Las mafias políticas
Publicado por Aleardo Laría en Politeia
Mafia es un término acuñado para referirse al crimen organizado. Si bien existen dudas acerca de la etimología del término, algunos sostienen que la palabra mafia hace referencia a “los hombres de honor”. En este caso el honor consistiría en respetar los denominados “códigos de honor” -como la omertá o ley del silencio- inviolables para los integrantes de los clanes mafiosos. Una práctica que, como se verá a continuación, en nuestro país se extiende a vastos colectivos humanos.
Toda organización que busca capturar rentas de modo ilegal, acudiendo a comercios ilícitos, entra dentro de la categoría de mafia. De este modo se habla, por ejemplo, de la “mafia china”, para hacer referencia a grupos organizados que venden un servicio de protección de los pequeños y medianos comerciantes de esa nacionalidad. Operan a través de procedimientos extorsivos, de modo que el comerciante que se niega a pagar la cuota establecida, puede ser objeto de robos o actos de vandalismo sobre los locales en que desarrollan su actividad.
En Argentina se ha hecho habitual mencionar la “mafia sindical” para referirse a aquellos dirigentes sindicales que se han enriquecido mediante la apropiación de retornos pagados por las clínicas médicas que son contratadas para prestar servicios a los afiliados a las obras sociales. Como el dirigente sindical tiene el poder para elegir la empresa encargada de prestar el servicio de salud, esa contratación se concede a los que están dispuestos a abonar una compensación o participación en los beneficios obtenidos.
Otra práctica que indudablemente entra dentro de la categoría mafiosa, consiste en el retorno que encumbrados dirigentes políticos –gobernadores de provincia o ministros del Poder Ejecutivo nacional- obtienen por la concesión de obra pública a empresarios amigos. En sus orígenes se consideró un modo no lícito pero consentido de financiar la actividad de los partidos políticos. Sin embargo, con el tiempo, dada la práctica desaparición de los partidos, se convirtió en el método de enriquecimiento del dirigente político con mayor poder en el área geográfica bajo su competencia.
Todos los indicios apuntan a que parte de la extraordinaria fortuna acumulada por el matrimonio Kirchner se obtuvo por estos procedimientos. Los empresarios amigos, como Lázaro Baez, en este esquema de reparto de sobreprecios, operarían como socios o meros testaferros. Otra fuente de ingresos ilegales del matrimonio pareciera estar vinculada con la apropiación de las rentas financieras generadas por fondos públicos, es decir los famosos 600 millones de dólares recibidos por Santa Cruz como premio por el apoyo brindado por su gobernador a la privatización de YPF.
Debemos reconocer, en honor a la verdad, que estas prácticas no han sido inauguradas por los Kirchner y se remontan a tiempos anteriores, habiendo proliferado en muchas otras provincias, sin distinción de banderías políticas. La novedad que ofrece el caso de Santa Cruz, en todo caso, reside en el enorme caudal de recursos que fueron apropiados por esta vía. Es esta especial circunstancia la que permite usar el término “mafia política” para englobar este fenómeno. Algunos pensarán que se trata de un calificativo un tanto exagerado, pero el acto de denominar cumple una función pedagógica y permite tomar consciencia que estas prácticas se sitúan en la misma franja moral de otras que no dudamos en considerar repudiables.
Si, como parece evidente, la condición humana es demasiado proclive a introducirse por estos oscuros senderos, resta analizar cuales debieran ser los mecanismos para evitar estas masivas apropiaciones de recursos públicos. En realidad no hace falta inventar nada novedoso ni descubrir remedios excepcionales. Basta simplemente con conseguir que las instituciones, diseñadas para ejercer el control de los hombres que gobiernan, funcionen adecuadamente.
La referencia a la calidad institucional ha sido siempre objeto de comentarios escépticos. Las instituciones parecen reservadas para los países nórdicos u otras rarasavis. Sin embargo, el avance impetuoso de la corrupción en nuestro país, es la consecuencia inevitable de la pérdida de institucionalidad, concebida ésta en un sentido muy amplio.
La mayor pérdida de institucionalidad se produce cuando las estructuras de la Administración Pública son colonizadas por una determinada fuerza política. Si las licitaciones públicas son amañadas por militantes de la causa; si las obras públicas son luego otorgadas y ejecutadas por empresarios de la causa; si los organismos de auditoría interna están copados por otros militantes y finalmente, fiscales y jueces ocupan esos lugares por responder a las necesidades de la causa, el resultado final es previsible.
Hasta tanto los partidos políticos argentinos, y la sociedad en su conjunto, no alcancen un firme y formal compromiso de acabar con el spoil system (sistema de expolio), es decir la autorización implícita en nuestro sistema político de que la fuerza política que gana las elecciones tiene derecho a colonizar las estructuras de las administraciones públicas, la corrupción seguirá campando a sus anchas.
Como señalaba James Madison en la tantas veces recordada frase de El Federalista, “si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no sería necesario ningún control externo ni interno sobre el gobierno”. Por consiguiente, añadía, considerando que sólo contamos con un gobierno que va a ser administrado por hombres sobre hombres, se deben facilitar los controles del pueblo y además, tomar precauciones auxiliares. En Argentina, está visto, todas las precauciones, por el momento, se han revelado insuficientes.

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