A un año de la asunción de Mauricio Macri, estamos en un momento muy complicado de la economía, a pesar de la merma en la inflación y a conservar el Gobierno elevados índices de aprobación de su gestión, ya que el gasto público continúa en alza, la actividad no arranca, el consumo cae, crece el endeudamiento en pesos y en dólares, el plan de obra pública no avanza y hay una perceptible parálisis en la gestión de la administración pública, producto de la inexperiencia burocrática de los nuevos funcionarios. La presión impositiva bate records históricos y mundiales, y el voraz Estado recaudador y pseudo benefactor frustra la posibilidad de recibir inversiones (en realidad, las ahuyenta) y asfixia las iniciativas, sin ofrecer los servicios y beneficios a los que la población accede en otros países, lo cual la obliga a contratarlos privadamente, duplicando sus costos.
Claro que todos esos males tienen su raíz en décadas de prácticas populistas, que hacen que hoy la Argentina, uno de los territorios del globo más favorecidos –no dije ricos- con recursos naturales, haya construido un núcleo duro de pobreza, por cierto difícilmente erradicable en el corto plazo. Pero no veo aún un plan para terminar con esa situación estableciendo metas más lejanas mediante políticas de estado que incluyan la aplicación de correctivos inmediatos, acompañados por la planificación del futuro a diez, veinte y treinta años.
Una porción importante del gasto público hoy está destinado, como es natural, a atender a las necesidades más urgentes y a paliar la conflictividad social, derivadas de la crisis heredada a la cual no se le encuentra una solución, mediante la masiva distribución de planes sociales; esta misma semana, fue incrementado en $ 30.000 millones. Entre esos planes hay muchas variantes, como la asignación universal por hijo, el trabajo en cooperativas, etc., pero todos tienen defectos remarcables, amén de permitir, por la falta de controles eficientes y por la tercerización de la distribución, la persistencia de nichos de corrupción.
Esos verdaderos subsidios tienen, en verdad, enormes falencias e inconvenientes, ya que no sólo tienden a consolidar la pobreza, manteniendo bajo esa línea a generaciones enteras (los montos no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas) sino que, además y ante el riesgo de perder esos “derechos”, aún quienes tienen vocación de trabajar lo hacen “en negro”, incrementando la informalidad de nuestra economía, que ya alcanza al 40%, que no paga impuestos ni cargas sociales. Por otra parte, pensemos en cuántos de esos subsidios –“Argentina Trabaja”, por ejemplo- impiden a quienes acceden a ellos perfeccionarse, en un momento caracterizado, mundialmente, como “el siglo del conocimiento”.
Dado el crítico escenario actual, no resulta lógico pretender que esa asignación de recursos públicos se detenga, ya que quedarían en la más absoluta intemperie los sectores más vulnerables, que generarían comprensibles dificultades a toda la sociedad. Pero sí podemos realizar algunos cambios beneficiosos, ya que algunos de los planes sociales funcionan como verdaderos empleos públicos encubiertos y, en general, resultan innecesarias e inútiles las tareas que se encomiendan: pintadas, cortes de pasto, reparaciones de construcciones, etc..
El progreso tecnológico y la globalización está haciendo que las personas que realizan funciones repetitivas sean reemplazadas por robots, y el mercado laboral impone cada vez mayor perfeccionamiento y especialización a los trabajadores. En la Argentina, hemos visto recientemente insensatas reacciones frente a un futuro que ya está aquí y, nos guste o no, es imparable: el rechazo de los camioneros de Moyano a la distribución electrónica de documentación bancaria, o el de los taxistas de Viviani a aplicaciones como Uber, Easy o Cabify, son algunos ejemplos.
Entonces, al revés de tantos políticos y economistas, propongo al Gobierno que cambiemos algunas figuritas. Sin disminuir en lo inmediato la cantidad de pesos destinados a paliar esta recurrente emergencia, reemplacemos para siempre, en lo social, gasto por inversión. Es decir, sigamos pagando planes, pero que éstos sirvan para transformar no sólo a quienes los reciben sino a la sociedad toda. Me refiero a que el pago de las asignaciones mensuales tenga su correlato en educación pero, en especial, en escuelas técnicas, cualquiera sea el nivel al que cada beneficiario acceda, y se verifique su cumplimiento mediante la permanente evaluación de su rendimiento y su evolución. A pesar de que son obvios los beneficios que este cambio -¿Cambiemos?- traería aparejados, en especial para los llamados “ni-ni”, es decir, para aquéllos que no trabajan ni estudian y que en el Conurbano son legión, tal vez convenga recordarlos.
Facilitaría a los beneficiarios, a través del esfuerzo personal, acceder a trabajos formales y más calificados, con mejores salarios y con protección en materia de salud y de seguros y, sobre todo, recuperar las esperanzas al lograr salir de los asentamientos y villas en los cuales transcurren sus tristísimas vidas. La extensión de un programa como el que propongo servirá, sin duda, también para combatir el flagelo de la drogadicción, que se ha constituido en un trágico refugio para quienes carecen de expectativas, y en ampliar la base de los contribuyentes, lo cual permitiría disminuir la presión impositiva sobre el sector económico registrado.
Para concluir, una breve reflexión ante la desobediencia de la viuda de Kirchner a la citación del Juez Claudio Bonadío para cumplir un trámite obligatorio para todos los procesados. Aquí también me pregunto si no ha llegado la hora de cambiar figuritas porque algo similar ocurrió con Lula quien, intimado a presentarse ante un magistrado, se negó a hacerlo; el Juez Moro ordenó a la Policía su inmediata presentación. Pese a que, sin lugar a dudas, el ex Presidente tiene una popularidad mucho mayor que la viuda de Kirchner, el hecho no produjo incidente alguno en Brasil.
Aquí, jueces y funcionarios se aterran ante la posibilidad de incidentes que, ante una detención de Cristina, podrían generar sus seguidores. En el fondo, ocurre lo mismo con la famosa represión de la “protesta social”, nombre que hemos dado a las constantes interrupciones del tránsito, a los más desaforados agravios a la investidura presidencial y, en general, hasta a las huelgas salvajes de los servicios públicos. Parecen no comprender que esas minorías revoltosas están minando, todos los días, la imagen de un Presidente y de un Poder Judicial que se muestran débiles y temerosos y que, si la impunidad continúa, desaparecerán la gobernabilidad y la paz; en cambio, si ambos cumplen y aplican la ley a rajatabla, sus prestigios subirán como la espuma, impidiendo toda ensoñación golpista.
¡Ojalá Cambiemos acepte cambiar figuritas!
Bs.As., 26 Nov 16 - Enrique Guillermo Avogadro - Abogado
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