La creación de una Dirección Nacional de bicisendas generó polémicas. No se trata de un hecho puntual sino de una generalizada tendencia a solapar acciones nacionales en roles provinciales y municipales. Esta mala práctica induce el derroche de recursos y contamina el sistema político. Un paso central en el proceso de modernización del Estado es erradicar la concepción de tomar como positivo y natural la interferencia nacional en jurisdicciones locales.
Una de las tendencias globales encaminadas a generar ciudades saludables es la creación de las bicisendas. Espacios exclusivos para el tránsito en bicicleta con los cuales se procura promover entre la población la buena práctica de movilizarse en bicicleta. Esto conlleva varias ventajas, desde la promoción de la salud de los ciclistas hasta el mejoramiento del medio ambiente por reducción de ruidos y emisión de gases de combustión. La extensión, mejora y mantenimiento de bicisendas forma parte de la agenda importante de políticas públicas de todas las grandes urbes de países bien organizados.
En este contexto aparece la creación de la Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta. Los reparos y polémicas no solo pasan por la expansión de la burocracia –cuando hay consenso sobre la necesidad de reducir el déficit fiscal– sino en contemplar un presupuesto de $200 millones para funciones que son exclusivamente municipales como son el desarrollo e implementación de ciclovías y bicisendas.
¿Esta superposición con funciones locales es un hecho puntual? Dentro de la compleja estructura del sector público nacional, el Presupuesto Nacional 2017 aporta algunas evidencias muy sugerentes sobre este tema. Según esta fuente se observa que:
El Ministerio de Educación nacional gasta $19 mil millones en programas vinculados a infraestructura y gestión de las escuelas.
El Ministerio de Salud nacional gasta $16 mil millones en programas vinculados a prevención y atención médica de centros de salud y hospitales públicos.
Los Ministerios nacionales de Desarrollo Social, Vivienda y Medioambiente gastan $57 mil millones en asistencia social, vivienda y urbanismo.
Estos datos muestran que la Nación gasta más de $90 mil millones al año en funciones que no son de su responsabilidad. Al igual que las bicisendas, las responsabilidades de gestionar las escuelas, los centros de salud y los hospitales públicos, dar subsidios a grupos vulnerables, construir viviendas y arreglar ciudades son de las provincias y los municipios. Como son temas vitales para la calidad de vida de la gente, y muchas veces los gobiernos locales no brindan los servicios o lo hacen inadecuadamente, la Nación se siente legitimada a entrometerse en temas que no son de su competencia.
En este planteo subyace la idea equivocada de que la multiplicación de responsables y de recursos va a mejorar los resultados. Pero con la superposición, los funcionarios locales son inducidos a destinar más esfuerzos en congraciarse con sus pares nacionales a fin de obtener “ayudas” que en administrar sus propios presupuestos con probidad. A su vez para los funcionarios nacionales la tentación de hacer “política territorial” administrando discrecionalmente sus presupuestos es irresistible. Bajo esta modalidad de administración el fracaso está garantizado porque las responsabilidades se diluyen.
El caso de la Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta es muy ilustrativo. En la Argentina hay 2.177 comunas y municipios. Si la flamante Directora quisiera escuchar a todos los intendentes y jefes comunales del país para planificar la traza de las bicisendas debería dedicarse exclusivamente a esa tarea como mínimo por los próximos 2 años. Como esto resulta materialmente imposible y el presupuesto no alcanza para hacer obras en todas las ciudades, los recursos serán destinados a sostener la burocracia del nuevo organismo nacional y a algunos pocos centros urbanos elegidos discrecionalmente. En la mayoría de las ciudades no habrá ningún progreso. Sólo pérdidas generada por funcionarios locales que fracasaron en sus viajes a Buenos Aires para congraciarse con la funcionaria nacional. Modernizar el Estado es una tarea mucho más compleja que comprar computadoras y hacer cursos de capacitación para los empleados públicos. Requiere como paso previo un replanteo estratégico que asigne con claridad los recursos públicos y los responsables de administrarlos. Para esto es clave descentralizar los recursos para que sean administrados por quienes tienen a su cargo los servicios. Por otro lado, dejar de considerar legítimo y positivo que un funcionario desde Buenos Aires pretenda hacer lo que no hacen los funcionarios locales que son los responsables ante los ciudadanos.
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