Récord de gasto público cercena el progreso

El gobierno nacional acordó con las provincias actualizar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Se trata de una herramienta que en su momento se estableció para promover austeridad y transparencia en la gestión pública pero que perdió eficacia por las excepciones que se le fueron aplicando en los últimos años. Las reformas acordadas tratan de restablecer el espíritu original de la ley, aunque su contenido es insuficiente para enfrentar los enormes desequilibrios acumulados.  El gobierno nacional y las provincias anunciaron el acuerdo para dictar una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Con este consenso se espera facilitar el tratamiento en el Congreso y la posterior adhesión de cada jurisdicción. El objetivo declarado es inducir a que en los tres niveles de gobierno se tienda a una administración más transparente y austera del gasto público. Para ello, se fijan límites al crecimiento del gasto público, el empleo y el endeudamiento y reglas para la publicación de información sobre las finanzas públicas. La Ley de Responsabilidad Fiscal originalmente fue puesta en vigencia en el año 2005, pero a partir del año 2009 las reglas fueron relajadas al punto que se diluyó su operatividad. El argumento utilizado en ese momento para justificar las excepciones fue afrontar las consecuencias de la crisis internacional. La crisis pasó rápidamente, pero el relajamiento en la administración del gasto público se mantuvo. Con las reformas acordadas ahora se procura restablecer el espíritu original que inspiró en su momento la ley. Para evaluar la eficacia de las reformas consensuadas resulta pertinente tener en cuenta la dinámica que muestran las finanzas públicas en los tres niveles de gobierno en los últimos años. Según datos del Ministerio de Hacienda entre los años 2005 y 2015 se observa que:  El gasto público nacional pasó del 14% al 26% del PBI. El gasto público provincial pasó del 12% al 17% del PBI. El gasto público municipal pasó de 3% a 4% del PBI. Estos datos muestran que lo que prevaleció en la última década fue una enorme irresponsabilidad fiscal. Sumando los tres niveles de gobierno arroja que el gasto público consolidado pasó del 29% al 47%del PBI. De esta forma, el histórico crecimiento de la presión impositiva no fue suficiente para financiar semejante expansión de las erogaciones del Estado. El resultado es un desequilibrio de las cuentas públicas insostenible. El aspecto más negativo de este proceso es que este aumento de gasto público no brindó más y mejores servicios del Estado. Los resultados educativos, sanitarios, en materia de justicia y seguridad y servicios básicos en general muestran un severo deterioro. Las reformas acordadas sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal van en el sentido correcto. Sin embargo, resultan insuficientes para devolver sustentabilidad a las finanzas públicas, aun cuando todas las jurisdicciones se ajusten estrictamente a las pautas previstas. Esto implica que se seguirá dependiendo del endeudamiento público para cubrir los desequilibrios fiscales y que las posibilidades de eliminar, o al menos reducir, los impuestos más distorsivos son remotas. En el mejor de los casos habrá una promesa de reforma futura sujeta a que el crecimiento económico genere espacio para la reducción de impuestos. Mientras tanto se seguirá conviviendo con altos y distorsivos impuestos que cercenan la producción y la generación de empleos y apostando a que los mercados financieros sigan financiando la parte del gasto no cubierta con impuestos. El problema de fondo es el desbalance en la percepción que tiene la población sobre la administración del gasto público. Las medidas tendientes a manejar con austeridad el gasto público, en general, motivan rechazo argumentando que tienen asociados costos sociales. Se pasa por alto que mantener los desajuste fiscales genera costos sociales más elevados. A modo de ejemplo, es muy común exagerar el impacto social de los empleos públicos que se dejan de generar por administrar austeramente el Estado y minimizar o directamente ignorar los costos sociales de los empleos privados que se dejan de crear por aplicar impuestos que desalientan la inversión y la producción. El desarrollo social exige un sector público austero y profesional. Para avanzar en esta dirección es fundamental asumir que el gradualismo y la tibieza en el ordenamiento del Estado son una fuente generadora de costos sociales a través de más deuda pública, menos crecimiento y más inflación.