El pasado 27 de abril la Superintendencia de Educación dio a conocer una circular con una serie de obligaciones que tendrán que cumplir todas las escuelas del país a fin de respetar los derechos de los niños, niñas y jóvenes trans.Esta circular —más allá de sus buenas intenciones y, por cierto, de todo el andamiaje legal sobre el cual gravita— constituye otra evidencia más de que el actual Gobierno quiere ser el responsable último del sistema escolar chileno. Al respecto, elocuentes fueron las palabras del alcalde Felipe Alessandri, consultado sobre si respetará las nuevas obligaciones fijadas por la administración de Michelle Bachelet: “Ciertamente que sí, yo en eso no me complico ni un segundo, tenemos que respetarlas, es nuestro deber”.
En años recientes hemos sido testigos de una serie de iniciativas de diversos tomadores de decisión cuyo objetivo es erigirse como artífices del sistema escolar del país. El año pasado la misma Superintendencia de Educación indicaba cuáles eran las medidas disciplinarias que pueden tomar las escuelas y qué faltas a los reglamentos escolares deben ser sancionadas o no. Ahora el Mineduc se ha enfocado en modificar las bases curriculares de tercero y cuarto medio, filtrándose a la opinión pública el año pasado que tenía la intención de eliminar el ramo de Filosofía de los contenidos mínimos obligatorios.
Por su parte, a comienzos de 2016 nuestros diputados aprobaron un proyecto de acuerdo que solicitaba a la Presidenta de la República incorporar el teatro en el currículo escolar. Conocido es también el deseo del senador Guido Girardi de que aumenten las horas de educación física y los alumnos realicen quince minutos de ejercicio antes de iniciar la jornada. En la misma línea, en 2014 la ministra de Salud le pidió a su par de Educación aumentar las horas destinadas a la actividad física en los programas oficiales de los colegios. Y qué decir de la ley 20.845, que establece nuevas medidas administrativas en el funcionamiento de las escuelas, regulando desde su estructura jurídica hasta los motivos por los cuales se pueden crear o no nuevas unidades académicas.
Así las cosas, gran parte, si no todo lo relativo al sistema escolar chileno —tanto en el sector municipal como en el particular—, se encontrará pronto bajo el control del Estado. Una entidad lejana, fría e impersonal que decidirá el presente y futuro de nuestros educandos, los cuales, paradojalmente, junto a sus familias, son los menos considerados en el paroxismo regulatorio del que somos testigos.
Ciertamente, es necesario el control o supervisión del Estado en un área tan sensible como la educación, pero debemos diferenciar aquello de la intervención. Por ejemplo, en la industria alimenticia, el rol que el Estado ejerce a través del Ministerio de Salud es fundamental, pero resultaría ilógico pensar que por ello les dijese a las empresas cómo deben fabricar las mermeladas, el tiempo de cocción de la fruta o el detalle de los preservantes que deben incorporar. Más ilógico aun sería que el Minsal obligase a que todas las mermeladas que se producen en el país fueran del mismo sabor. Sin embargo, eso es precisamente lo que se está haciendo con nuestras escuelas.
El sector escolar, al igual que todos los demás, necesita libertad para desarrollarse. Las escuelas requieren de autonomía para decidir qué es lo que se debe aprender, conocer y apreciar, además de determinar cómo funcionarán. Y el Estado debe respetar aquellas elecciones, sobre todo si cuentan con el favor de los escolares y sus familias.
Preocuparse por la educación que reciben nuestros niños y niñas es muy valioso, pero como decía el economista Ludwig von Mises: “La primera cosa que necesita un genio es respirar aire libre”.
*Iván M. Garay Pagliai, Director Ejecutivo de Cheque Escolar
FUENTE: http://ellibero.cl/opinion/educacion-y-libertad/
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