Finalmente, el poder nefasto del kirchnerismo, objeto por años en cientos de denuncias judiciales y periodísticas, ha quedado exhibido ahora por los tan temerosos jueces argentinos de modo tal que lo han transformado en la nada misma; la mayor prueba de ello la dio el bloque del ¿Frente para la Qué? en la Cámara de Diputados el cual, a imitación de su jefa espiritual, dejó solo a Julio de Vido en su hora más amarga.
Tal como era previsible, los magistrados se atropellaron en los corredores de Comodoro Py para ver quién llegaba antes con sus pedidos de detención del desaforado legislador; seguramente, veremos actitudes similares en los próximos días, como claro efecto del resultado de las elecciones del domingo pasado. Es que el notable triunfo de Cambiemos en todo el país –con excepción de aquellas provincias en las que aún el siniestro clientelismo es norma- trajo tranquilidad al inquieto ánimo de esos jueces, tan sensibles a los efluvios del poder.
Las dos causas que terminaron con la libertad del cajero mayor de los Kirchner durante casi treinta años –sobreprecios en la importación de gas y desvíos en la mina de Río Turbio- no sólo son graves sino que implican cantidades saqueadas enormes; pero ninguna de ellas se acerca a la peor estafa de esa década robada. Me refiero, como es obvio, a todo el affaire de YPF; ya que somos una nación de desmemoriados –a punto tal que uno de cada cinco argentinos volvió a votar a los ladrones- creo que conviene hacer un poco de historia, en especial para los jueces y fiscales.
El ex Presidente Carlos Menem quería privatizar la mayor empresa del país pero necesitaba la conformidad del Congreso. Recurrió entonces a la negociación con los gobernadores de las provincias petrolíferas, a los cuales ofreció re-calcular las regalías que les correspondían, amén de reconocerles la propiedad de parte de las acciones de la compañía; pero condicionó esas concesiones al voto favorable de los legisladores que las representaban. Cuando lo consiguió (el “pelotudo” Oscar Parrilli fue el miembro informante), transfirió a la Provincia de Santa Cruz US$ 600 millones.
El entonces Gobernador, don Néstor, tan pronto Repsol (otra rareza, ya que se trataba sólo de una distribuidora de combustibles, sin pozo de petróleo alguno) compró YPF, vendió las acciones que correspondían a la Provincia en US$ 500 millones de dólares, metió ambas sumas en un bolso y, aconsejado por el denostado Domingo Cavallo, transfirió todo a cuentas en el exterior, ¡abiertas a título personal! Esos fueron los desaparecidos “fondos de Santa Cruz”, cuyo destino la Legislatura provincial, ocupada casi íntegramente por sus fieles, se negó sistemáticamente a investigar.
Una parte de esa enorme fortuna fue empleada por Kirchner (que así dejó afuera a Carlos Reutemann y Juan Manuel de la Sota) para conseguir que Eduardo Duhalde lo nominara como candidato del Partido Justicialista en las elecciones de 2003, convocadas anticipadamente por el entonces Presidente por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Ya sentado en la Casa Rosada y forzado por su fuerte vocación de ladrón, don Néstor comenzó a asfixiar a las petroleras que trabajaban en la Argentina, reconociéndoles por el combustible precios muy inferiores a los que, cuando la producción local comenzó a caer, se pagaba en boca de pozo a Bolivia o, más aún, a los vendedores de gas licuado. Así, el país perdió el autoabastecimiento de energía y se vio obligado a importarla a cualquier costo; todos los caminos (líneas de alta tensión y gasoductos) construidas para exportar a Chile, Brasil y Uruguay, fueron utilizados a partir de entonces para importar, y se instalaron dos estaciones de regasificación en Campana y Bahía Blanca.
Como directa consecuencia de esa política demencial, los españoles de Repsol comenzaron a desear irse del país, no sin antes transferir activos de YPF en el exterior a otras empresas de su grupo. Y allí actuó, una vez más, el equipo de planificación para el saqueo nacional. Un pajarito le contó a Antonio Brufau, por entonces líder de la empresa propietaria, que había un grupo argentino que estaba interesado en comprar el 25% (15% + 10%) de la compañía local, y en 2007 aparecieron en escena los Eskenazi, dueños (¡una casualidad!) del Banco de Santa Cruz, que había operado los fondos ausentes y donde Lázaro Báez (¿lo recuerda?) se desempeñaba como cajero.
Don Antonio que, como buen catalán, no tenía un pelo de tonto, aceptó el trato aunque el grupo “comprador” no tuviera dinero para tamaña adquisición; la propia Repsol prestó una parte del monto necesario y garantizó ante distintos bancos los préstamos necesarios para concretar el negocio. Además, (¡otra originalidad!) transfirió la administración de YPF a la famiglia compradora –escribió que se trataba de gente experta en operar en “mercados regulados”, o sea, corruptos- pese a que ésta lo único que sabía del negocio era cómo cargar combustible en el automóvil.
Pero, claro, tomó algunas precauciones: en primer término, exigió la firma del propio don Néstor y de algunos de sus funcionarios más cercanos en el contrato; además, YPF quedó obligada a distribuir en dividendos no menos del 95% de utilidades anuales. Esto, en un negocio de alto riesgo y costo como el petrolero, que nunca distribuye más del 30/35% de sus utilidades porque necesita el resto para explorar en busca de nuevos yacimientos, obviamente paralizó la actividad e hizo caer bruscamente la producción de petróleo y gas en el país, forzando a importar más y más combustibles, a punto tal que así desaparecieron las reservas en divisas del Banco Central y se desató, una vez más, la inflación. Los Ezkenazi, también prudentes, pusieron las acciones de YPF así compradas a nombre de una empresa australiana –Petersen- cuyos verdaderos dueños son desconocidos, aunque no dudo que portan un apellido que empieza con K.
Pero en 2012 la actual Senadora electa, Cristina Elisabet Fernández, en un rapto involutivo de patriotismo e invocando la caída en las reservas de la compañía que su marido había provocado, obtuvo una ley que, llamada “de soberanía hidrocarburífera”, significó la expropiación de las acciones que aún se encontraban en manos de Repsol. En teoría, la Argentina no debía pagar nada por esas acciones pero el Ministro Axel Kiciloff, heroicamente, “negoció” con los españoles pagarles ¡sólo otros US$ 10 mil millones! por una compañía que, para ese entonces, ya valía la mitad de esa suma.
Como claramente se ve, fue el mayor crimen cometido durante la década más infame de nuestra historia, puesto que el daño provocado se extenderá en el tiempo hasta tanto la Argentina consiga recuperar el autoabastecimiento energético. Sólo entonces, podremos desprendernos del pesado lastre económico que significan las importaciones de gas licuado y de electricidad, hoy indispensables para atender el consumo nacional. Pero, además, el cálculo del dinero que tuvimos –y tendremos- que gastar hasta equilibrar oferta y demanda debe medirse en pobreza y miseria por la inflación que conlleva en pérdida de divisas, en hospitales, cloacas, viviendas y rutas faltantes, en impuestos y subsidios que degradan el déficit fiscal.
Estos hechos, originados sólo en la inconmensurable codicia de estos delincuentes que, gracias a Dios, han comenzado a poblar la cárcel de Ezeiza, fueron demasiado gravosos como para que los jueces –¡teléfono para Ariel Lijo!, tan espuriamente vinculado al ya inminente ex Juez Eduardo Freiler- los olviden o dejen prescribir.
Bs.As., 28 Oct 17
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado - Enviado por su autor
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