A más de dos años de la muerte del Fiscal Alberto Nisman, de la que aún no sabemos siquiera cómo se produjo, un nuevo enigma surgió el jueves en Buenos Aires con el sospechoso deceso del financista Aldo Ducler, casualmente también a dos días de haber formulado una muy grave denuncia contra los Kirchner y su entorno.
El problema principal que afecta a nuestro país es la inexistencia de una Justicia independiente, seria, eficaz y rápida. Y lo sostengo porque no hay un potencial inversor en el mundo, sea argentino o extranjero, que esté dispuesto a traer un solo dólar a la Argentina y someter sus intereses particulares a la decisión de nuestros jueces; la mayor prueba de ello es que, en los más que escasos contratos que se han firmado, se acuerda la jurisdicción de otros países, en general Estados Unidos y Gran Bretaña, para dirimir los conflictos. ¿Se acuerda del famoso Juez Griesa?
Aquí no se ha producido una situación similar a la de Brasil, donde la Justicia, innegablemente por la extrema presión de la muchedumbres en las calles, ha vuelto a ser eficaz y recuperado un enorme crédito social, a fuerza de investigar y llevar a la cárcel a funcionarios, políticos y empresarios que aún detentan poder, y qué decir de quienes ya lo perdieron.
El asco hizo que cerrara mi nota anterior con una frase premonitoria, referida a la actuación del Consejo de la Magistratura frente al Juez Eduardo Freiler: “si lo salva, como hiciera tantas veces con Norberto Oyarbide, el organismo se habrá cubierto de oprobio una vez más, y los ciudadanos de a pie sabremos que la Argentina ya no tiene futuro alguno”.
Jorge Candis resolvió retirar su apoyo al comienzo del proceso de remoción al corrupto integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, enriquecido inexplicablemente durante muchos años y acreedor de innumerables favores hechos al kirchnerismo a través de sus sentencias. El representante de los académicos se sumó así a los siete votos seguros –sobre los dieciséis totales- con que contaba Cristina Fernández en el organismo que debiera controlar la conducta de los magistrados nacionales y sancionar o destituir a los delincuentes.
El resto de esa infame recua está encabezado por Gabriela Velázquez, una Juez laboral que, hace no mucho tiempo, fue ponderada por la ex Presidente como una de sus piezas claves en el andamiaje judicial que montara con su famosa Justicia Legítima, casi tanto como Alejandra ¡Giles! Carbó, la Procuradora General de la Nación, tan sospechada de robar y tan difícil de remover.
El fracaso del Consejo (o el triunfo de la dupla Cristina/Freiler) es, ni más ni menos, que la punta de un ovillo que confirma que aquí la ciudadanía se encuentra inerme frente a la gigantesca corrupción judicial y que todos continuaremos sometidos, en cuanto a nuestra libertad, honra y patrimonio, a las decisiones de magistrados sin escrúpulos que no nos juzgarán con arreglo a la ley sino a sus propios intereses, sean éstos políticos (sirviendo a los autores del zafarrancho saqueador y persiguiendo a quienes actúen en contra) o simplemente crematísticos, para seguir comprando mansiones, yates, caballos de carrera y autos de colección.
Todo eso seguirá sucediendo mientras no se retrotraiga la composición del Consejo a aquélla instituida en 1994 y que el kirchnerismo alterara para dar mayor participación a la política, a través de los senadores y diputados, en desmedro de los jueces y de los abogados, rompiendo el equilibrio que la Constitución procuraba. Pero para que ese cambio se produzca se requiere de una ley del Congreso, sancionada por mayorías especiales en ambas cámaras, algo imposible de obtener por la calaña de nuestros congresistas. Cambiemos se encuentra en minoría, situación que no se modificará con las elecciones de octubre, aunque el oficialismo obtuviera un resonante triunfo.
La convocatoria por parte del Poder Ejecutivo a una consulta popular, creada por el artículo 40 de la Constitución y utilizada por Raúl Alfonsín para terminar con los problemas limítrofes con Chile, no resulta aplicable en este caso, porque el Consejo de la Magistratura está expresamente excluido, como los impuestos, de los alcances de ese recurso democrático.
Una breve digresión: ése –la consulta popular- es el mecanismo que reiteradamente he propuesto al Gobierno para terminar con el tema de los militares-presos políticos. Sí, como creo, la sociedad está harta de la vocinglería y los histéricos aullidos de los pseudo organismos de derechos humanos, que sólo buscan la venganza y la destrucción final de las fuerzas armadas, Mauricio Macri obtendría el respaldo enormemente mayoritario que, según parece, le resulta necesario para enfrentarlos, a pesar de las abundantes pruebas de la comisión de innumerables delitos por parte de esas organizaciones, confesamente subversivas.
Regresando al tema de la Justicia, o de la falta de ella, creo que el tajo al nudo gordiano ante el que estamos detenidos lo debe dar toda la ciudadanía, como sucede en Brasil, gritando todos los días en las calles que estamos hartos, que no soportamos más seguir siendo esclavos –con impuestos que se han convertido en una verdadera confiscación- para que políticos ladrones y sus socios empresarios sean cada vez más ricos.
Pero en especial debemos ser nosotros, los abogados, quienes nos paremos de manos frente a los magistrados deshonestos. Cada vez que un expediente en los que intervengamos caiga en manos de un juez afectado por serias acusaciones de corrupción, debemos recusarlo invocando su falta de idoneidad moral para ejercer su cargo. Además, debemos tener el coraje de denunciar penalmente el frecuente pedido de coimas o favores. No sé cuántos de mis colegas estarán dispuestos a seguir esta sugerencia, porque es innegable que conlleva importantes riesgos personales atacar a una corporación tan fuerte y cerrada como la judicial.
Para concluir, respondo a quienes tanto lo han preguntado: el Juez Martínez di Giorgi rechazó hoy la denuncia que yo formulara contra Hebe de Bonafini, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, H.I.J.O.S., La Cámpora, Kolina y otros por incitación a la violencia, intimidación pública, apología del crimen y atentado contra el orden constitucional por sus dichos en la Plaza de Mayo el 24 de marzo. Hizo suyo el dictamen del Fiscal, quien dijo que no existía delito porque "las expresiones sometidas a investigación se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión". ¡Verdaderamente notable!, y así nos va.
Bs.As., 3 Jun 17
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado - ENVIADO POR SU AUTOR
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