CUANDO LA COMODIDAD SE
DISFRAZA DE LEGALIDAD
Por el Dr. Jorge Enrique Yunes (*)
El Colegio de Magistrados y la Cámara Laboral de Rosario se empecinan
en cumplir a rajatablas con lo dispuesto por el art. 277 de la L.C.T., el cual
dispone en su primer párrafo: “Todo pago que deba realizarse en los juicios laborales se
efectivizará mediante depósito bancario en autos a la orden del Tribunal
interviniente y giro judicial personal al titular del crédito o sus
derechohabientes, aún en el supuesto de haber otorgado poder”.-
Ahora bien, creo que por comodidad olvidan cumplir también con lo que
dispone el art. 51 del C.P.L, en su cuarto párrafo, el cual reza: “El juez
deberá tomar personalmente bajo sanción de nulidad la audiencia de trámite; la
que se ajustará al siguiente ordenamiento…”
Debo decir que en más de dos décadas y
media de ejercicio profesional de la Abogacía, jamás un Juez laboral
tomó personalmente la medular audiencia de trámite, teniéndolo que hacer nosotros,
los profesionales intervinientes, con lo cual, y si seguimos el criterio
asumido por el Colegio de Magistrados y la Cámara Laboral de Rosario, todas las
audiencias de trámite contenidas en los innumerables expedientes tramitados en
sede laboral se encontrarían entonces viciadas de nulidad absoluta, más allá de
que en las actas consten luego las firmas del Juez y del Secretario con sus
correspondientes sellos.-
Es decir, que según la conveniencia, los Magistrados reconocen o no la
desuetudo, pero el pato de la boda lo seguimos pagando los profesionales del
derecho, y en este caso en particular también el trabajador, porque que ve
enmarañada y dilatada su posibilidad de hacer efectivo en forma inmediata su
crédito laboral, ahora inútilmente bancarizado.-
Es de público conocimiento el colapso que experimenta la justicia
rosarina, la que se ve desbordada por la enorme cantidad de expedientes en
trámite, pero pretender solucionar este añejo problema con la aplicación a
rajatablas del ordenamiento jurídico vigente, sin siquiera tomar en cuenta los reales
efectos del criterio asumido, resulta cuanto menos una mera manifestación de
conveniencia, más que la verdadera intención de realizar con probidad el valor
justicia. La solución no pasa por allí, sino por acrecentar de una vez por
todas la infraestructura judicial con más jueces y más empleados, y esto deja
ya de ser una decisión que deba tomar el Colegio de Magistrados, la Cámara
Laboral o el Colegio de Abogados, esto ya es en sentido estricto, Política de
Estado, y la debe desplegar sí o sí el elenco gobernante.-
“Seamos esclavos de la ley para que podamos ser libres” dijo Cicerón,
pero tampoco debemos perder de vista el viejo adagio que dice: “La costumbre
hace la ley”.-
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