Ya desde el gobierno de Raúl Alfonsín, se comenzó a denostar a todo aquél que vistiera el uniforme de la Patria, y Carlos Menem, en nombre del achicamiento del Estado, profundizó el proceso de pauperización en materia de equipamientos de combate, que se fueron convirtiendo en obsoletos e ineficientes, cuando no literalmente inútiles; mientras, se desperdiciaban y perdían algunos notables desarrollos netamente argentinos, como el misil “Martín Pescador”, el tanque TAM y los aviones “Pucará”, “Pampa” e “IA63”, que hoy permitirían proteger nuestras porosas fronteras.
El abyecto Congreso de la Nación cometió, a pedido de Néstor Kirchner, un magnicido contra la Constitución Nacional cuando anuló los indultos dispuestos por Menem y cuando sancionó la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final promulgadas en la época de Alfonsín.
Mientras él y su viuda conseguían que la izquierda más imbécil los pusiera a salvo de cualquier cuestionamiento, desataron una siniestra campaña de estigmatización y venganza contra quienes, habiendo triunfado militarmente en la guerra contra el terrorismo y evitado así el triunfo comunista que nos hubiera transformado en Cuba, resultaron derrotados en la paz por la cobardía y la estupidez de las cúpulas militares; contaron para ello –y aún lo hacen- con instrumentos tales como jueces canallas, abyectos periodistas y el hipócrita y cómplice silencio de la sociedad: más de dos mil ancianos presos políticos, de los cuales casi quinientos han muerto en cautiverio, son la irrefutable prueba de esta afirmación.
La historia reciente de las catástrofes de la Armada –la fragata “Santísima Trinidad”, hundida en puerto- y de la Fuerza Aérea –que carece de aviones por las caídas- y lo que puede haber sucedido con el “San Juan” ameritan un análisis desde puntos de partida diferentes, pero con similares derivaciones. Me refiero, obviamente, a la infamia que significa la negación de todo derecho a esos presos, y al sideral saqueo disfrazado de proyecto político; de éste, las pústulas a la vista me eximen de detallados inventarios.
Porque hay una pregunta que queda flotando en el aire: ¿en cuánto coinciden las causas del crimen de Once y del trágico destino del submarino? Las redes, en estos días, viralizaron la filmación de la botadura de la nave en 2014 después de su refacción en el complejo CINAR-Tandanor y el infaltable discurso triunfalista de Cristina Elisabet Fernández. La negativa a encomendar esa tarea a sus constructores alemanes o a la Armada brasileña, ¿obedeció a la compulsión cleptómana?; las baterías colocadas, ¿estaban en buenas condiciones o sólo se las facturó como tales? Abona estas especulaciones un hecho: la Juez federal de Caleta Olivia caratuló la causa penal ya abierta como “investigación de hecho ilícito”, y ordenó la preservación de toda la documentación referida a las tareas realizadas; cientos de testigos -obreros, técnicos y profesionales del astillero- permitirán iluminar el tema.
Si así fuera, deberíamos preguntarnos si no es hora de reimplantar la pena de muerte para aquéllos que resulten condenados por traición a la patria, y comenzar a juzgar ya mismo a la ex Presidente y a sus sucesivos ministros de Defensa, entre los cuales descuellan Agustín Rossi y Nilda Garré, por las responsabilidades directas que hubieran podido tener en este drama que, seguramente, ha costado la vida a 44 jóvenes compatriotas. Para nuestra vergüenza, la última preside la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados; aunque, en realidad, no me explico mi propio asombro, toda vez que Julio de Vido, responsable directo de lo sucedido en materia energética en el país y de las terribles derivaciones sociales y económicas de ese desastre, producido sólo por el afán de robar, presidió hasta su detención la Comisión de Energía de la misma Cámara.
Y el otro ángulo tiene que ver con la nula reacción de la sociedad y de la clase política que, salvo contadísimas excepciones, ha mantenido un inexplicable silencio frente al drama que se vive en el mar; en especial, porque contrasta brutalmente con el escándalo mediático montado alrededor del caso Maldonado, con el cual se pretendió -¡otra vez!- destruir a la Gendarmería Nacional. ¿Dónde están las manifestaciones en Plaza de Mayo reclamando por los marinos del “San Juan”?, ¿qué dice Estela de Carlotto, que se fotografiaba en París mientras reclamaba internacionalmente por el presunto secuestro y eventual asesinato del hippie tatuador? ¿Dónde están los diputados que se colgaban del cuello su foto, que no aparecieron desde que se perdió contacto con la nave?
Hoy, cuando ya no queda duda alguna de que éste simplemente se ahogó en el río y nadie lo “plantó”, su familia y las organizaciones de pseudo derechos humanos –CIDH incluida- siguen insistiendo en la desaparición forzada mientras acompañaba una “pacífica” actividad de los “jóvenes idealistas” mapuches, los mismos que queman viva a la gente, colocan bombas e incendian camiones y estaciones de tren en la Argentina y en Chile.
Afirmé hace tiempo que en el sur argentino se registraba la presencia de las bandas guerrilleras más peligrosas de Sudamérica: el Sendero Luminoso peruano, las FARC colombianas, los colectivos chavistas, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el MIR chilenos; todo eso ya está probado en las causas judiciales que se instruyen a ambos lados de la cordillera. No me sorprendería que aparecieran también pruebas de vinculaciones con el MTP, esa fracción remanente del ERP que intentó tomar a sangre y fuego el regimiento de La Tablada en enero de 1989, en plena democracia.
¿Seguirán nuestras autoridades rindiendo homenaje y tirando flores a los terroristas “buenos” de los 70’s mientras condenan a los “malos” actuales de Europa y Estados Unidos? ¿Qué piensan de Facundo Jones Huala –y cuándo lo deportarán- y a sus asesinos del RAM?; ¿son “buenos” o “malos”? ¿Considera el Gobierno que la actividad de estos falsos mapuches pone en riesgo la soberanía nacional? Si continúa la persecución a los militares, la Patagonia terminará siendo entregada como “territorio sagrado”.
La Argentina está absolutamente indefensa, y tiene fronteras totalmente lábiles, atravesadas por traficantes de personas y de drogas y por terroristas y criminales de todos los colores, incluyendo su plataforma continental, que es permanentemente invadida por pesqueros que saquean nuestros recursos ictícolas. Debemos reflexionar, como pidió Lilita Carrió, acerca de si necesitamos o no de fuerzas armadas y, en caso de respuesta positiva, generar ya mismo una política de Estado tendiente a su reequipamiento progresivo para garantizar la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional.
¡Hoy, escuchando el toque de silencio, todos deberíamos ser los marinos del “San Juan”!
Bs.As., 25 Nov 17
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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