Planes sociales llegaron para quedarse en Argentina

Por Fabiana Frayssinet
Más allá de la incertidumbre sobre el rumbo económico que tomará Argentina tras las elecciones presidenciales del 25 de octubre, los principales planes sociales, que contribuyeron a disminuir los niveles de pobreza en la última década, llegaron para quedarse.
No existen fuentes oficiales unificadas sobre la cantidad de beneficiarios, y en algunos casos la información se entrecruza entre diversos ministerios, o individuos o familias, incluidos en más de un plan social.
Pero según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, al menos 28 por ciento de los hogares urbanos (2,7 millones) recibe alguna transferencia monetaria de ese tipo, en un país con una población que este año alcanzó 43 millones, según proyecciones oficiales.
El de mayor alcance es la Asignación Universal por Hijo (AUH), con 3,6 millones de familias beneficiarias, que otorga a jefes o jefas de hogar desempleados o trabajadores informales, un monto por cada hijo menor, bajo requisitos como asistencia escolar y controles médicos.
“Las políticas sociales implementadas desde 2003 sin duda contribuyeron de manera importante a la reducción de la pobreza y la indigencia”, dijo Gala Díaz Langou, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
En particular, aseguró la especialista a IPS, “desde 2009 con la AUH, se logró garantizar un ingreso básico para muchas de las familias con niños en situación de vulnerabilidad”.
Otros planes, entre ellos Progresar, benefician a unos 557.000 jóvenes entre 18 a 24 años para que estudien, con el requisito que tengan empleo formal o informal, perciban un salario inferior al mínimo de 600 dólares mensuales, y que su familia esté en las mismas condiciones.
Por su parte “Argentina trabaja”, es un conjunto de programas destinados a la inserción laboral en trabajos en beneficio de la comunidad, a través de cooperativas con capacitación en obra.
Mientras que las mujeres embarazadas desocupadas, trabajadoras informales, del servicio doméstico, con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo, o que están inscritas en otros planes sociales, tienen derecho a un beneficio monetario a través del programa Asignación por Embarazo.
El requisito de este plan con 68.580 beneficiarias -según datos de 2011, los últimos disponibles- es el control prenatal.
Programas como estos y las pensiones contributivas, “reducen la profundidad de la indigencia o evitan caer en la pobreza extrema a familias de escasos recursos, sobre todo en un contexto como el actual recesivo, inflacionario y de escasas posibilidades de acceder a un empleo de calidad para los sectores de baja calificación”, declaró a IPS el coordinador del ODSA, Agustín Salvia.
“Al mismo tiempo, estas transferencias tienen efectos positivos al sostener a través del consumo de los sectores beneficiarios, actividades informales que dan trabajo a mucha gente”, acotó.
Pero aunque favorecieron la retención escolar, Salvia señaló que no mejoraron la proporción de quienes completan los estudios obligatorios, por otros factores “que impiden que la escuela sirva realmente a dar salida técnico-profesional a los adolescentes pobres”.
Por sus bajos montos, ya que el máximo aporte equivale a unos 92 dólares, aunque redujeron el riesgo alimentario, consideró que no contribuyeron a salir de la pobreza, aunque no “necesariamente” la reproduzcan, como señalan otros.
“Se trata de un subsidio al desempleo o al subempleo informal. Mientras no haya una demanda de mano de obra hacia buenos empleos no tiene sentido eliminarlos”, propuso.
Pero, a su juicio, “sí es posible transformarlos y mejorarlos, para que faciliten y promuevan un puente con la formación, o con labores sociales o económicas comunitarios, con el fin de promover una cultura del trabajo y una acción cooperativa”.
Según el último informe del ODSA, la pobreza afecta a 30 por ciento de la población, pero puntualiza que sin estos programas la indigencia en Argentina casi se duplicaría, hasta afectar a cuatro millones de personas, mientras habría tres por ciento más de pobres.
“Queda un gran desafío por delante”, subrayó Díaz Langou. “A pesar de que la pobreza se redujo en los últimos años, su infantilización se profundizó y esto se verifica independientemente de la fuente que se utilice para su medición”, agregó al considerar necesario extender la cobertura de planes como la AUH.
“La principal forma de dejar la pobreza es con empleo, educación y capacitación”, aseguró a IPS el economista Marcos Hilding, de la Fundación Libertad y Progreso, vinculada a la oposición política.
Hilding criticó la falta de disponibilidad de datos, estadísticas y evaluaciones “confiables”, al igual que la “superposición de planes” generados desde por lo menos cinco ministerios y su “uso político”.
Según su contabilidad, existen 60 programas sociales. Consideró que deberían reducirse a cuatro o cinco, limitarse a un tiempo determinado, controlados mediante una base única de beneficiarios, y con mejoras en sus condicionalidades e incentivos para “conseguir empleo en blanco (regularizado)”.
Un estudio de su fundación indica, con base en datos del presupuesto, que este año se realizarán 18,2 millones de transferencias sociales, con un costo de 157.209 millones de pesos (16.730 millones de dólares).
En plena campaña electoral para escoger el sucesor de la presidenta Cristina Fernández, cuyo mandato concluye el 10 de diciembre, y de su antecesor y esposo, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), crecen las apuestas de que el próximo gobierno deberá establecer planes de ajuste y abrir el restringido mercado cambiario.
Pero nadie duda de que los programas sociales se mantendrán, aunque con cambios.
El primer candidato en intención de voto, según las encuestas, Daniel Scioli, del gobernante Frente para la Victoria, ha remarcado que trabajará para remplazarlos cada vez más “por empleo genuino”.
Su principal rival, Mauricio Macri, del opositor Pro, aseguró que son “derechos sociales ganados”.
El tercero en los sondeos, Sergio Massa, del Frente Renovador, anunció se mantendrá el beneficio a quienes tengan “un trabajo en blanco”, y que se lo quitará a quien no trabaje o se capacite.
“Los tres candidatos con más posibilidades de llegar a la Presidencia manifestaron su intención de mantener la AUH. Esto refleja el amplio consenso que existe sobre la necesidad de esta transferencia”, anticipó Díaz Langou.
La especialista admitió que “es claro el rédito político que puede haber detrás” de ese consenso. Pero, a su juicio, también evidencia “la relevancia que tiene la AUH en los hogares más vulnerables y el impacto que tendría su remoción”.
“Más allá de lo que digan los candidatos para no quedar afectos por el rechazo de los beneficiarios de estos programas, desde un punto de vista de política socioeconómica es imposible sacarlos en el corto o mediano plazo sin un alto costo social y político”, consideró Salvia
“El mercado de trabajo no está en condiciones de recibir a estos componentes y la problemática social se complicaría de manera grave sin estas transferencias. Deberán mantenerse por mucho tiempo, incluso aunque las personas consigan un trabajo estable”, añadió.
“Creo que la AUH llegó para quedarse, que se puede adaptar y mejorar, pero sería muy difícil sacarlo. El logro sería que cada vez menos gente lo necesite, reduciendo los beneficiarios”, opinó Hilding.
Eso sí, puntualizó, “el año que viene va a ser un año complicado en lo fiscal, y con una probable devaluación, por lo que hay que ver si se actualizan con la inflación o no”.

http://www.ipsnoticias.net/2015/10/planes-sociales-llegaron-para-quedarse-en-argentina/