El dispendio de los dineros públicos se refleja en administraciones ineficaces, medidas improvisadas, manejo discriminado de los recursos fiscales, financiamiento del aparato propagandístico y medios adictos, crecimiento constante y desmedido de los gastos del Estado, etc. Por: Aldo Norberto Bonaveri
Quien medianamente esta interiorizado sobre la marcha de la economía puede advertir que las variables no son precisamente halagüeñas. Dicho esto no pretendo ser tremendista, ni mucho menos pronosticar catástrofes; simplemente la intención es repasar el comportamiento que están evidenciando las cuentas públicas, con referencia a ingresos y egresos, los agujeros onerosos de las finanzas nacionales y, sobre en que sectores recae el peso del financiamiento de los desajustes.
Evidentemente
que en algunos rubros el saldo negativo es permanente y justificado, ya
sea por insuficiencia natural o tecnológica en la producción de bienes
específicos e insumos básicos. En cuanto a recursos disponibles, es
normal que en la vida de un país se produzcan determinados déficits en
ciertos indicadores de la economía, en ocasiones son consentidos para
evitar consecuencias más gravosas en otras áreas, pero se torna
preocupante cuando los desequilibrios se acrecientan, se convierten en
crónicos y, en consecuencia cada vez más difícil de enmendar, sin
generar sobresaltos en distintos segmentos de la sociedad.
En
Argentina entre otras cosas, padecemos una marcada distorsión en el
valor de las tarifas de los servicios públicos y precios de los
combustibles. El congelamiento justificado cuando salimos de la
convertibilidad, se fue extendiendo mucho más de lo aconsejable, y ello
derivó en un engaño tremendo en la población sobre los verdaderos costos
de esas prestaciones y, por añadidura del alcance de los salarios. Para
sostener semejante desacople con relación a los precios internacionales
el Gobierno se vio precisado a instrumentar un festival de subsidios,
los que crecieron progresivamente y el año pasado le costaron al país la
friolera de $ 72.000 millones de pesos.
Ante
la magnitud alcanzada, desde el poder se intentó efectuar recortes
significativos que equivaldrían a $20.000 millones; cabe recordar que al
finalizar el 2011, el ministro Julio De Vido anunció que quitarían las
subvenciones a determinados sectores más favorecidos, para ir agregando
posteriormente otros segmentos más numerosos. Si bien la medida se
concretó en los primeros incluidos, el Gobierno optó por dar marcha
atrás con quienes seguían en la escala, habida cuenta el reclamo
generalizado que se planteó ante incrementos que iban del 300 al 500%.
La repercusión era previsible, el grueso de la población se acostumbró a
tener facturas subsidiadas y en virtud de tal prerrogativa incrementó
inconsciente desmedidamente los consumos. Tal ecuación retroalimentó un
círculo vicioso; el consumidor perdió la percepción de los costos
reales, el Estado debió hacerse cargo cada vez más de una demanda
onerosa, a la vez que las empresas prestadoras de los servicios al no
actualizárseles los montos en función de la implacable inflación, hoy se
encuentran prácticamente quebradas, tales los casos de EDENOR y EDESUR
entre otras.
El dispendio
de los dineros públicos se refleja en administraciones ineficaces,
medidas improvisadas, manejo discriminado de los recursos fiscales,
financiamiento del aparato propagandístico y medios adictos, crecimiento
constante y desmedido de los gastos del Estado, etc.,
La
sumatoria del déficit de Aerolíneas Argentinas y Austral ascendió en
2011 a $ 3.340 millones, una cifra semejante a la reclamada el año
pasado como deuda del Estado Nacional con tres provincias: Córdoba,
Santa Fe y Corrientes. Para este año las líneas aéreas requerirán
subsidios próximos a los $ 4.000 millones. Si nos detenemos a pensar que
sectores viajan normalmente por avión, cabe preguntarse ¿Será esto la
redistribución del ingreso?.
Los
desmanejos y la carencia de un política energética nos llevó a perder
el autoabastecimiento de petróleo y gas y, en consecuencia a desembolsar
este año por importaciones u$s 12.000 millones. ¿Se puede ser tan
obstinado y no corregir el rumbo ante tantos fracasos, pese a las
advertencias de los especialistas?. Recientemente Julio De Vido admite
que retrotraer la situación le llevará al país al menos 7 años.
El
déficit financiero registrado en la primera mitad del año trepó a $
3.766,6 millones, 13,9% superior al ocurrido en el mismo lapso del año
anterior. No obstante corresponde hacer la salvedad que dicho
desequilibrio se produjo pese a un auxilio de $ 7.285,4 millones por
giros del Banco Central y la ANSES, por lo que realidad, el primer
semestre cerró con un déficit financiero de $ 10.633,6 millones, casi
cinco veces superior al originado en igual período del 2011, que por
entonces fue de $ 2.169,9 millones.
Otra
muestra del deterioro de las cuentas fiscales lo marca que los gastos
vienen subiendo a una tasa promedio del 35%, mientras los ingresos
crecen alrededor del 25%, grieta que resultará difícil de reducir si la
recaudación no mejora en los en el último trimestre, si esto no sucede
el déficit financiero podría superar los $ 65.000 millones. En
consonancia con ello los cálculos de las necesidades de financiamiento
podrían instalarse en aproximadamente unos 55.000 millones de pesos,
algo así como 2,2% del PBI. Ello sumado a las necesidades financieras
estimadas hasta que expire el 2012, el total que debería cubrir el
Estado Nacional durante todo el año en curso se ubicaría próximo a los $
83.000 millones.
Otro
problema que el Gobierno no puede resolver es la pérdida de
competitividad en la que está inmersa la economía nacional, mientras los
países de la región vienen abaratando sus monedas, nuestro país la
encarece. El peso esta sobrevaluado, registrando alzas del orden del 8%
en el valor del dólar, frente a casi el 30% del real y al 27% de la
inflación, el tipo de cambio oficial está peligrosamente atrasado; si
bien el alza operada en los granos viene disimulando en parte las
consecuencias, las exportaciones industriales y las economías regionales
han dejado en gran medida de ser rentables. Lo que a la postre es
paradójico, cuando desde el corazón del poder se hacen ingentes
esfuerzos para minimizar las importaciones. Seguramente una devaluación,
que es tan necesaria para el sector productivo, traería aparejado
problemas para los asalariados, la distorsión ocurrida en los últimos
años, donde a la postre ha generado una inflación creciente en dólares,
es producto de la ineficiencia e impremeditación de quienes tienen la
responsabilidad de gobernar. Resulta difícil entender que el alza
constante de los precios internos a una velocidad de más del doble de la
tasa de depreciación monetaria.
Los
esfuerzos por sostener el consumo interno, algo auspicioso pero
complicado en el contexto actual y, el índice de inflación están
llevando al Banco Central a una emisión de billetes tal, que supera
todas las previsiones pergeñada por la propia entidad al comienzo de
año. La dimensión de la expansión monetaria ya superó el 40% anual; tan
alto nivel de emisión no hace más que retroalimentar la suba de precios y
profundizar la espiral del dólar paralelo.
El
enfriamiento de la economía repercutió sobre los planes de contratación
de las empresas, que se aletargaron desde el segundo trimestre del año,
asimismo crecieron otros mecanismos de ajuste del mercado laboral,
tales como la cantidad de suspensiones, disminución de horas extras,
anticipo de vacaciones y vacantes no cubiertas.
El
principal costo de los erráticos manejos de la economía lo esta
absorbiendo la producción agropecuaria, la que directa o indirectamente
se ve jaqueada con más obligaciones fiscales, aumentos porcentuales de
impuestos, importaciones de insumos con incremento en sus costos e
intenciones que acechan con más tributos.
Los
controles a la producción son cada vez más estrictos. Ya eran densos y
últimamente han pasado a resultar en una tarea ingente exigida al
contribuyente. Para poder comercializar es menester regirse con
específico modelo de carta de porte, formularios exclusivos para
liquidar ventas, registros de contratos, códigos de trazabilidad y
operación de transporte, proporcionar información a la AFIP de
existencias y hectáreas sembradas y, recientemente confeccionar una
cuenta corriente granaria, a través la cual se impone la obligación de
comunicar lo cosechado de cada grano, a medida que se va realizando la
recolección. De manera tal, que el organismo de control, verificará
(previo de autorizar la comercialización de los mismos) la existencia
real del productor, pues la información debe acontecer antes del
traslado o celebración del contrato de compra - venta.
Cabe
consignar que de incurrirse en omisiones en el cumplimiento pertinente
en la comunicación los datos antes señalados, o la inexactitud de los de
los mismos, se sancionarán a los responsables con restricciones en el
expendio de cartas de porte, impedimento de registrar los contratos para
concretar la comercialización de su producción y suspensión en el
registro de operadores de granos.
Los
derechos de exportación, vulgarmente denominados retenciones, con
alícuotas en algunos casos rayando con lo confiscatorio, tales como en
soja y girasol; constituyen impuestos a la producción que impden deducir
costos de insumos, siembra, recolección, comercialización, alquileres o
arrendamientos, transporte y administración.
Los
tributos provinciales, especialmente el inmobiliario rural, están
adquiriendo una relevancia gravosa significativa, el incremento abrupto
de los cargos es la “solución” adoptada por gobiernos como los de Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos, para hacer frente a los déficits
económicos, generados en gran parte por la pérdida de incidencia los
impuestos coparticipables, que porcentualmente han cedido espacio a
razón del 50% ante el erario nacional.
Semejante
presión fiscal viene siendo asimilada dado los excelentes precios
internacionales que en los últimos años alcanzan a la producción. Tanto
viento a favor, no ha sido aprovechado por un Gobierno cada día más
sediento de recursos. ¿En Balcarce 50, nunca se habrán
preguntado como se arreglarían si las cotizaciones se retrotrajeran a
diez años atrás, o en su defecto a cualquiera de las posiciones de los
últimos 50 años del siglo pasado?
ENVIADO POR MAIL POR SU AUTOR DE PREGON AGROPECUARIO
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