significativo en el total de los costos de explotación.
No obstante, lo más trascendente de señalar son las inversiones que imprescindiblemente deben preverse y, que como consecuencia de la descapitalización que están experimentando la mayoría de las cooperativas eléctricas, en muchos casos se han reducido ostensiblemente, cuando no discontinuadas. Este peligroso proceso, que no es neutro para ninguna entidad, afecta principalmente a las cooperativas más chicas.
Es menester aclarar, que al hablar de inversiones imprescindibles no me estoy refiriendo a crecimiento real, sino a las necesarias amortizaciones que cada consejo de administración debe proyectar en el tiempo, para asegurar la eficiencia y sustentabilidad del servicio. Ejemplo: Se considera que una línea eléctrica urbana tiene una vida útil de 20 años promedio, con períodos diferenciados para sus distintos componentes (postación, conductores, transformadores, etc.).
Va de suyo que es totalmente inviable pensar en reunir los recursos ante cada reposición; en consecuencia y, tal como ha sido una constante en las cooperativas bien administradas, la solución pasa por una recaudación armónica cuantificada en la facturación mensual. Algo que resulta impracticable ante la situación imperante.
Es imperioso que esta ecuación perversa se revierta, porque de lo contrario más temprano que tarde van a producirse colapsos en las entidades imposibilitadas de provisionarse. Al respecto es menester tener en cuenta que para las cooperativas, no tienen los “resortes” de aplicar impuestos, ni transferir los costos tal como suelen hacer los estados. Si bien por las razones antes apuntadas el resarcimiento deberá ser paulatino.
En el caso concreto de la Provincia de Córdoba, las cooperativas nucleadas en Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada “FACE” y Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia Córdoba “FECESCOR”, a través de estas y cumpliendo a pie juntilla con todos los requisitos exigidos por el Ente Regulador de los Servicios Públicos “ERSeP”, se presentaron la semana pasada con las correspondientes fundamentaciones a la Audiencia Pública celebrada en la docta, solicitando un ajuste tarifario que contemple la evolución de precios en la Argentina, poniendo énfasis en las variables que inciden con el servicio en cuestión.
La justicia del reclamo, como las razones expuestas hace prever una resolución favorable, la que seguramente se implementará en diferentes tramos durante el 2015
DESDE PREGON AGROPECUARIO http://www.pregonagropecuario.com/cat.php?txt=5928#IeCOKjzrwWRcWhQI.99
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