Las evidencias de que los subsidios a Yacimiento Carbonífero de Río Turbio eran utilizados de manera oscura tienen más de 10 años. El oportunismo de la Justicia y gran parte de la clase dirigente permitió que miles de millones de dólares fueran derrochados y desviados hacia fines espurios. Frente a semejante fracaso resulta pertinente alertar que la solución no es poner funcionarios honestos e idóneos a administrar la empresa sino utilizar los fondos públicos para reconvertir a los trabajadores que fueron ilusionados con un proyecto inviable.
Entre las múltiples causas que provocaron el desafuero como diputado nacional y el posterior encarcelamiento del que fuera Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del anterior gobierno fueron los subsidios a la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. En un informe de IDESA datado el 30 de septiembre del 2007 con el número 200 se alertaba sobre la inviabilidad del proyecto, de que los subsidios del Tesoro eran prácticamente todo el ingreso que tenía la empresa y que sólo una parte eran destinados a pagar salarios mientras que el resto se usaba para financiar compras de cuestionable legitimidad.
Se advertía también que el final era previsible. O bien terminaba en escándalo de corrupción o en algún momento de menor bonanza fiscal resultaría imposible seguir financiando semejante nivel de transferencias. La historia demostró que ocurrieron ambas cosas: escándalo de corrupción con el ex – ministro en la cárcel e insostenibilidad fiscal.
Información publicada por ASAP y por los Presupuestos nacionales permiten dimensionar la magnitud de los fondos públicos destinados a Río Turbio desde ese entonces hasta el presente. Según estas fuentes entre los años 2007 y 2018 se observa que:
El total de subsidios del Tesoro asignados a Yacimiento Carbonífero de Río Turbio asciende a U$S 3.300 millones.
De estos subsidios, aproximadamente U$S 2.000 millones se destinaron a salarios.
Los U$S 1.300 millones restantes fueron usados a gastos no salariales.
Estos datos confirman el enorme esfuerzo que viene haciendo toda la sociedad desde hace más de una década para subsidiar a la empresa de Río Turbio y que casi el 40% no se usó para pagar salarios sino otras contrataciones administradas con escasa transparencia y dudosa racionalidad. Esto sugiere que la conservación de los empleos es la excusa para derivar miles de millones a manejos oscuros que culminaron –como se alertaba en aquel informe– en un escándalo de corrupción.
Emergen una vez más los altos costos sociales del oportunismo que prevalece en gran parte de la dirigencia argentina. Si los políticos, medios, empresarios, analistas, sindicatos, ONG, que ahora hablan del tema de Río Turbio y critican enérgicamente al ex - Ministro lo hubiesen hecho hace una década, cuando los hechos ya eran visibles y públicos, no se habrían derrochado miles de millones de dólares y se hubieran evitado 10 años de manejos turbios que contaminaron los valores de la política. El aspecto más grave es que la Justicia haya mirado hacia otro lado cuando hace una década era visible lo que hoy se considera una clara presunción de delito. Pero tener una actitud condescendiente con quien detenta el poder y ser lapidario con el que no es un mal generalizado en Argentina. Mientras la sociedad tolere el oportunismo se seguirán repitiendo los fracasos.
El daño de usar fondos públicos para prolongar la agonía de un proyecto inviable no sólo se mide por el derroche de recursos públicos y su desvío a fines aparentemente ilegales. No menos importante es que durante una década se creó la ilusión entre mucha gente de que en esa empresa podían encontrar prosperidad. Esto a pesar de que el carbón es una fuente de energía contaminante, en vías de extinción y que, además, en un lugar tan remoto no tiene viabilidad. Ante esta realidad es disparatado seguir usando fondos públicos para sostenerla y muy pertinente hacerlo para reconvertir laboralmente a las personas afectadas.
Para que Río Turbio sea una página cerrada es fundamental no posponer la reconversión y no caer en el error de que la solución pasa por incorporar a la empresa gerentes más idóneos y honestos que los que puso el gobierno anterior. No es un dato menor que en el presupuesto 2018 se contemple destinar a la empresa el doble de recursos de los que se asignaron en el 2007. Por más buenas que sean las intenciones, si la idea es seguir subsidiando un proyecto inviable se corre alto riesgo de que en algún momento los nuevos directivos sucumban a las tentaciones y, cuando ya no estén en el poder, vuelvan a caer las cataratas de denuncias.
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