“Si uno no paga, le matan”, lamenta Francisco José*, un empresario de transportes de Guatemala, a quien desde hace tres años las pandillas le exigen el pago de la extorsión por cada uno de sus dos autobuses. Cada semana, debe abonar 350 quetzales (44 euros) por cada unidad y a cuatro grupos diferentes de extorsionistas, lo que se traduce en 2.800 quetzales (350 euros). Por si ello fuera poco, llega la Navidad y las principales pandillas que operan en este país, Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), así como grupos oportunistas que se dedican a este ‘negocio’ exigen su aguinaldo o ‘bono navideño’. Ello significa que Francisco José y las miles de víctimas sin cuantificar de las extorsiones que hay en Guatemala, principalmente, empresarios, comerciantes, vendedores en los mercados, distribuidores de agua y gas propano, recolectores de basura y conductores de transporte público deben pagar el doble de lo que abonan normalmente bajo amenaza de muerte en caso de que se nieguen.
En octubre, las pandillas comenzaron a reclamar el pago fraccionado del ‘aguinaldo’, tal como constata Claudia Palencia Morales, fiscal de Sección Adjunta de la Fiscalía de Delitos Contra la Extorsión. “Es un bono extraordinario del pago de la extorsión, que supone pagar dos veces la misma cantidad exigida o muchas veces incluso el doble o triple de lo que se abona mensualmente”, explica a este diario. Esta exigencia coincide con la paga extraordinaria que cobra la primera quincena de diciembre la población de Guatemala que tiene un trabajo formal y que representa únicamente el 30%, ya que el otro 70% tiene un empleo informal y, por tanto, sin derecho a este bono navideño, según indica el analista de Seguridad Ciudadana del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Walter Menchú.
Poco importa a las pandillas que sus víctimas cobren o no el 'aguinaldo' en sus trabajos; las bandas lo reclaman igual y, para ello, usan el mismo método que para pedir la extorsión semanal o mensual: un menor de edad o una mujer entrega un teléfono móvil a la víctima, quien a los pocos minutos recibe una llamada telefónica desde alguna de las 22 cárceles de Guatemala, donde se hacinan casi 23.000 reclusos, entre ellos, Aldo Dupie Mejías, alias ‘El Lobo’, y Jorge Jair de León Hernández, alias ‘El Diabólico’, líderes de Barrio 18 y MS-13, respectivamente.
Al otro lado de la línea, un jefe pandillero exigirá a su interlocutor el bono navideño y le dará un plazo para pagarlo. En caso de no abonar la cantidad solicitada, amenazará a la persona con asesinarla o con matar a sus familiares, para lo cual las pandillas cuentan con un nutrido grupo de sicarios, conformado sobre todo por menores de edad, denominados ‘gatilleros’ o ‘soldados’, que las pandillas utilizan para perpetrar los crímenes porque la legislación de Guatemala contempla para ellos una pena máxima de 6 años de prisión con independencia del delito cometido.
Antes de cada crimen, serán muchos los que depositen como ofrenda una manzana y licor al ‘altar de la Santa Muerte’ que suelen erigir en las viviendas ocupadas por las pandillas para pedirle protección a la hora de salir a matar. Junto a este macabro altar, colocan el nombre de sus futuras víctimas e incluso en una ocasión, en uno de los allanamientos realizados por la policía y el Ministerio Público (MP), se encontró el nombre de varios fiscales dedicados a investigar las extorsiones.
Los sicarios no siempre salen bien parados en un país donde es habitual que la gente se tome la justicia por su mano ante la impunidad en la que quedan la mayoría de los asesinatos. La semana pasada, uno de ellos mató a tiros a un conductor de autobús extraurbano en un municipio de Guatemala por no abonar el ‘aguinaldo’; después, una turba le persiguió para lincharle y al verse acorralado decidió suicidarse de un disparo.
Solo entre enero y noviembre 212 personas han sido asesinadas en el transporte público de Guatemala, según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). De ellas, 42 eran conductores de taxi; 35, pilotos de autobuses; 32 ayudantes; 30 usuarios; 24 conductores de tuc-tuc; 19 presuntos asaltantes; 13 conductores de minibuses; 11 empresarios y 6 policías o inspectores.
Los descuartizamientos
Es tal la cantidad de grupos que, tratando de emular a las pandillas, se dedican a la extorsión en Guatemala que éstas han tenido que idear un sistema de claves para que las víctimas no se confundan de persona a la hora de pagarla cantidad exigida. Así lo indica el defensor de los Usuarios de Transporte Público de la PDH, Edgar Guerra, quien relata cómo un conductor de autobús de Ciudad de Guatemala entregó una cantidad de dinero a una persona que le pidió el dinero pensando que pertenecía a la pandilla que lo extorsionaba. Sin embargo, poco después, se subió a la unidad un verdadero miembro de este grupo que le reclamó la citada cantidad, por lo que la tuvo que entregar en dos ocasiones. Así, a las pandillas les han salido competidores, conocidos como oportunistas o imitadores, a la hora de exigir el ‘aguinaldo’ y el resto de extorsiones, que en caso de ser descubiertos por el Barrio 18 o la Mara Salvatrucha son asesinados e incluso descuartizados.
El descuartizamiento es uno de los métodos que emplean ambas pandillas para infundir terror, tal como constata la fiscal Claudia Palencia Morales, quien revela que “en muchos casos descuartizan a sus víctimas estando vivas”. Según detalla, suelen aplicar este ‘castigo’ a quienes se queden con el dinero de la extorsión; a quienes aporten información a la Policía o al Ministerio Público; a quienes se les haya visto relacionarse con la pandilla rival o a quienes pertenezcan a la otra pandilla.
Morales apunta que tanto para el Barrio 18 como para la MS-13, la extorsión es su “modo de subsistencia”. Así lo ponen de manifiesto los dos últimos macro operativos policiales efectuados a principios de este mes, que se saldaron con la detención de más de 60 personas, entre extorsionistas y sicarios, que habían llegado a acumular en los dos últimos años 2,5 millones de quetzales (312.500 euros). Además, este año se llevó a cabo la ‘Operación Escudo Regional’ contra las extorsiones, que supuso un duro golpe a las pandillas con un saldo de más de medio millar de detenidos en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Para llevar un control de quienes pagan, en ocasiones las pandillas obligan a colocar banderitas de Guatemala en los puestos de mercado que ya han abonado la extorsión o a poner pegatinas en los autobuses de emoticonos alegres o de mensajes religiosos, como ‘Jehová es mi pastor’. “Llevan un control más exacto incluso que la misma Súper Intendencia de Administración Tributaria (SAT) y son impuestos que están cobrando ante las narices del Estado de Guatemala y que suponen solo en el transporte público 300 millones de quetzales (37,5 millones de euros) al año”, denuncia Edgar Guerra.
Ataques mortales contra Movistar
Los 37.000 agentes de policía que hay en Guatemala son insuficientes para acabar con este fenómeno, que afecta incluso a grandes empresas como la española Movistar, que perdió el pasado 10 de noviembre a cuatro de sus vendedores, asesinados a balazos en plena calle en cuatro ataques simultáneos. Según trascendió, un líder de una pandilla llamó desde la cárcel pocas horas después a un coordinador de esta compañía para amenazarle con más muertes si no se pagaba una extorsión inicial de 100.000 quetzales (12.500 euros), así como 2.000 quetzales (250 euros) por cada una de las 20 unidades de transporte. En el audio, al que tuvo acceso El Confidencial, el pandillero exige que “colaboren para que nosotros no tengamos que seguir con la violencia”.
El Confidencial contactó con el gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de Movistar en Guatemala, Raúl Mauricio Alas, quien en un primer momento se comprometió a responder a una serie de preguntas por escrito. Finalmente, afirmó que “de momento no es conveniente responder (a las preguntas), pues el tema sigue aún en fase de investigación por las autoridades y no queremos entorpecer el curso que llevan”.
Al afectar a una empresa internacional, estos asesinatos tuvieron eco en otros países, si bien cada día se dan crímenes por no pagar la extorsión en pequeños negocios, similares a la librería que regenta en la zona 12 de la capital guatemalteca María José*. Para seguir con vida y garantizar la seguridad de su familia, esta mujer paga 'religiosamente' cada martes a las 18.00 horas una extorsión de 250 quetzales (31 euros) a una de las pandillas. Sabe muy bien cuáles pueden ser las consecuencias: cuando en una ocasión se negó, recibió una llamada telefónica advirtiéndole de que sabían dónde estaba su hija y la ropa que llevaba en ese momento.
“En el 2016 me aumentaron la cuota, así que decidí cerrar el negocio ocho meses, aunque me di cuenta que con mi otro trabajo no alcanzaba para cubrir todos los gastos”, relata. Por ello, decidió reabrir el establecimiento, aunque sabiendo de antemano que iba a tener que volver a pagar extorsión, decidió a través de un conocido que también pagaba a la pandilla, ponerse en contacto con su extorsionista que estaba en prisión para negociar una cuota que fuera más baja.
"Es duro tener que pagar por vivir"
“¡Qué duro es tener que pagar por vivir!”, lamenta. Gracias a una terapia con una psicóloga ha logrado “sufrir menos” y considerar la extorsión como si fuera el pago del alquiler del local, pese a que es de su propiedad. Respecto a la posibilidad de denunciar su situación a la Policía, considera que “no tiene ninguna ventaja, porque tienes que dar todos tus datos y pienso que el Estado tiene que ver con las pandillas, así que mejor es estar calladitos”.
No piensa lo mismo el Director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, quien recalca que en todo 2017 el trabajo de “investigación e inteligencia” de la División del Programa Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) ha evitado 622 ataques de estos grupos criminales, “lo que hubiese significado más de 1.000 muertos”. Ellos se hubieran sumado a las 4.981 muertes violentas que se han registrado en Guatemala entre enero y noviembre, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Pese a los esfuerzos que destaca el portavoz policial, el analista de Seguridad Ciudadana Walter Menchú censura que las pandillas han llegado a crear en Guatemala una “estructura fiscal paralela” que ya tienen en cuenta las empresas del país a la hora de cuantificar sus gastos anuales. “La extorsión es peor que un impuesto, porque te lo cobran ganes o no ganes e incluso provoca que algunas empresas pequeñas quiebren al tener que abonar más de lo que ingresan”, manifiesta.
Todo ello acaba repercutiendo en los precios de los productos, según advierte Fernando Trabanino, Defensor del Consumidor y Usuario de la PDH, quien constata que los usuarios del transporte y de las tiendas extorsionadas acaban pagando más del coste real para compensar el gasto que supone a las empresas el abono de la extorsión.
Mensualmente, según cifras de la Fiscalía de Guatemala, se reciben entre 200 y 250 denuncias por extorsión. “Yo no te quiero matar, pero si no me pagas, entonces lo voy a tener que hacer”, avisan algunos extorsionistas a sus víctimas, según desvela la fiscal Claudia Palencia Morales, quien exhorta a la población a que siga denunciando. Actualmente, cerca de 2.000 personas guardan prisión preventiva por este delito a la espera de juicio. Solo en 2018 hay programados 140 juicios en Guatemala relacionados con la extorsión, cifra que no impide que miles de personas reciban cada semana en este país la llamada telefónica que les exigirá una cantidad económica a cambio de conservar su vida.
FUENTE: https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-12-20/maras-guatemala-navidad-extorsion-crimen_1494974/
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