Por Arturo Navarro Se está convirtiéndose en inviable la producción en ciertas zonas y determinadas producciones, al no existir seguros agrícolas como hay en otras zonas, especialmente en momentos de total falta de rentabilidad como la actual. La situación actual, limita al estado atender a los productores en tiempo y forma, por falta de una política de estado para cubrir los riesgos agrícolas.
Pregunto a la dirigencia en general del país: ¿Por qué el país no tiene políticas anti cíclicas? ¿Sensatamente siguen pensando que se puede atender los efectos actuales de los eventos climáticos con la desactualizada ley de emergencia agropecuaria? ¿Cuál es el motivo de no querer cambiar por lo menos la dirigencia agropecuaria? Opinión como ex dirigente: no hay que esperar que los productores hagan el reclamo por otro tipo de política, la dirigencia tienen la responsabilidad de adelantarse haciendo docencia de las alternativas que existen en el mundo a la ley de emergencia agropecuaria y proponérsela a sus representados.
Durante todo el año 2014 las mismas zonas del país soportaron inundaciones y sequias durante el mismo año y en determinadas zonas incendios, granizos-piedras y tornados. El mes de enero de 2015 ya mostro la misma tendencia con inundaciones, sequias, granizos, incendios y tornados, motivo por el cual me pareció oportuno insistir con mi propuesta sobre este tema, porque es estratégica para apoyar al productor.
Hace mucho tiempo que vengo lamentando que la Argentina no tenga una política anticiclica para atenuar los riesgos climáticos y comerciales. La idea central de esta iniciativa, que no practicamos, es que los productores tengan una cobertura integral por diferentes riesgos agropecuarios como tienen los países que planifican y diagraman pensando en el largo plazo. España, por ejemplo que estableció dicha política de estado en el Pacto de la Moncloa el año 1978. Hoy también lo tiene Brasil, Colombia y por supuesto EEUU. No le sirve al productor tener un Estado y una dirigencia que sigue actuando como bombero ante cada evento climático.
Los fondos se generan en momentos de excedentes con ingresos extraordinarios, como fue la suba de la soja y/o con un mecanismo permanente de recaudación para poder general una reserva específica, que dispare en forma inmediata y automática los beneficios al productor afectado sin participación alguna de los funcionarios políticos de turno. Debe ser una gestión manejada por técnicos y no por autoridades partidarias.
Hasta ahora, la argentina política ha manejado su relación con el campo bajo un doble supuesto. (a) Si los riesgos se transforman en siniestros son exclusivamente a cargo de los productores, incluso al costo de su propia quiebra, (b) Si el éxito acompaña la gestión de esos productores el Estado participa de las ganancias, no sólo a través de impuestos, sino mediante retenciones exorbitantes. Para que todos lo entiendan: "si hay perdidas no te conozco, si hay ganancias somos socios".
Una política para proteger al productor y a la agroindustria, la más importante y eficiente de la industria de la argentina, debería diseñarse a través de tres instrumentos principales:
1. Ley de Emergencia agropecuaria vinculada a los dos instrumentos siguientes, hasta que sea reemplazada por un sistema superador.
2. Política de seguros privados con incentivos muy agresivos para incentivar un mayor uso que cambie la vocación aseguradora del productor.
3. Creación de un Fondo Permanente por ley para poder atender todos los eventos no previsibles, por lo cual no son asegurables.
Un país que siembra 33 millones de hectáreas invirtiendo 8.500 millones de pesos para su implantación todos los años, para producir más de 100 millones de toneladas de granos manifiesta las siguientes contradicciones: (a) los bancos oficiales siguen dando créditos sin seguro, (b) se sigue vendiendo insumos sin asegurar su cobranza con dicho instrumento y (c) muchos productores invierten sin tomar previsión alguna considerando los riesgos de invertir dicho monto en una explotación a cielo abierto.
Los países que implementaron este tipo de políticas concluyeron que era más barato para el Estado la ejecución de un sistema mixto. Dicho sistema -público y privado- actúa con éxito como responsable de atender en forma directa los efectos de los riesgos climáticos.
Todos los países desarrollados aplican este tipo de políticas activas. Las mismas potencian los intereses del conjunto al conseguirse más altos niveles de producción y exportación; a la vez que aumentan los recursos del Estado para que éste pueda atender en tiempo y forma problemas de índole social. No es casual que esta política para cubrir los riesgos climáticos esté reconocida por la Organización Mundial de Comercio (OMC): con subsidios de hasta el 50% a la prima en los seguros individuales y de hasta el 80% en el seguro colectivo a pequeños productores.
Debemos asumir que con una política de Estado que institucionalice el trabajo sinérgico - público y privado - se podría pasar del actual 60% del área sembrada asegurada, a una mayor cobertura por hectárea, cubrir muchas zonas ausentes de cobertura y especialmente, atender a muchos más pequeños productores que culturalmente no le dan importancia a este instrumento, para asegurarle su continuidad como productor ante los riesgos climáticos.
Al bajar el costo de la prima del seguro por medios de diferentes incentivos se concretará un sistema mucho más solidario como es la estrategia de cualquier política de seguros. Esta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos fiscales. Todo lo contrario: darle previsibilidad al productor implica, finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado.
ENVIADO POR SU AUTOR - http://www.arturonavarro.com.ar/
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