Por Agustina McWhite *Para algunos resulta satisfactorio el hecho de cederle el lugar a un anciano en el colectivo; en las salas de esperas; en alguna fila, en la caja del supermercado; puesto que, además de ser un acto de educación es un acto de solidaridad y gratitud porque sencillamente el señor o la señora que hoy pinta canas y le cuesta quizás estar de pie, ha contribuido y servido al país durante toda su vida: ha realizado aportes continuamente año tras año y casi obligatoriamente. Mientras que para otros, no, no es importante el bienestar del viejo, pues ya hizo su deber y ya no puede entregar más nada, no se lo puede exprimir más, como es el caso del Estado argentino o mejor dicho, del otro poder: la Justicia.
Los jubilados en el país cobran una cifra que oscila en 3 mil quinientos pesos la mínima (siendo que el billete de mayor nominación es de cien pesos). Es decir que ínfimamente una persona que ha realizado aportes durante casi sesenta años, sólo cobra treinta y cinco billetes de cien pesos por mes. Es una cifra desesperante y sarcástica, pues poco se puede comprar con la altísima inflación que hay en Argentina.
Mientras los jubilados se la pasan hilando fino en sus cuentas mensuales: buscando los mejores precios en los supermercados y gastando menos de la cuenta para poder llegar a fin de mes, las personas que han cometido un ilícito, quienes han puesto punto final a la libertad de propiedad privada de algún ciudadano ya sea por robar, violar o asesinar (o todas juntas y a la vez), gracias a la buena predisposición y voluntad de la Cámara de Casación Penal y la presión que ejerce el Sindicado de Presos, la Justicia sentenció que las personas privadas de su libertad en lugar de ganar 22 pesos por hora por realizar trabajos dentro de la cárcel, deberán cobrar unos 4 mil cuatrocientos pesos por mes, que es el salario mínimo vital y móvil, (smvm).
Pero la fiesta no termina allí, sino que además de llegar a cobrar el smvm, también tendrán los derechos laborales de un trabajador que no está recluido en una prisión o sea, un trabajador en libertad, estos derechos son: aguinaldo y vacaciones, o en su defecto, éstas últimas: que se las paguen.
El problema quizás no sea si el preso debe o no debe tener un salario y de cuánto es esta cifra, (pues eso corresponde al pensamiento de cada uno), el problema real es que es un bochorno, una pusilanimidad colosal y siniestra el hecho de que una persona que ha delinquido gane más que una persona que ha hecho todo lo contrario: ha entregado parte de su dinero, mes a mes, año a año, para, en teoría, poder pasar una vejez como corresponde, digna. ¿Con qué parámetros se establece que un preso tiene más dignidad que un jubilado?, creo fervientemente que con ninguno.
Es exactamente lo mismo que sucedió con Gastón Aguirre, el motochorro que quiso asaltar a un turista canadiense a punta de pistola y no lo logró, pero que se paseó por todos los programas de televisión para contar su apenada y desgraciada historia para justificar el hecho de haber salido a delinquir. Para justificar el medio: salir a robar con el fin de obtener dinero para el cumpleaños de su hijo. Y por si fuera poco y como una burla cruel, la agrupación militante “La Cámpora” le asignó un subsidio. Y ahí vamos de nuevo.
Será necesario, otra vez, volver a preguntarnos sobre la ética y el sentido común de las acciones que realizamos; no por buenos, sino por justos; puesto que esta vez, la justicia falló en contra del más débil y en el más amplio sentido de la palabra: sí, aquel que casi no puede caminar o lo hace con ayuda de un bastón. Asimismo, los populistas deberían escribir no una sino mil veces: “no debo” ya que ante el vicio de pedir existe la virtud de no dar.
* Periodista
Publicado con la autorizacion de su autora
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