La oposición se encolumnó detrás de la sanción de una ley que anularía los aumentos en las tarifas de electricidad, gas, agua y transporte aplicados desde diciembre del 2017, retornando al nivel de noviembre del 2017. También se fijaba que los incrementos de tarifas no deberían ser superiores a la variación salarial y que las empresas de servicios públicos tendrían que devolver a los usuarios lo cobrado por los aumentos anulados.
Que se anularan los aumentos de tarifas y se devolviera lo cobrado por los ajustes desde noviembre del 2017 no implicaba que las empresas sacaran de su bolsillo la plata para los usuarios. Implicaba que el Estado nacional debía compensar con mayores subsidios a las empresas por lo devuelto y por la insuficiencia de las tarifas respecto a los costos de producir los servicios. Con esto, el gasto público nacional hubiera aumentado –según estimaciones oficiales– en más de $120 mil millones a precios del 2018. Este fue el principal argumento para justificar el veto.
Para tener una visión más consistente e integral del tema sirve apelar a datos sobre las cuentas públicas del Ministerio de Hacienda. Según esta fuente, entre el primer cuatrimestre del 2016 y el mismo período del 2018 se observa que:
Los subsidios económicos a la energía, transporte, agua y otros ítems se redujeron en un -48% en términos reales, o sea, ajustados por inflación.
El gasto en jubilaciones y pensiones se incrementó en 11% en términos reales, o sea, por encima de la inflación.
Los gastos en programas nacionales que se superponen con funciones provinciales se incrementaron en 54% por encima de la inflación.
Estos datos muestran que la iniciativa de la oposición atacaba el único factor que hasta ahora venía contribuyendo a reducir el déficit fiscal. Es entendible la preocupación por el aumento en las tarifas públicas. Pero anular la única vía que hasta ahora se utilizó para corregir la grave situación fiscal es la mejor manera de potenciar los problemas. Mucho más conducente hubiese sido buscar la moderación del impacto reduciendo la incidencia de los impuestos en el costo total de las tarifas.La actitud puso al desnudo las posiciones poco serias e irresponsables que emergen cuando se pretende sacar ventajas electoralistas a través del oportunismo.
El veto es un fracaso de la gestión política. Refleja, por un lado, la incapacidad para encontrar y consensuar alternativas racionales que le den viabilidad al proceso de sinceramiento de las tarifas. Por el otro, pone de manifiesto la miopía para abordar la muy delicada situación fiscal. Esto también subyace en los anuncios de las autoridades económicas de buscar el equilibrio fiscal poniendo límites a la incorporación de empleados públicos y recortes de gastos suntuarios en la administración pública. Es pertinente avanzar en una mejor gestión del recurso humano y eliminar gastos superfluos, pero quedarse sólo con estas medidas es seguir tratando de disimular la gravedad del problema. Aun suponiendo que se logren ahorrar los $20 mil millones anunciados, representan menos del 5% del total del desequilibrio fiscal.
Gran parte de la expansión del gasto público lo generan el sistema previsional y los programas que ejecutan los funcionarios nacionales cogestionando indebidamente servicios que están a cargo de las provincias y los municipios. Las energías deberían estar centradas en abordar de manera integral este desorden. Con una visión en esta dirección, el ordenamiento del Estado resultaría más eficiente y social y políticamente más tolerable.
El camino es replicar la experiencia del Consenso Fiscal que luego de un trabajoso proceso de búsqueda de coincidencias permitió alcanzar acuerdos conducentes. Esta es la metodología que usan los países que prosperan, incluso experiencias cercanas como las de Uruguay y Chile. Para ello, es necesario más madurez política y menos oportunismo a fin de acordar estrategias coherentes con el progreso económico y social.
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