A propósito de las últimas fechorías de la dictadura relacionadas con la destitución del recién electo gobernador J.P. Guanipa cito a Sánchez García (2017) “Aprendí de la lectura de la Filosofía del Estado y del Derecho, de Hegel, que un crimen cometido reiteradamente y no castigado, deja de ser un crimen para convertirse en uso y costumbre, hasta verse transformado en ley.
Aún cuando el gobernador zuliano luego de ser acreditado, acorde con el art. 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales por la junta regional electoral del CNE 16/10/2017 y de conformidad con el 160 de la CRBV, solicitó en reiteradas oportunidades por el CLEZ ser juramentado para iniciar oficialmente su mandato, éstos negaron ese requisito legal, procediendo con aviesa intención, a decretar la invención de la vacante absoluta al violar la constitución del Estado Zulia que establece en el artículo 75, “se considera falta absoluta del gobernador: "1) La muerte; 2) La renuncia; 3) La interdicción civil; 4) La condena penal mediante sentencia definitivamente firme; 5) El abandono del cargo declarado por el Consejo Legislativo por el voto de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes; y 6) La revocatoria de su mandato por referendo".
El Consejo Legislativo basa su argumento en la imposición de juramentar a gobernadores ante la ANC, como norma sobrevenida de la montonera constituyente del PSUV, aprobada dos días después del 15/10. Fecha de las elecciones a gobernador, donde surgiera Guanipa como vencedor y gobernador electo con los votos del pueblo zuliano.
Como podemos ver la dictadura ha iniciado el curioso método legislativo de los regímenes fascistas, de inventarse a diario leyes y una nueva constitución como un traje a su medida. En esta oportunidad es del tamaño de un golpe de estado contra la mayoritaria voluntad del pueblo elector y por otro lado de un crimen mayor contra el artículo 4 de la CRBV, que caracteriza la vigencia del estado federal descentralizado.
Desde hoy existirán dos gobernadores, uno constitucional legitimado por el voto popular y otro fraudulento impuesto por la dictadura en la persona de Magdelis Valbuena, presidenta por cierto de un Consejo Legislativo con el periodo vencido desde diciembre 2016.
Este acto criminal del régimen es la mas flagrante evidencia, de todas las que han sucedido hasta ahora, que determina como lo ha manifestado recientemente la canciller canadiense en el Grupo de Lima, del curso sin regreso de Maduro s imponer la dictadura a los venezolanos.
Por tanto, ante el secuestro de los poderes públicos (TSJ, CNE, FISCALIA GENERAL, DEFENSORIA DEL PUEBLO), El gobernador electo debe en las próximas horas, acudir a la Asamblea Nacional, a la comunidad internacional, y a la movilización del pueblo zuliano, para hacer respetar la vigencia de la decisión de más de 700.000 electores, quienes derrotaron en forma aplastante y soberana al candidato de la dictadura F. Arias Cárdenas
ENVIADO DESDE VENEZUELA
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