El miércoles fuimos sorprendidos por una noticia procedente de Brasil, que nos debería llenar de vergüenza (una más, porque diariamente las novedades que deparan nuevos descubrimientos de la corrupción del kirchnerismo nos convierten en el hazmerreir generalizado): la condena a casi diez años de prisión dictada por el Juez Sergio Moro, un magistrado de Curitiba, Paraná, contra Luiz Inácio Lula da Silva, ex Presidente y aún dueño de una importante intención de voto en su país. Obviamente, será apelada ante el Tribunal Federal Regional y, con seguridad, llegará al Supremo Tribunal Federal, pero la repercusión ya ha sido inmensa, sobre todo porque lo inhibiría de presentarse a nuevas elecciones.
La vergüenza tiene varios aspectos en la lógica comparación con lo que aquí sucede. El primero, la celeridad y la independencia con que actúa la Justicia allí, mientras que nosotros seguimos sin saber siquiera cómo y cuándo murió el Fiscal Alberto Nisman, por ejemplo, y los responsables del infame crimen de Once siguen en libertad.
Luego, la pequeña cantidad de la cual Lula se habría apropiado personalmente; un departamento en el litoral paulista no tiene punto de comparación con el imperio hotelero e inmobiliario que Néstor y Cristina construyeron ni, por supuesto, con la propiedad de tantas estancias y empresas puestas a nombre de sus testaferros, incluyendo una gran porción de las acciones de YPF, que los Eskenazi compraron para Kirchner sin dinero. Finalmente, el monto total defraudado al fisco brasileño es infinitamente menor que el saqueo al que fue sometida la Argentina durante la prolongada década del latrocinio pingüino, tanto en términos relativos (por la enorme diferencia en el PBI de ambos países) cuanto absolutos: los US$ 3.500 millones desaparecidos en nuestro vecino no son nada frente a la gigantesca fortuna que amasaron nuestros inventores de una revolución imaginaria.
Algo similar está ocurriendo en Perú, donde su ex Presidente Ollanta Humala y su mujer acaban de ser encarcelados por corrupción en las operaciones con Odebrecht, y hasta en Ecuador, ya que el sucesor de Rafael Correa, elegido por éste presumiendo que sería un títere, ha ordenado abrir una investigación contra su padrino político por idénticas razones, amén de acusarlo de haber estrellado la economía de su país con su populismo.
Todos esos hechos, a los cuales debe sumarse lo sucedido en los dos países modélicos de la región, por los cuestionamientos chilenos a su Presidente, Michele Bachelet, en razón de algunos negociados de los que se acusa a su familia, las graves sospechas de corrupción durante el gobierno de José “Pepe” Mugica, que están golpeando fuertemente al Frente Amplio y lo colocan al borde de perder por primera vez las elecciones uruguayas desde 2004, y los reiterados rumores sobre Evo Morales y su amante, gestora de grandes negocios en Bolivia, confirman la profetizada ola de decencia que comenzó a impactar en este siglo sobre todos los regímenes populistas de la región, condenándolos al tacho de basura de la historia.
Una excepción, claro, son los terribles acontecimientos que, en cien días, han llevado a la tumba a más de cien jóvenes en las protestas contra Nicolás Maduro, que sigue manteniendo el poder sentado sobre las bayonetas de su ejército y de sus milicias paramilitares. Lamentablemente, la crisis que desangra a Venezuela no parece tener siquiera una imaginable solución, porque el tirano es sólo uno de los miles de bandidos que se reúsan a escuchar el clamor mundial y, si se fugara o muriera, detrás están Diosdado Cabello y cientos de generales poco dispuestos a perder tanto su libertad como las enormes fortunas que han acumulado con el narcotráfico y los pingües negocios que realizan a costa del Estado. La otra, obviamente, es la gerontocracia cubana, sostenida exclusivamente por el cordón umbilical que la une a Caracas y a través del cual fluye el petróleo que los venezolanos pagan con su cotidiana hambruna.
Pero la Argentina sigue dando la nota desafinada en ese concierto regional que tan bien suena. El peronismo se niega a entregar las cabezas de de los máximos exponentes de su corrupción: el Senador Carlos Menem, el Diputado Julio de Vido, el Juez Eduardo Freiler y, por supuesto, la Procuradora General, Alejandra ¡Giles! Carbó, llamada ayer a indagatoria. Muy por el contrario, cierra filas en su defensa y eso es comprensible porque, si esas testas rodaran, resultaría imposible que no arrastraran a muchos más, tal como amenazó el ex Ministro de Planificación cuando creyó que lo abandonarían a su suerte. El PJ adoptó idéntica posición en la resistencia a los fallos judiciales que impiden al Senador Ruperto Godoy continuar integrando el Consejo de la Magistratura por no reunir el elemental requisito de ser abogado.
Y qué decir de la libertad que gozan tantos procesados por delitos no excarcelables, mientras se mantiene en prisión preventiva por décadas a dos mil ancianos, acusados por hechos ocurridos hace cuarenta años, que no corren riesgo de fuga ni, menos aún, poner en peligro la investigación.
Es por eso que los ciudadanos debemos demostrar –y probarnos- que no somos meros eunucos y salir a la calle a exigir a la Justicia, en las personas de ese Consejo y de la Corte Suprema de Justicia, que deje de marearnos la perdiz y cumpla con el deber que la Constitución Nacional le impone. Y debemos hacerlo, como dice el cartel que encabeza esta nota, el 3 de agosto, a las 18:00, en Plaza Lavalle (y frente a las sedes de los tribunales de todo el país), donde tienen su asiento ambos órganos.
Las consignas y reclamos deben ser concretos y unívocos. Es imprescindible que exijamos al Consejo que deje de ser el mamarracho en que se ha convertido, designe a los jueces que deben cubrir las incontables vacantes en todos los fueros y en todas las instancias, y desplace de una buena vez a los enriquecidos canallas que hoy ejercen magistraturas y venden sus sentencias al mejor postor, mientras pretenden que los ciudadanos nos sometamos a ellas como si provinieran de Dios mismo.
A la Corte, que actúe con independencia e imponga su poder sin dilaciones y sin oportunismo. Y a nuestro inicuo Congreso –ahora un mero aguantadero de delincuentes que se mofan de sus representados- que modifique el Código Procesal Penal de la Nación de modo tal que a cualquier procesado por hechos de corrupción, sea político, funcionario o empresario, se le retiren los fueros y se le deniegue esperar en libertad la sentencia definitiva y, a la vez, que sancione de una buena vez las leyes de responsabilidad empresaria y la caducidad de dominio de los bienes mal habidos.
Porque somos una generación desgraciada, como afirma el Talmud, ya que tenemos jueces que merecen ser juzgados por su corrupción y por su ilegítima militancia política. Y no podemos transmitir esa herencia nefasta a nuestros descendientes; tenemos la obligación de actuar ya mismo para evitarlo y para permitir que nuestro país vuelva a ser una nación orgullosa de de sus valores morales y de su destino, hoy tan marchitos y decadentes.
Bs.As., 15 Jul 17
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
ENVIADO POR SU AUTOR
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