No voy a hablar hoy de las consecuencias de la victoria de Donald Trump el martes, una rareza, ya que lo votaron menos ciudadanos que a su contrincante. Las especulaciones sobre el futuro de los Estados Unidos y del mundo han poblado las pantallas y las páginas de todo el globo, y habrá tiempo para hacerlo cuando anuncie su gabinete. Tampoco hablaré aquí de otro número inexplicable: los US$ 65 millones que, en Estados Unidos, dejó a sus deudos Daniel Muñoz, secretario privado de don Néstor (q.e.p.d.).
La semana contuvo un hecho realmente importante que, en medio de la vorágine, pasó bastante desapercibido: la divulgación, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, de una estadística confeccionada durante la "gestión" de Cristina Elizabet Fernández, que estableció en 6348 el número de desaparecidos entre 1976 y 1983. Cuando se conoció el dato, Estela de Carloto bramó de indignación: "En vez de investigar cuántos son, lo importante es encontrarlos"; raro, porque no explicó cómo buscar a los demás si ni siquiera sabe quiénes serían.
La relevancia del número es enorme, toda vez que termina en forma definitiva con el invento de los "30.000", que tuvo dos fines concretos: la instalación del concepto de genocidio para construir la venganza y, sobre todo, habilitar la recolección de fondos internacionales, organizada por los mismos terroristas para financiar campañas y lujos. Hasta ahora, no bastaba para desmentirlo ni siquiera la imposibilidad de completar los nombres en todas esas chapitas que Kirchner colocara en el Parque de la Memoria pese a que, para intentarlo, se incluyeron a los muertos desde 1955, a quienes cayeron al intentar asaltar instalaciones militares, a quienes se suicidaron ingiriendo cianuro y a los guerrilleros asesinados por sus propias organizaciones.
Es que, si se deja de hablar de genocidio -y la verdadera cifra revelada obliga a ello- se cae la teórica imprescriptibilidad en todos los amañados procesos que permitieron que, aún hoy, cuando ya ha pasado un año del desalojo del kirchnerismo del poder, casi dos mil ancianos continúen presos, privados de todos los derechos de los que gozamos, por imperio de la Constitución, el resto de los argentinos: irretroactividad de la ley penal, principio de inocencia, legalidad del proceso, jueces naturales, límite máximo de la prisión preventiva, 2x1 y prisión domiciliaria a los mayores de 70 años. Y todo eso mientras los corruptos de toda laya se ríen a carcajadas, se pasean en libertad y exhiben impúdicamente sus mal habidas fortunas.
El otro episodio fue la exacerbada polémica desatada por las declaraciones de Miguel Pichetto en favor de una política inmigratoria racional. El Senador fue imprudente, pero no por el contenido de sus dichos -con los cuales, adelanto, coincido- sino por haberlo hecho en un programa periodístico porque los tiempos de aire son limitados y no permiten dar acabada razón de los mismos. Esa imposibilidad de explicarse habilitó a que un sinnúmero de imbéciles y malintencionados se rasgaran rápidamente las vestiduras y lo acusaran de xenófobo y racista, pese a lo justificado de sus afirmaciones.
La Argentina es el único país que conozco que carece de política inmigratoria, a punto tal que no exige nada a quienes arriban a su territorio: carencia de antecedentes penales, demostración de la capacidad de sustentarse o de vinculaciones que la reemplacen, o aptitudes laborales; además, al poco tiempo obtienen documentos nacionales de identidad. No funcionan así países como Bolivia, Venezuela, Cuba, China, Rusia, Irán, etc., cualquiera sea la orientación, o la falta de ella, del régimen que los gobierna.
Nuestra nación se formó con los inmensas oleadas inmigratorias de fines del siglo XIX y la primera mitad del XX, provenientes de tantas latitudes diferentes que, al fusionarse, nos dieron estas características tan originales de nuestra sociedad. Y debemos continuar con esta tradición, recogida por el preámbulo de la Constitución, de brazos abiertos; pero recordemos que en él se habla de los hombres de "buena voluntad" que quieran habitar nuestro suelo. Ese requisito es esencial y, en esa categoría, obviamente, no entran los delincuentes, los narcotraficantes, los terroristas ni, en general, aquéllos que no están dispuestos a trabajar y, sobre todo, a adaptarse e integrarse a la comunidad; como muestra de cuanto digo, basta recordar que los extranjeros representan el 20% de nuestra población carcelaria.
Pero, pese a que aún aparecemos como un foco de atracción para muchos latinoamericanos, debemos reconocer que, más allá de la potencial riqueza de nuestros recursos naturales, somos un país pobre; tanto que nada menos que un tercio de nosotros vive por debajo de la línea que permite hacerlo con dignidad, carece de agua corriente, de cloacas, de gas y electricidad, de educación y de establecimientos sanitarios aptos, cuando no está directamente desnutrido.
Entonces, y como la caridad empieza por casa, debemos destinar, prioritariamente, nuestros esfuerzos en materia presupuestaria a la atención de las necesidades de nuestros ciudadanos, sin por ello dejar de brindar ayuda humanitaria a extranjeros que lo necesiten. Resulta de todo punto de vista ilegítimo que quienes aquí residen -y pagan sus tributos al fisco, que sostiene el sistema público de salud- deban esperar, a veces por meses, para recibir atención en los hospitales, mientras los turnos son ocupados por "turistas" que, en la práctica, realizan curiosos "tours de salud" para operarse gratuitamente dentro de nuestras fronteras.
Estamos, en este momento, soportando una presión impositiva que es record mundial y, producto de la crisis heredada (e idiotamente no explicada en detalle), los recursos no alcanzan para tantas necesidades sociales; pensemos entonces, por ejemplo, que todos quienes llegan a un hospital hoy, reciben gratuitamente hasta las prótesis, sin pedirles absolutamente nada.
Entonces, ¿por qué ser tan generosos con habitantes de otros países que no asumen su responsabilidad frente a ellos, pero les cobran sus propias gabelas? Para solucionar este intríngulis y, a la vez, compartir el esfuerzo, nuestra Cancillería debería firmar acuerdos recíprocos con todas las naciones de la región, para que cada una, mediante el depósito previo de las sumas necesarias, se hiciera cargo del costo de los tratamientos y prácticas quirúrgicas de sus ciudadanos, cuando éstos fueran atendidos en otro país. Y lo mismo debería aplicarse a la educación superior, aquí también colapsada.
Bs.As., 12 Nov 16 - Enrique Guillermo Avogadro - Abogado
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