Una de las principales motivaciones de las aspiraciones independentistas de Cataluña son las asimetrías fiscales. Si bien en la Argentina, por ahora, no se vislumbra el surgimiento de movimientos similares, las distorsiones en la administración de los fondos federales debería ser motivo de preocupación. Dos ejes claves son respetar las autonomías provinciales y explicitar la solidaridad hacia las zonas más rezagadas.
El arriesgado intento secesionista de Cataluña llama a la reflexión sobre la sustentabilidad de los regímenes federales. Las razones independentistas de Cataluña vienen de antaño, se fueron profundizando en las últimas décadas y eclosionaron ahora. Son muchos los factores que inclinan al independentismo pero un cuestionamiento común es el centralismo de Madrid en la toma de decisiones y una distribución de recursos fiscales que los catalanes consideran perjudicial.
Las secesiones, en general, irrumpen en países federales con asimetrías de niveles de desarrollo entre regiones y un Estado nacional absorbiendo muchos recursos para redistribuirlos en favor de algunos y en desmedro de otros. Si bien en la Argentina prevalece el sentimiento de cohesión nacional, la fuerte centralización de recursos y su manejo discrecional, además de ser un factor de atraso, es fuente de tensiones pudiendo generar riesgos de dar pie a movimientos políticos desintegradores.
Según el Presupuesto Nacional 2018, el año próximo la Nación absorberá el 58% de los recursos tributarios –excluyendo los recursos de seguridad social, que en su totalidad se derivan a la ANSES– mientras que las provincias recibirán el 42% restante. Con los recursos tributarios que recibe la Nación, se hará la siguiente distribución geográfica del gasto:
Tomando al país en su conjunto se prevé gastar $21 mil por habitante.
En la Ciudad de Buenos Aires se proyecta erogar $121 mil por habitante.
En el resto de las provincias el gasto será de $14 mil por habitante.
Estos datos muestran una abismal asimetría del gasto nacional entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias. La Nación proyecta gastar en la Ciudad de Buenos Aires 9 veces más por habitante que en el resto del país. Si bien son varios los factores que explican esta diferencia (algunos justificados por ubicarse en CABA la sede de gobierno) el más importante es que el Estado federal se hace cargo –con fondos nacionales– de proveer servicios públicos de agua, luz, gas, colectivos, trenes urbanos y el servicio de justicia en lo civil, comercial, penal y laboral, entre otras funciones, a la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que en el resto del país estas funciones las ejecutan los estados provinciales con sus propios recursos, en Ciudad de Buenos Aires las gestiona y financia la Nación.
La utilización de recursos federales para proveer servicios en la Ciudad de Buenos Aires es una herencia no resuelta de cuando existía la Capital Federal. Su desarticulación es tan importante como urgente ya que implica usar fondos nacionales para subsidiar a la zona más rica del país. En lugar de promover el equilibrio, los fondos federales terminan siendo usados para profundizar las brechas de desarrollo entre regiones.
Un ejemplo ilustrativo de buen funcionamiento federal en el marco de fuertes disparidades de desarrollo entre regiones lo brinda Alemania con la reunificación. A la ciudad de Berlín se la adoptó como capital y se le dio autonomía para que provea con medios propios los servicios estatales a sus habitantes. En paralelo, se creó un tributo especial –denominado “impuesto solidario”– cuyo destino específico es financiar la infraestructura y otras políticas de desarrollo para la ex – Alemania del este. Con este esfuerzo solidario más políticas específicas (por ejemplo, regulaciones laborales diferentes), se espera que las regiones del este tiendan a nivelar sus niveles de desarrollo. Tal es el convencimiento que ese impuesto se creó en 1991 y vencerá en el 2019. Es decir que en poco más de un cuarto de siglo se espera que los estados de la ex – Alemania del Este sean autosustentables y no necesiten la solidaridad del resto del país.
Una transformación en esta dirección sería muy positiva para el desarrollo armónico de la Argentina y reduciría riesgos de tensiones políticas. Los tres componentes claves deberían ser: la transferencia a Ciudad y provincia de Buenos Aires de la provisión de todos los servicios públicos, la eliminación del uso de fondos federales para “ayudas” directas con destino a funciones provinciales (salud, educación, seguridad, urbanismo y vivienda) y el establecimiento de una contribución especial a favor de las provincias mas postergadas condicionada a un plan de desarrollo y un plazo determinado.
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