APENAS 1 DE CADA 6 PERSONAS TRABAJA EN UNA EMPRESA FORMAL

Los deplorables hechos ocurridos en las elecciones de Tucumán testimonian la profundidad de la decadencia institucional. Los desmanes visibilizan que las elecciones, un proceso que gozaba de cierta legitimidad como garantía de la democracia, también pasaron a estar desprestigiadas. Suponer que la solución pasa por el voto electrónico es una riesgosa subestimación de problemas estructurales cuya base está en la falta de oportunidades laborales.
Las elecciones en Tucumán, con denuncias de reparto de bolsas de alimentos a cambio de votos, violencia y quema de urnas y modificación de los resultados en el conteo de sufragios, señalan un importante deterioro de los valores democráticos. Para peor, los responsables de la transparencia del acto eleccionario no niegan la ocurrencia de los hechos, sino que los minimizan aduciendo que, de no haber ocurrido, el resultado sería parecido al que surge luego del fraude. El proceso eleccionario, uno de los pocos ámbitos que conservaba legitimidad desde el retorno a la democracia, también ha quedado desprestigiado.
La manipulación de personas y el fraude electoral tiene varias causas. Pero una de importancia decisiva es la falta de oportunidades laborales. Cuando a la gente se le niega la posibilidad de ser artífices de su progreso personal se genera un estado de vulnerabilidad y dependencia fácilmente aprovechable por un caudillo político. En Tucumán, por ejemplo, sólo el 14% de la gente en edad de trabajar tiene un empleo asalariado privado formal. El resto vive del empleo público, del trabajo informal o del asistencialismo.
¿La falta de oportunidades laborales de calidad es exclusiva de Tucumán? Según la Encuesta Nacional de Hogares Urbanos del INDEC se observa que:
El 16% de la población en edad de trabajar de todo el país declara tener un empleo asalariado registrado en una empresa privada.
En las provincias del norte argentino este indicador se reduce a 9%.
En el resto del país el indicador sube a 20%.
Los datos oficiales muestran que la insuficiencia de empleos asalariados privados de calidad es muy generalizada. Apenas 1 de cada 6 personas en edad de trabajar tiene un empleo formal en una empresa privada. En el norte del país el problema es más grave aún, al punto que menos de 1 de cada 10 personas en edad de trabajar puede acceder a un empleo asalariado privado formal. En el resto del país la situación tampoco es muy diferente.
Tucumán sufre la insuficiente generación de empleos de calidad con intensidad no muy diferente al resto del país. Por eso, los riesgos de lo ocurrido allí están muy presentes también en el resto de país. La resignación, la vulnerabilidad y la dependencia resultan demasiado tentadoras como para que no emerja el oportunismo electoral. La orientación política es irrelevante. En cualquier espacio político puede gestarse el caudillo que se apropia del Estado para administrar dádivas y manipular a la gente con impunidad.
La endeblez del mercado laboral contamina al sistema político. Un ejemplo tan doloroso como ilustrativo es el asesinato del joven jujeño que debía simular afinidad con una agrupación piquetera oficialista para poder ir a la escuela y a un partido político tradicional para poder conseguir un empleo público. La expansión del narcotráfico y otras actividades delictivas también se alimentan de esta ausencia de oportunidades, especialmente entre los jóvenes. Asimismo explica que en zonas cuyas economías regionales son devastadas por la mala política económica, el oficialismo obtenga de todas formas buenos resultados electorales sustentados en la compra de voluntades a través del gasto del Estado.
Ante este panorama, limitarse a la propuesta del voto electrónico como solución es de un riesgoso simplismo. Para mejorar la calidad de la política es imprescindible empoderar a la gente a través de una masiva generación de empleos productivos. Esto exige dejar de usar fondos públicos para inducir la inactividad laboral y la resignación a vivir permanentemente del asistencialismo, y jerarquizar el rol del Estado como promotor de la infraestructura y productor de servicios de alta calidad (educación, justicia, seguridad y salud). Esto, acompañado de una reforma al sistema impositivo y la eliminación de trabas burocráticas que conspiran contra los emprendimientos productivos.

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