La evaluación docente mejora el aprendizaje de los alumnos

Si bien la Ley de Educación Nacional del año 2006 estableció la evaluación como política para la calidad educativa, pasó más de una década para que se anunciara la evaluación de los docentes. El rechazo y las polémicas carecen de sustento ya que la evaluación docente es una buena práctica educativa, muy utilizada en otros países e imprescindible para que los crecientes recursos que se invierten en salarios y cargos docentes redunden en mejor educación de los alumnos. El Gobierno nacional anunció el operativo Enseñar. Se trata de una evaluación diagnóstica que se hará a los futuros docentes en el último año de su formación. El objetivo es mejorar la formación docente, apoyar a los maestros en sus primeros pasos en la enseñanza y promover la reflexión crítica de la pedagogía que se aplica en cada escuela. Es de carácter nacional y se lleva a cabo en institutos de formación docente estatales y privados. La iniciativa de evaluar a los docentes se hace en el marco de la Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 y fue consensuada y reglamentada por el Consejo Federal de Educación. Es decir, es un instrumento de gestión enmarcado en una ley de hace más de una década y que además es avalado por la experiencia internacional como buena práctica. A pesar de estos antecedentes, los sindicatos docentes criticaron enérgicamente la decisión por considerarla un ataque a la escuela pública. Para evaluar la pertinencia de estos cuestionamientos, es útil analizar la magnitud de los recursos recibidos por las escuelas estatales desde que se sancionó la Ley Nacional de Educación. Según datos del Ministerio de Educación, entre los años 2006 y 2015 se observa que entre las escuelas del Estado: La cantidad de cargos docentes de primaria se incrementó en un 19%. El salario docente de primaria aumentó en promedio un 41% por encima de la inflación.  La cantidad de alumnos de primaria pasó de 3,6 millones a 3,3 millones, o sea, la matrícula se redujo un -8%. Estos datos muestran que la sanción de la Ley Nacional de Educación vino asociada con un importante aumento en la inversión educativa. La mayor parte de estos recursos fueron destinados al aumento de la dotación de docentes y a la mejora de sus remuneraciones. En paralelo se dio una caída de la matrícula, fundamentalmente porque muchas familias optaron por enviar sus hijos a las escuelas privadas (el 70% de la reducción de matrícula en escuelas estatales se explica por crecimiento en las escuelas privadas). Se trata de evidencias muy contundentes de que el principal y más complejo desafío no es aumentar los presupuestos educativos sino mejorar la gestión. Uno de los pilares del éxito de los sistemas educativos en la experiencia internacional es la jerarquización de la profesión docente. Dado que la remuneración de los educadores ha mejorado respecto al resto de los trabajadores el argumento de que el fracaso educativo argentino se debe a los bajos salarios es falso.Por el contrario, la docencia aparece como una alternativa laboral muy apetecible para muchas personas. El problema es que bajo un sistema que no evalúa ni premia ni castiga los incentivos llevan a incorporar como docente a gente que no tiene vocación ni capacidad para serlo. Prima la mediocridad derivada de que el interés pasa por el salario, las condiciones favorables de trabajo y la futura jubilación por encima del compromiso con el aprendizaje de los alumnos. Romper esta lógica requiere jerarquizar la docencia a partir de la evaluación de desempeños y un régimen salarial sensible al compromiso del educador con sus alumnos. Lo positivo es que el Estado nacional sea el que impulse la iniciativa. Evaluar alumnos a través del operativo APRENDER y docentes con el ENSEÑAR son acciones que corresponden al nivel nacional. En cambio, la construcción y reparación de escuelas, el reparto de libros y computadoras, el pago de parte del salario docente –intervenciones que de manera rutinaria se realizan desde los programas nacionales– contribuyen al despilfarro porque diluyen las responsabilidades de sus gestores, que son las provincias. La función social del educador es demasiado importante como para dejarla librada al interés individual o a los intereses corporativos. Por eso es importante usar esta herramienta clave de gestión, que es la evaluación. El objetivo no es penalizar sino jerarquizar, identificando y reconociendo a los docentes que demuestren capacidad, vocación y compromiso con la formación de sus alumnos.