Por Carlos Carranza*
Malos tiempos para la justicia
La grandeza de una nación se basa en la fortaleza de sus instituciones y una democracia legitima y formal por cierto en su origen, como la que tenemos, puede ir mutando o deslegitimándose al cabo de un tiempo por el solo hecho de no respetar la Constitución Nacional. Nuestra principal preocupación radica en que se advierte un ataque artero y sistemático a los Partidos Políticos, al Consejo de la Magistratura (modificando su composición), al Poder Judicial (Per Saltum) y al “parlamento” (DNU, delegación de facultades, vetos, leyes de emergencia, delegaciones de facultades); pero debemos tener en cuenta que si estas actitudes, que son moneda corriente en el gobierno nacional, generan anomia o desapego a la ley e irrespeto por los que piensan distinto, respecto del Poder Judicial el problema adquiere características mucho mas dramáticas. Prueba de ello han sido los reiterados ataques presidenciales o del Ministro de Justicia a magistrados en los últimos meses, manipulando listas de conjueces, violentando procedimientos judiciales y recusando o denunciando penalmente a camaristas como lo hizo la actual Procuradora Gil Carbo. Ninguna de estas acciones se compadecen con un estado de derecho ni con el sistema republicano que defiende la independencia del Poder Judicial y la disivión de Poderes y han merecido el rechazo de todas las entidades que componen el quehacer judicial en la Nación por una acusación absurda, constante y permanente hacia otro poder del estado.
El Poder Judicial es un contrapoder que esta diseñado precisamente para el control de los otros dos poderes del estado, su composición es heterogénea y profesional, y por lo tanto jamás va a estar dispuesto a seguir los lineamientos políticos del Poder Ejecutivo, ni de este ni de ninguno otro, esta es la garantía que tenemos todos los ciudadanos para poder vivir en paz, armonía y libertad; no obstante lo que piense la Sra. Presidente y muy a pesar de sus promesas de campaña de mejorar la calidad institucional en la república. La situación es de suma gravedad, y se advierte en el manejo discrecional de los poderes del estado, aun en aquellos en que esta representada la oposición como la Auditoria General de la Nación, y que ahora lo vemos de manera directa con la intervención en el Poder Judicial desmantelando un fuero completo a fin de que no se pueda fallar en causas en las que el gobierno tiene algún interés.
Pero toda esta estrategia esta destinada a someter a un poder que no pueden domesticar, para luego evitar cumplir cualquier fallo adverso (Santa Cruz, Anses, jubilados, etc..), y lograr así la total impunidad. El objetivo explicito es aumentar la presión sobre la justicia, como se hizo con el PER SALTUM a la Corte y ahora, no habiendo tenido los resultados esperados se fomenta la presencia de Hebe de Bonafini todos los jueves en tribunales descalificando a los jueces de la Corte Suprema y tratando de doblegar alguno de ellos para lograr sus objetivos políticos. Ante estas actitudes la propia Corte en otras oportunidades reclamo mesura, y la Sra. Presidente solo atinó a decir que se la quería “censurar”, cuando en realidad sucedía exactamente lo contrario. No es bueno para nada que un poder este manejado por otro poder, mucho menos cuando se trata del Judicial, que debe su existencia precisamente para controlar a los demás.
Creen que el poder les pertenece, se autoelogian y se aíslan. No creen en equilibrios ni en los frenos y contrafrenos que todo estado de derecho debe tener, y queda claro que el gobierno no permite controles ni disidencias, pretenden desmantelar los medios que no responden a la pauta oficial para con ello imponer un relato que ya no convence a nadie, y no respeta las reglas de juego del sistema democrático. Esta es la tragedia Argentina en la que día tras día vemos como “avanzamos hacia el pasado” y hacia un GULAG stalinista donde a quienes se manifiesten contra el modelo se les aplica el terrorismo de estado (ahora con la nueva ley) mediante la persecución fiscal y descalificación personal y mediática, como se hace contra actores, periodistas, directores de cine, sindicalistas, jubilados, etc...
Para el gobierno existen solo una clase de jueces: los que les dan la razón o fallan a su favor, esto es absolutamente antidemocrático, y nuestra responsabilidad como oposición es mantener en pie y con sus facultades a pleno a la Corte Suprema de Justicia como último bastión y garante del mandato constitucional, por el respeto a las libertades publicas, las garantías individuales, el fortalecimiento del sistema judicial y del estado de derecho. Parecería imperar la lógica de que son buenos jueces que le convienen al poder, y en ese error por cierto, han logrado que permanezcan algunos funcionarios judiciales que están fuertemente cuestionados por sus fallos, pero que curiosamente siempre salen sorteados en las causas del poder, y afectan fuertemente la confianza y credibilidad en este poder del estado.
Probablemente para reconstruir esa confianza será necesario aumentar la participación popular y establecer el juicio por jurados como ya existe en algunas provincias y lo prevé nuestra Constitución Nacional, pero de ninguna manera debemos ser funcionales a quienes proponen la designación “electiva” de jueces y funcionarios, porque ello puede conllevar a un colapso del sistema y a una mayor politización de los hombres y mujeres que formen parte del Poder Judicial, o posiblemente adicto como se pretende. Tampoco creemos posible limitar los mandatos o la duración de los acuerdos legislativos, ni mucho menos condicionar su permanencia sometiéndolos a exámenes periódicamente. Democratizar el Poder Judicial, no es demonizarlo, significa darle mayores recursos, capacitación, equipamiento, y fundamentalmente autarquía financiera, autonomía presupuestaria, e independencia política, administrativa e institucional. Todo lo contrario al discurso oficial.

Queda claro entonces, que lo que la Sra. Presidente persigue en realidad es mas control sobre la Justicia con un mensaje falaz de su “democratización”, pero para esto no hay que llevarse por delante las instituciones ni mucho menos implica avasallar los procedimientos y violentar el normal desempeño tribunalicio, sino quizás brindar mas transparencia, imparcialidad, objetividad y publicidad en el funcionamiento burocrático del Poder Judicial en esta etapa de la vida nacional. También nos exige a todos y mucho mas a la oposición la defensa irrestricta e incondicional de una Nación respetuosa del estado de derecho, de sus instituciones, de la libertad de expresión, y de un sistema en el que se encuentre plenamente vigente la Constitución Nacional para todos, asegurando así la pacifica convivencia entre los ciudadanos que quieren trabajar y crecer en una democracia verdadera
Hoy estamos por la defensa de la independencia, inamovilidad e intangibilidad de los magistrados para que puedan impartir justicia lo mejor posible. Ese es el desafío al que estamos avocados y dispuestos a dar el debate por una mejor JUSTICIA e incluso con la participación de todos los hombres y mujeres que componen el propio Poder Judicial, los colegios de abogados y el Concejo de la Magistratura y la comunidad toda, en esa tarea creemos que seguramente nos acompaña gran parte del pueblo Argentino, en homenaje a los superiores intereses de la nación.
*Diputado Nacional. Exclusivo para ON24- Fuente: On24