El Acuerdo de París para combatir el calentamiento global es un convenio, suscripto en el marco de la Naciones Unidas, tendiente a unir a todos los países en un esfuerzo coordinado de reversión del cambio climático. La meta es mantener la temperatura global 2°C por debajo de los niveles que había en el planeta antes de la Revolución Industrial. Para ello cada país se compromete a modificar, a partir del año 2018, sus fuentes de generación de energía.
Una adhesión clave fue la del ex – presidente de Estados Unidos Barack Obama. Por el tamaño de ese país, su reducción en el uso del carbón y fuentes fósiles para la generación de energía son decisivos para el logro de las metas del pacto. Por eso genera preocupación y rechazo que el actual presidente haya decidido revertir esta decisión alegando que es necesario proteger el empleo de los mineros del carbón en Estados Unidos.
Salvo matices y diferencias en los órdenes de magnitud, la Argentina arrastra políticas similares a las que impulsa Donald Trump. Un caso muy ilustrativo es el de Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Según el Presupuesto Nacional 2017 la situación financiera de la empresa para el año en curso es la siguiente:
Su presupuesto total asciende a $4.360 millones anuales.
Con ingresos propios sólo cubrirá el 3% de su presupuesto.
El 97% restante de su presupuesto, o sea unos $4.216 millones, será cubierto por subsidios aportados por el Tesoro Nacional.
Estos datos muestran que la Argentina también sigue políticas de protección a la minería del carbón.Si bien desde la década de los ’80 este mineral viene siendo desplazado como fuente de energía, el uso de fondos públicos para sostener una empresa que pretende producir energía a partir del carbón no se detuvo. Resulta contradictoria la decisión de adherir al Acuerdo de Paris y, en paralelo, contemplar en el presupuesto una importante partida de fondos para subsidiar una actividad que implica una “contribución negativa” a las metas de reducir el calentamiento global.
La Argentina es un país con envidiables ventajas para la generación de energías limpias. Aunque de origen fósil, el país tiene enormes potencialidades para la producción de gas convencional y de shale. Asimismo, cuenta con inmensas dotaciones naturales para producir energía hidroeléctrica, eólica y solar. Sin embargo, entre los años 2007 y 2017 se asignaron a Yacimiento Carbonífero Río Turbio U$S 3 mil millones desde el Tesoro nacional. Este monto usado para subsidiar la industria del carbón es similar a lo que requieren los 60 proyectos de energía eólica, solar, hidroeléctrica y biogás que se proyectan en el Plan de Energías Renovables (RenovAR 1.0 y 1.5).
El argumento más utilizado para defender el uso de fondos públicos en proyectos como el de Río Turbio es la conservación de los empleos. Igual que con los planteos de Trump, este argumento más que un legítimo objetivo de equidad social es una excusa para defender intereses espurios. Por un lado, porque existen formas mucho más racionales, eficientes y justas de generar oportunidades laborales. Por el otro, porque casi el 40% de los recursos que el Estado transfirió a la empresa no se usaron para pagar salarios sino otras contrataciones administradas con escasa transparencia y dudosa racionalidad.
La decisión de Donald Trump de proteger el empleo en la industria del carbón merece un enfático rechazo por los daños que genera al medio ambiente. Pero también demanda revisar la consistencia de las políticas que se vienen aplicando en la Argentina. Una reflexión crítica y sincera pone en evidencia el enorme daño social que generan proyectos no sustentables desde el punto de vista tecnológico, ecológico y financiero. Con los mismos recursos, pero mejor direccionados y administrados, se podría evitar la contaminación, reducir los riesgos de corrupción y generar más empleos genuinos y productivos.
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