El Gobierno nacional propuso un nuevo Pacto Fiscal. El tema más comentado es la resolución del conflicto de la provincia de Buenos Aires con el resto de las jurisdicciones por la licuación del Fondo del Conurbano. Sin embargo, los puntos más estratégicos que merecen ser profundizados son la mejora en la calidad de los impuestos y reducir mucho más el crecimiento del gasto público.
El Gobierno nacional propuso a las provincias firmar un nuevo Pacto Fiscal. En los medios de comunicación el elemento que se resalta es la posible resolución a favor de la Provincia de Buenos Aires del conflicto del Fondo del Conurbano sin afectar al resto de las provincias ya que se contempla una compensación a cargo de la Nación. Este aspecto es el más ostentoso, pero no el más importante. Sin menospreciar la importancia de eliminar juicios entre jurisdicciones, el Pacto constituye una muy interesante oportunidad para una reformulación fiscal más integral y audaz.
Un aspecto clave es la baja calidad del sistema tributario argentino. El IVA es un impuesto neutral para la producción y tiene ventajas como permitir su devolución a los exportadores y a quienes invierten (no dañando la competitividad) y a la población más vulnerable (dando progresividad a la distribución del ingreso). También hay que destacar los impactos positivos sobre la distribución del ingreso de los impuestos a las ganancias y a la propiedad. Pero el resto de los impuestos tienen asociados altos impactos distorsivos tanto porque desalientan la producción y el empleo como porque aportan regresividad a la distribución del ingreso.
En base a información publicada por el Ministerio de Hacienda, se puede desagregar la recaudación según esta clasificación de los impuestos. Para el año 2016 se observa que:
El IVA recauda 7% del PBI.
Ganancias e impuestos a la propiedad recaudan otro 7% del PBI.
El resto de los impuestos recauda 17% del PBI, entre los cuales se destacan los impuestos al trabajo (7%), Ingresos Brutos (4%) y al cheque (1,6%).
Estos datos muestran que del 31% del PBI que la Nación y las provincias cobran de impuestos más de la mitad los recaudan con impuestos muy distorsivos. Esto es producto de que al no poder cubrir el gasto público con IVA, Ganancias e impuestos a la propiedad se apela a impuestos de mala calidad. El sentido estratégico del Consenso Fiscal que la Nación propone a las provincias pasa entonces por el compromiso de reemplazar gradualmente impuestos distorsivos por tributos más neutrales y progresivos.
Por eso, uno de los aspectos medulares del acuerdo es la propuesta de aumentar la recaudación de Ganancias e impuestos provinciales a la propiedad y reducir Ingresos Brutos y el impuesto a los sellos. Aquí se enmarcan la intención de eliminar las exenciones del impuesto a las ganancias que no tengan rango de ley y/o que se apliquen sobre determinados tipos de gastos, la unificación entre todas las provincias de las valuaciones inmobiliarias, la reducción de Ingresos Brutos a las ventas finales y su eliminación a las ventas intermedias y el tope al impuesto a los sellos. El punto menos consistente es prorrogar el impuesto al Cheque (uno de los más distorsivo), aunque está prevista la posibilidad de utilizarlo como pago a cuenta de ganancias.
Para que los avances en el sistema tributario sean más rápidos y consistentes, el Pacto debería ser más audaz en el abordaje de los excesos de gasto público. Por ejemplo, se propone un cambio en la regla de movilidad previsional, lo cual es imprescindible pero insuficiente. Más allá de que una reforma previsional requiere consensos más amplios y estudio más profundos, el Pacto podría revisar también los requisitos de acceso a las pensiones que han quedado desactualizados y llevan a masivas duplicaciones de beneficios. En la misma línea, así como se corrige la discriminación que genera la desactualización del tope del Fondo del Conurbano, el Pacto debería contemplar la eliminación del privilegio que tienen la Provincia de Buenos Aires y CABA de recibir fondos nacionales para subsidiar infraestructura y servicios públicos, algo que no disfrutan los habitantes del resto del país.
Que en la Corte se tramiten 64 causas judiciales por conflictos entre las provincias y la Nación desnuda un enorme fracaso político. Por eso un acuerdo que permita superar las controversias y avanzar hacia un sistema tributario de mejor calidad es un hecho muy auspicioso. Las probabilidades de éxito aumentarían si, además, se contemplaran acciones más ambiciosas de control del crecimiento del gasto público nacional y provincial.
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