El Presidente se ha referido en más de una oportunidad, a que no debiese ser necesario devaluar la moneda para que los productos argentinos, fuesen competitivos.
De apoco en estos casi dos años de gobierno se fue dando cuenta de todo lo que hace falta modificar para lograr bajar los costos. Al principio, sus funcionarios, tomaron el atajo auto exculpatorio, diciendo que el empresariado argentino no era suficientemente eficiente.
No faltaron las voces que le fueron haciendo saber, que la mayor parte de las ineficiencias, tenían su origen en cuestiones que correspondían al ámbito público, municipal, provincial, nacional y de organismos descentralizados.
También se le hizo saber que existían costos laborales “NO SALARIALES”, que estaban ligados al ausentismo, a la conflictividad laboral personal o sindical.
Terminó entendiendo que estamos atrancados por una red perversa y delincuencial, de juicios laborales, en los que jueces, abogados, médicos y clínicas laborales, se confabulan, para obtener ganancia, no solo sobre las empresas de A.R.T., sino también, requiriendo compensaciones más allá de las previstas por la ley de accidentes de trabajo. Van directamente sobre los empleadores en muchos casos, poniéndolos al borde de la quiebra o del cierre definitivo, cosa que termina ocurriendo no pocas veces.
Pareciese que todo demanda pasar por el congreso, leyes especiales para evitar todos estos procedimientos fraudulentos.
Solo hace falta la voluntad política de iniciar los procedimientos PENALES, para ir por esas verdaderas asociaciones ilícitas dedicadas al fraude, mediante falsedades ideológicas e instrumentales y violaciones de las respectivas éticas profesionales.
Lo mismo ocurre con los aprietes a los comerciantes e industriales, por:
ENTES MUNICIPALES Y SUS INSPECTORES.
ENTES PROVINCIALES Y SUS INSPECTORES.
POLICÍAS LOCALES.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS TIPO ANMAT O SENASA.
Lejos de desarmar estructuras burocráticas, que además de costosas, suelen cobijar en los pliegues de sus faldas, las corrupciones de escala “MINORISTA”.
Los mecanismos que estas actividades parásitas ponen en movimiento, arrancan en la creación de normativas de alambicadas interpretaciones.
Casi todas esas regulaciones, van desde aquellas referidas al envasado de miel hasta la obligatoriedad de grabar números en los automotores, más allá de los que las fábricas ya hacen.
Crean de este modo las denominadas “QUINTITAS”, verdaderos “COTOS DE CAZA” de ciudadanos indefensos.
Sin ser especialistas en jurisprudencia (no hace falta más que lo que se aprende como educación democrática en los libros de la escuela secundaria), advertimos que prácticamente todo ese fachinal de regulaciones, digestos, normativas, leyes, registros, etc., violan principios básicos que sustentan la vida democrática:
1 - DERECHO A DISPONER LIBREMENTE DE LA PROPIEDAD.
2 - PRINCIPIO DE INOCENCIA (No se puede restringir ningún derecho sobre bases presuntivas.)
3 - DERECHO AL TRABAJO Y A EJERCER INDUSTRIA LÍCITA.
Si pasamos todas las regulaciones, por un análisis exhaustivo que las someta a estos principios consagrados por los “derechos y garantías” constitucionales, comprobaremos que prácticamente todas son violatorias de la constitución.
Sobre todo esto, además, se pasa con legislaciones menores por sobre la constitución y los códigos. VIOLANDO LA PIRÁMIDE JURÍDICA: Una norma no se puede sobreponer a una ley y una ley no lo puede hacer sobre la constitución.
La “MÁQUINA DE IMPEDIR”, no solo es costosa por el costo que representa, sino por lo que impide hacer.
Un enorme ejército de burócratas (no todos son corruptos) se dedican a entorpecer a la GENTE QUE TRABAJA.
Paralelamente, ese ejército burocrático, deja de trabajar, en aquello que es su responsabilidad específica. Un ejemplo: Mientras SENASA se dedica a anotar cuánto expeler de girasol lleva un alimento balanceado para novillos terminación, desatiende lo que sucede con las langostas que ya forman mangas en el norte del Chaco y Formosa.
Paso a explicar.
El acto comercial, entre un productor de mezclas alimenticias y su cliente, son hechos del derecho privado. Es un arreglo entre privados y nada tiene el estado que entrometerse a menos que lo solicite una de las partes.
En cambio, el ministerio de agro Industria y sus organismos análogos anteriores, desarmaron la dirección de acridiología, que fue ejemplo en nuestra región y el mundo, combatiendo a la langosta y tucuras. Es así que hoy han vuelto a asolar las mangas. Aún están lejos de nuestras zonas núcleo, pero ya empezaron.
Al país, la burocracia le cuesta un par de puntos del P.B.I., por lo que cuesta y por lo que impide. Sin olvidarnos que el costo que genera siempre termina en el precio de los productos.
En algún momento reclamé que todas las regulaciones o digestos, tuviesen “AUTOR/ES RESPONSABLES”, que pusiesen en riesgo sus matrículas profesionales y que FUNDAMENTARAN LAS REGULACIONES CONSIDERANDO LOS TRES PUNTOS ARRIBA MENCIONADOS.
La ley que ideo el DR. Cavallo, sobre “desregulación”, no recuerdo cuándo fue derogada.
Pero si no lo fue, han seguido pasando por arriba como si no existiera.
Una vez escuché decir que el empleado público, tiene por objeto impedir, obstaculizar y condicionar las libertades ciudadanas, SI TODO ESTUVIESE PERMITIDO, NO TENDRÍAN RAZÓN DE EXISTIR.
EN ESTE TEMA NO HAY “GRADUALISMO” QUE APLICAR.
Es indispensable: Primero, voltear toda legislación restrictiva que incumpla los tres puntos antes mencionados.
Segundo, reemplazar las regulaciones por procedimientos docentes de apoyo a la producción.
Tercero, generar un protocolo, de transferencia de responsabilidad, al ciudadano.
NO SE PUEDE CONCEBIR LA LIBERTAD SIN RESPONSABILIDAD.
A estas tareas, finalmente se dirigirá el trabajo de la Burocracia desocupada.
Si planteamos que “ES DESOCUPADO, TODO AQUEL QUE NO HACE ALGO ÚTIL”, la cantidad de desocupados es pavorosa.
Finalmente ese es el verdadero “COSTO ARGENTINO”.
Ing. Agr. Daniel Carlos Besso - Enviado por su autor
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