Participación público privada cuatriplicaría la inversión

La Participación Público Privada es una moderna herramienta de gestión pública muy utilizada en los países desarrollados y en varios de América Latina. En la Argentina no se utilizó aún cuando su potencial es enorme. A partir del próximo año empezará a concretarse pero para que brinde buenos resultados es fundamental profesionalizar los organismos públicos de contrataciones, transparencia y una estrategia que evite la concentración de proyectos en Buenos Aires. A través del esquema de Participación Público Privada (PPP) se establece una articulación del Estado con el sector privado diferente a los métodos de contratación tradicionales. El Estado no contrata la ejecución de una obra sino la provisión de un servicio. Es decir, fija un objetivo y le da libertad al privado para que desarrolle el diseño del proyecto, el mecanismo de financiamiento, los métodos de ejecución y la forma de operar el servicio. El esquema busca inducir la innovación para un mejor diseño, ejecución y administración de los proyectos y un mayor compromiso del privado con los resultados. Las PPP tienen una institucionalidad muy desarrollada en los países avanzados. Allí se ejecutan contratos de largo plazo en proyectos muy variados que van desde obras viales a la construcción y mantenimiento de hospitales, cárceles y escuelas. En la región vienen siendo muy utilizados desde hace un par de décadas por Chile, Perú, Colombia, México y Brasil. Recientemente Uruguay los ha comenzado a usar en desarrollos para el servicio penitenciario, escuelas y hospitales. En la Argentina recién se sancionó la Ley regulando las PPP el año pasado y se prevé comenzar a utilizarlas a partir del 2018. Según el proyecto de ley de Presupuesto, entre los años 2018 y 2020 se ejecutarán con PPP las siguientes inversiones: En construcción de autopistas y mejoras en vías de transporte se invertirán unos U$S 50 mil millones. En obras para energía y manejo del agua se invertirán unos U$S 30 mil millones. En viviendas, hospitales y cárceles se invertirán unos U$S 17 mil millones. Estos datos señalan que, en los próximos 3 años, se planea hacer inversiones con mecanismos de PPP por un total de U$S 97 mil millones. Suponiendo que las inversiones se realizan a razón de U$S 32 mil millones por año, tomando como referencia que las inversiones por el mecanismo tradicional de contratación están presupuestadas en el orden de los U$S12 mil millones para el año 2018, esto implica que a través de la PPP se estaría esperando cuadriplicar la inversión en infraestructura. Concretar esta aspiración es un desafío estratégico. En primer lugar, porque es una forma rápida de reducir los déficits de infraestructura. En segundo, porque su versatilidad permite innovar en soluciones sociales como viviendas, hospitales, escuelas y áreas complejas como la gestión de cárceles.  Las PPP potencialmente tienen varias ventajas. Para la situación que atraviesa la Argentina una muy atractiva es que libera recursos del Estado. El privado es el responsable de financiar la inversión inicial y el Estado asume el compromiso de pagar un canon cuando comienza la provisión del servicio. Además en algunos proyectos existe la posibilidad de que los particulares aporten al financiamiento a través del pago por el uso del servicio. Por ejemplo, una ruta donde el privado recupera la inversión y los costos de mantenimiento a través de peaje y un canon del Estado. Aunque discutible, el compromiso del canon no se registra como deuda pública. Otro punto interesante es que el privado es inducido a optar por la mejor calidad en la inversión. Por ejemplo, al construir una ruta tendrá especialmente en cuenta que a su cargo estarán los costos de mantenimiento. Su principal desventaja es que son instrumentos sofisticados, muy demandantes de calidad institucional y profesionalidad de los funcionarios del Estado. Hay estudios en el Reino Unido que señalan que la falta de conocimiento de los funcionarios públicos de ese país hizo fracasar los primeros contratos de PPP. La experiencia demostró que es crucial desarrollar capacidades técnicas y sentido de la ética en el sector público para diseñar correctamente los contratos, medir con precisión los resultados y establecer el canon en función de ellos. La compleja institucionalidad que demandan las PPP lleva a alertar sobre otro riesgo específico en la Argentina que es la profundización de las asimetrías regionales. El plan de inversiones previsto para las PPP muestra un claro sesgo en favor de Buenos Aires. Sería muy importante rever este aspecto a través de una estrategia donde el Estado nacional promueva el uso del instrumento y el desarrollo de institucionalidad y transparencia para que las provincias jueguen un rol activo sumando inversiones con PPP.educación, seguridad, urbanismo y vivienda) y el establecimiento de una contribución especial a favor de las provincias mas postergadas condicionada a un plan de desarrollo y un plazo determinado.