Por Arturo Navarro(*)
Desde el año 1983 participo en el gremialismo confederado y asisto al mismo debate por el tema de las inundaciones. No cambiaron las políticas ni existe una propuesta general – pública y privada - consensuada por toda la dirigencia. No asumen que para cubrir los riesgos climáticos actuales, que castigan al sector rural como está ocurriendo en Salta y Jujuy entre otras provincias, necesitamos políticas de estado para atenuar las pérdidas de los productores. Una pérdida de 5000 millones no se puede cubrir con la obsoleta ley de emergencia agropecuaria que dispone de 500 millones de pesos como fondo.
El cambio climático es una realidad, por lo tanto los bienes y las inversiones rurales y urbanas no deben quedar desamparadas a la buena de Dios. Hasta las mismas empresas de seguros han sido sorprendidas por la magnitud de los mismos y tienen que replantear sus coberturas para poder mantenerle un servicio que sea eficiente y competitivo para todos los sectores.
La idea central de esta iniciativa que vengo difundiendo y que no practicamos , es que los productores tengan una cobertura integral por los diferentes riesgos agropecuarios como tienen los países que planifican y diagraman el largo plazo. No le sirve al productor tener un Estado y una dirigencia que sigue actuando como bombero ante cada evento climático.
Una política para protegerse de los riesgos, debería diseñarse a través del siguiente formato:
Una política de seguro para cubrir los riesgos previsibles, con subsidios a las primas que incentive su uso, cambiando la vocación aseguradora de nuestra sociedad.
- Crear un Fondo Anticiclico Nacional para atender los desastres por eventos rurales y urbanos no previsibles. Para acceder a dichos fondos tendrán como condición los damnificados, que tengan asegurados todos sus bienes asegurables.
Un país que invierte 80.000 millones todos los años para la siembra de 32 millones de hectáreas para producir 100 millones de toneladas de granosmanifiesta las siguientes contradicciones: (a) que los bancos oficiales sigan dando créditos sin seguro, (b) que se siga vendiendo insumos sin asegurar su cobranza con dicho instrumento y (c) que muchos productores inviertan sin tomar previsión alguna considerando que es una explotación a cielo abierto.
Asumamos que los eventos climáticos vinieron para quedarse y su repetición va a ser permanente e imprevisible, con un estado que no tiene políticas de estado suficientes, para atenderlos aunque quisiera, en el actual contexto económico del país.
España, EEUU, Brasil, Colombia entre otros aplican este tipo de políticas activas. Dichas políticas potencian los intereses del conjunto al conseguirse más altos niveles de producción y exportación. No es casual que esta política para cubrir los riesgos climáticos esté reconocida por la Organización Mundialde Comercio (OMC) : con subsidios “verdes” de hasta el 50% a la prima en los seguros individuales y de hasta el 80% en el seguro colectivo a pequeños productores.
Si estamos dispuestos a modificar esta relación del estado con el sector agropecuario , ha llegado la hora que nuestra dirigencia ponga en agenda este tema en esta campaña electoral y empecemos a trabajar en una propuesta para el largo plazo. No pretendamos inventar el agujero del mate. Hay mucha experiencia en el mundo y en el país. Solamente hay que tener la capacidad de dialogar y adaptarla a nuestra idiosincrasia. Solamente un dato: el subsidio del 50% de la prima de seguro agrícola como hace Brasil representaría 600 millones de pesos anuales. Con este incentivo pasaríamos de asegurar 17 millones de hectáreas agrícolas actuales a asegurar 21 millones en el futuro por lo menos.
Esta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos fiscales . Todo lo contrario: darle previsibilidad al productor implica finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado.
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