El extesorero del Partido Popular español, Luis Bárcenas, habría aportado el dinero para que un presunto testaferro y amigo de Amado Boudou pudiera adquirir parte de la imprenta
Según publicó ayer el diario uruguayo El Observador, una investigación de la Justicia del vecino país revela que la existencia de un nexo entre Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro del vicepresidente Amado Boudou, y el ex tesorero del gobernante Partido Popular español, Luis Bárcenas, en prisión desde mediados de junio acusado de varios delitos de corrupción.
La Justicia de Crimen Organizado de Uruguay investiga a la sociedad anónima Dusbel, presidida por el empresario amigo del vicepresidente, bajo sospecha de participar de operaciones de lavado de dinero -en la que se incluye la compra de la ex Ciccone Calcográfica- perteneciente al funcionario español.
El nexo entre ambos sería una sociedad de nombre P.T. Bex Bursátil -a la que Bárcenas le transfirió dinero desde la sucursal suiza en la que ocultaba 22 millones de euros- que habría inyectado 620 mil dólares en Dusbel SA.
Más tarde, en octubre del 2010, esta compañía compró por 2,4 millones de dólares el 50% de The Old Fund, sociedad anónima también presidida por el supuesto testaferro de Boudou que luego se haría con el 70% de las acciones de la ex Ciccone.
Cabe recordar que al vicepresidente se lo acusa de un presunto tráfico de influencias para quedarse con el negocio millonario de la empresa que, entre otros trabajos, imprime para el Estado billetes de $ 100. Y la operación la habría realizado justamente a través de su testaferro y amigo Alejandro Vanderbroele.
En el periódico uruguayo se agrega que "si bien la investigación en Uruguay, que está a cargo del juez Néstor Valetti y del fiscal Juan Gómez, data de fines de 2012, el abogado argentino Jorge Luis Vitale puso en conocimiento del juzgado de Crimen Organizado el vínculo de Dusbel con una sociedad anónima vinculada al ex tesorero del Partido Popular Español (PP), Luis Bárcenas".
Estos datos demuestran que el escándalo de corrupción en el que está inmerso el vicepresidente Amado Boudou y que salpica a otros funcionarios del Gobierno nacional tiene dimensiones mucho mayores a las de cualquier delito local, y está íntimamente relacionado con el lavado de dinero a gran escala.
La Justicia pidió información en el exterior
El juez Ariel Lijo, quien investiga al vicepresidente Amado Boudou por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, realizó solicitudes de datos a Panamá, Estados Unidos y España, donde están radicadas sociedades que participaron del oscuro entramado del Caso Ciccone.
Una de las solicitudes del juez fue para conocer la información de la agencia antilavado española sobre el presunto testaferro de Boudou. La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) de España envió un informe sobre Vandenbroele a su par de la Argentina la Unidad de Información Financiera. Y Lijo quiere conocer el contenido de esa documentación porque nunca fue aportada al expediente.
Preso por riesgo de fuga
A diferencia de lo que sucede con Amado Boudou, el exsenador y extesorero del gobernante Partido Popular español, Luis Bárcenas, está preso desde junio porque la Justicia teme su posible fuga ante las investigaciones que se le siguen por corrupción.
Bárcenas está imputado desde 2009 por presuntos delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública, y luego fue procesado en otra causa por los supuestos pagos de sobresueldos a funcionarios del Gobierno español.
La oposición acorrala a Rajoy
Los medios españoles vinculan a tres sociedades anónimas uruguayas (PT Bex Bursátil, Tesedul y Rumagol) con Luis Bárcenas, y el juez español a cargo de la investigación ya solicitó a la Justicia del país vecino congelar los fondos de Tesedul, y una cuenta de Rumagol en el HSBC de Nueva York.
Ayer, el opositor PSOE anunció que pedirá la comparecencia del presidente español Mariano Rajoy ante la Justicia en calidad de testigo para que aclare la financiación de su partido -que, según la revelación del caso Bárcenas, se hacía a través de donaciones de empresarios luego beneficiados con contratos de obra pública- y sus relaciones con el ex tesorero.
El Consejo de la Magistratura citó al juez Rafecas
El Consejo de la Magistratura citó para el próximo 10 de setiembre al juez federal Daniel Rafecas para que formule su descargo en el proceso de juicio político en su contra por presunto mal desempeño de sus funciones, a raíz de los contactos que mantuvo con un abogado por la denominada "Causa Ciccone".
La información fue revelada por el consejero kirchnerista, representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, quien integra la Comisión de Acusación y Disciplina, ante la que deberá declarar Rafecas.
Rafecas está acusado por haber intercambiado mensajes del programa Whatsapp con el abogado Danilo Danuzzo Iturraspe, vinculado con el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, cuando estaba investigando las presuntas irregularidades en el rescate de la ex Ciccone Calcográfica (hoy reestatizada) por parte de la empresa inversora The Old Found.
En realidad, la acusación es sospechosa, sobre todo porque se trata del magistrado que fuera desplazado de la causa Ciccone por la Cámara Federal tras realizar un allanamiento en el departamento que Amado Boudou posee en Puerto Madero y en el que se sospechaba que residía Alejandro Vanderbroele, sindicado como presunto testaferro del vice en la imprenta. El Gobierno no le habría perdonado esa acción y motorizó su desplazamiento.
La consumación de la destitución de Rafecas o su sanción significaría un mensaje político y una una señal de debilidad de todos los jueces federales que investigan causas de corrupción.
FUENTE: Publicado en Diariohoy http://diariohoy.net
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