| El acuerdo de marras se genera tras una década de fracasos recurrentes en materia energética, que nos llevaron a malograr primero la condición de país exportador y, posteriormente perder el autoabastecimiento, convirtiéndonos en importadores cada vez más dependientes. |
Por: Aldo Norberto Bonaveri
Con un giro que sorprendió a propios y extraños, mediante el decreto 929 la presidenta Cristina Fernández le confiere a la multinacional Chevron Corporation (sucesora de la Standard Oil), concesiones que como mínimo contradicen el relato y contrastan con el proceder K en materia de hidrocarburos. La flamante disposición que se complementa con el acuerdo rubricado entre YPF y la petrolera norteamericana, para la explotación de un área próxima a los 400 km2 del yacimiento Vaca Muerta.
Producto del entendimiento Chevron queda facultada para exportar parte de su producción allí obtenida sin retenciones, garantizándole la libre disponibilidad de los fondos que esas operaciones generen y, sin la obligación de ingresar al país dólares al tipo de cambio oficial, tal como deben hacerlo las demás empresas que intervienen en el comercio exterior.
El decreto fija el marco para el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, al que podrán acceder las empresas que realicen "una inversión directa en moneda extranjera no inferior" a los 1000 millones de dólares en los primeros cinco años del proyecto, especificando explícitamente que las compañías que cumplan con tal requisito: “podrán comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos, en esos proyectos, con una alícuota del 0% de derechos de exportación, en caso de resultar éstos aplicables” .
Así mismo, la norma le otorga a los inversores otra salvaguarda, previendo que si la producción nacional no alcanzara a cubrir la demanda interna y, el Gobierno debiera disponer de las exportaciones para cubrir dichos faltantes, las petroleras cobrarán por esa porción "un precio no inferior al precio de exportación de referencia", sin retenciones; contemplando además, que las empresas que deban ceder esos volúmenes, obtendrán "derecho prioritario a obtener divisas de libre disponibilidad a través del Mercado Único y Libre de Cambios por hasta un 100% del precio" logrado por la venta en el mercado interno.
El acuerdo de marras se genera tras una década de fracasos recurrentes en materia energética, que nos llevaron a malograr primero la condición de país exportador y, posteriormente perder el autoabastecimiento, convirtiéndonos en importadores cada vez más dependientes. La sucesión de fiascos son consecuencia directa de la inexistencia de políticas en la materia, obrando con improvisaciones sobre los efectos con los resultados que están a vista, que para el año en curso significará al país una sangría de divisas entre u$s 13.000 y 15.000 millones.
Sin duda que era menester cambiar el rumbo sobre todo lo actuado hasta el presente; al mismo tiempo las explicaciones dadas son insuficientes para emitir juicios definitivos y, es demasiado prematuro para predecir los resultados; no obstante el Gobierno actúa soslayando cualquier tipo de autocrítica, cuando las secuelas son concluyentes, al tiempo de reincidir en la soberbia que lo caracteriza.
Con esta medida quedan de lado los fundamentos esgrimidos en el dictado de la ley de “recuperación de YPF” y de la tan mentada “soberanía hidrocarburífera”. Una vez más, en un tema trascendente y estratégico se obvia al Congreso de la Nación, donde debería haberse debatido en profundidad, remplazándolo por un simple decreto. La norma también deja sin efecto disposiciones impuestas por el propio Poder Ejecutivo sobre: las restricciones a la libre disponibilidad del petróleo, o colisiona con las limitaciones determinadas para el egreso de divisas.
Por otra parte, este acuerdo deja al descubierto la incapacidad de YPF para captar inversiones, aun cuando Vaca Muerta reviste la condición de ser potencialmente un atractivo superlativo, habida cuenta de tratarse de la mayor reserva no convencional de petróleo y gas de Sudamérica. El problema radica en la falta de previsibilidad y seguridad jurídica que califica el Estado argentino.
El socio escogido tampoco parece como el más adecuado, desde el punto de vista cuantitativo Chevron ha evidenciado en nuestro país menor eficiencia productiva que Repsol, cuya performance dejó bastante que desear (en el último año redujo su producción en 17% cotejando con el anterior). A la luz de esta determinación cabe preguntarse ¿Fue estudiada la re-estatización de YPF, cuando ahora se requiere reprivatizar una parte?, el interrogante tiene más sentido cuando el beneficiario no acredita méritos suficientes.
El predicamento de Chevron esta devaluado internacionalmente, fundamentalmente por el problema que arrastra en Ecuador desde las postrimerías de la década del 90’, allí la multinacional está involucrada en severa contaminación y degradación de suelos y recursos hídricos, como consecuencia de las explotaciones que en la selva amazónica desarrollaron Chevron-Texaco. La demanda planteada por el país damnificado es actualmente del orden de u$s 19.000 millones, siendo oportuno destacar que Argentina en una instancia judicial había resuelto provenir el embargo de los activos emplazados en el país, lo que no fue consumado debido a que fallos de la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia determinando que no era procedente.
El decreto plantea también incertidumbres, por ley las concesiones petroleras caducan en pocos años, cuando ello ocurra son las provincias las que tienen la potestad de asignarlas, empero el acuerdo de marras franquea concesiones por 35 años, por lo que a la postre constituye un avance del Estado nacional. En otro orden de cosas, es muy probable que la cuestión vuelva a generar un conflicto de poder, partiendo de la base que la Constitución establece que el Congreso nacional tiene la facultad de decidir sobre los derechos de exportación y, aquí es el PE quien está eximiendo.
ENVIADO POR SU AUTOR
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