Políticas públicas para la niñez

Por Julián Obiglio. 

El primero de agosto Página 12 publica un artículo de mi colega Mara Brawer, en el cual se critica duramente un proyecto de ley de mi autoría que dispone que los menores de 16 años de edad no deben participar de protestas y marchas convocadas y organizadas por adultos, con temáticas que nada tengan que ver con la agenda juvenil.
Las expresiones vertidas por la Sra. Diputada en su artículo dejan en evidencia algunos errores que seguramente son involuntarios y posiblemente se deban a su breve experiencia en materia de debate parlamentario. En primer lugar, es muy recomendable, antes de opinar sobre un proyecto de ley de un colega, leerlo en su totalidad, incluyendo articulado y fundamentación. En segundo lugar, no es de buen tino realizar críticas personales al autor del proyecto, sino que más bien las buenas formas sugieren criticar la política pública en concreto. Finalmente, en tercer lugar, resulta muy enriquecedor para el debate legislativo, proponer políticas o soluciones alternativas a la iniciativa que se está criticando.
Dicho esto, corresponde indicar que el proyecto en análisis es una iniciativa destinada específicamente a proteger los derechos de los menores de edad, tal y como lo sugieren las Naciones Unidas, a través de la UNICEF, su organismo especializado en dicha materia. Al respecto, dicho organismo ha expresado su preocupación por la elevada presencia de menores en marchas y protestas en Perú, Bolivia y Argentina, indicando que los niños y adolescentes no deben ser expuesto a esas acciones, ya que pueden implicar situaciones de riesgo, violencia, vulnerabilidad y desprotección derivados de algún conflicto entre los adultos que participan de la actividad.
Tanto en Bolivia como en Perú se han comenzado a analizar diversas iniciativas legislativas tendientes a evitar que los menores participen en marchas o movilizaciones que tengan temáticas distintas a las juveniles y que no sean convocadas por personas de su misma generación. Lo que se busca con dichas iniciativas es la protección de aquellos menores, muchas veces lactantes, que cotidianamente se ven en marchas, piquetes y manifestaciones a lo largo y lo ancho de nuestro país. La protección de esos niños que son llevados por sus padres recorriendo largas distancias desde sus hogares hasta los puntos de concentración, que durante horas son privados de las mínimas condiciones de higiene, de aseo, de alimentación y de hidratación. Niños que bajo la lluvia o en el frío carecen de la posibilidad de que se les caliente una mamadera. Niños que muchas veces pasan horas bajo un sol abrasador. Niños que no pueden descansar ni tener las horas de sueño necesarias para su desarrollo porque están rodeados del ruido propio de los bombos, los altoparlantes y la pirotecnia.
Parece obvio decirlo, pero las discusiones sobre políticas públicas para la niñez deben focalizarse en el interés del niño, no en los deseos de los padres. El lugar de los menores es la escuela, el club, la colonia de vacaciones, la plaza, los juegos. Hacia ello tienen que tender las políticas públicas. Pretender desnaturalizar esta realidad va en contra de todas las recomendaciones de los profesionales en la materia, locales e internacionales, de izquierda, de centro y de derecha.
Podremos discutir los parámetros de la política pública. Si habilitamos a los niños a participar en marchas de adultos a los dieciséis años, a los catorce o a los doce. Pero no podemos dejar de actuar. Nuestro deber democrático y nuestro mandato como representantes del pueblo, indica que debemos proteger y garantizar sus derechos a todos los ciudadanos, especialmente a los más indefensos, que justamente son los niños.

(*) Julián Obiglio es Diputado Nacional y egresado de ESEADE.  http://www.julianobiglio.com.ar/obiglio2012/opinion/130802.php

FUENTE: ESEADE http://eseade.wordpress.com