La doctrina feminista, en su arenga por conseguir prerrogativas hacia las mujeres, ha generado ciertas distorsiones y desequilibrios jurídicos que requieren el día de hoy un nuevo ensamble para salir de tal coyuntura.
Algunos sectores han intentado establecer en la cultura actual al aborto como un derecho que el Estado debe reconocer.
Ante esta situación, el grueso poblacional no se percata de que, por detrás de un discurso bien intencionado, se está vulnerando la vida, que junto a la libertad y la propiedad privada hacen a la integridad y dignidad humana.
Es preciso en primer orden establecer que la mujer es libre de hacer lo que desee con su cuerpo. Pero tal libertad no debe afectar el normal desenvolvimiento de los demás individuos.
En este aspecto, la ciencia ha permitido establecer el origen fehaciente de lo que se determina “persona”. Tanto el óvulo como el espermatozoide poseen la misma estructura genética que su aportante, sin embargo cuando ambos elementos se fusionan comienza la ramificación celular cuyo gen es distinto al paterno o materno.
Esta unión de material masculino y femenino albergada en el útero materno se presenta como un ser único e irrepetible. El ser una vida cuyo color de iris, huella digital o estructura genética jamás podrá repetirse de manera natural en la historia, hace que se puede considerar “individuo” a tal ente.
Al poseer un conocimiento que permite definir el origen de la vida, queda en consecuencia analizar qué rol ocupará el Estado en defensa de la vida.
La izquierda y los sectores autodenominados “progresistas”, bajo la consigna de “aborto libre, gratuito y seguro” promulgan la total indefensión de la vida inocente, quedando la persona por nacer a total merced del arbitrio de otra persona.
Resulta oportuno fijar cómo tales consignas presentan una verdadera contradicción al Estado de Derecho.
Si el aborto es libre, quiere decir que hay dos categorías de individuos o personas, aquellas cuyas prerrogativas son válidas y aquellas que no poseen derechos; es decir, el Estado protegería algunas vidas en desmedro de otras, vulnerando toda seguridad ya que no hay garantías luego de que no se pueda recrear tal afrenta contra otros tipos de vidas, tal como sucedió en ciertos regímenes en el que ser judío o ser esclavo no alcanzaba para ser considerado sujeto de derecho.
Si el aborto es gratuito, muestra una vez el capricho de la izquierda en querer que algunos sectores paguen la imprudencia y negligencia de otros sectores, lo que deja observar la total irresponsabilidad sobre los propios actos de ciertas personas.
Si el aborto debe ser seguro es porque claramente se ha venido cometiendo un delito en la clandestinidad, y recordando un principio básico del derecho que dice “nadie puede alegar en su defensa su propia torp eza”, es que resulta inviable sostener la legalización de una práctica porque desde la ilegalidad es peligroso delinquir; piénsese que si el argumento para legalizar el aborto es la pobreza de quien no puede pagar un médico diplomado, nada evitaría que se legalice el robo porque el delincuente de poca monta no puede pagar un mejor abogado.
El Estado de Derecho está llamado a otorgar seguridad jurídica no solo a los presentes habitantes, sino a las futuras generaciones.
Por ello es necesario que los principios fundamentales de la vida, la libertad y la propiedad privada no queden a merced de un grupo radicalizado que constantemente afrenta contra los valores tradicionales en búsqueda de establecer reglas morales a su gusto y antojo.
La vida es el pilar de todo derecho, sin vida no hay ningún debate viable, no hay justicia, no hay posibilidad de desarrollar absolutamente nada.
Por todo lo expuesto resulta prudente repensar si se puede considerar lógico que gente con vida defina si otras vidas van a poder desarrollarse o no.
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