Uno de los rasgos más notables de la campaña electoral fue la escasa mención al impresionante aumento del gasto público de los últimos años. Por el contrario, los candidatos compitieron fundamentalmente con propuestas que implican bajar impuestos y aumentar erogaciones. Que por electoralismo se lo haya eludido, no implica que reducir el gasto público deje de ser el tema más importante y urgente que deberá enfrentar el próximo gobierno. Durante la campaña electoral los candidatos negaron o al menos eludieron hablar de ajuste fiscal. Sin dejar de reconocer que hay desequilibrios económicos que ameritan ser atendidos, en los discursos se destacaron los planteos optimistas en torno al futuro y que los desbalances se pueden corregir con medidas gradualistas. Si en algún caso se habló de ajuste fue para descalificar a los adversarios.
En sentido contrario, pulularon las promesas que implican agregar presión sobre las finanzas públicas. Por el lado de los ingresos, hubo amplias coincidencias en revisar el impuesto a las ganancias y las retenciones a las exportaciones. Por el lado de los gastos, la necesidad de potenciar programas sociales, respetar derechos de los jubilados y aumentar las transferencias a las provincias. A su vez, se señaló la conveniencia de ser más prudente con la emisión monetaria a los fines de reducir la inflación.
¿Es factible llevar a la práctica estas propuestas? Para abordar este importante interrogante es pertinente observar los datos del Ministerio de Economía. Según esta fuente, el gasto público del Estado nacional presenta el siguiente comportamiento:
En el año 2004 el gasto público equivalía al 20% del Producto Bruto Interno (PBI).
En el primer semestre del año 2015 el gasto público alcanzó al 34% del PBI.
Esto significa que entre los años 2004 y 2015 el gasto público del Estado nacional creció un 70% por encima de lo que aumentó la producción.
Los datos oficiales muestran la impresionante expansión de las erogaciones del sector público nacional. Se trata de un fenómeno que limita severamente la política económica porque, aun habiendo aumentado a niveles récords la presión tributaria, el financiamiento disponible resulta insuficiente. La evidencia es que el desequilibrio fiscal alcanza al 6% del PBI que en una porción importante deriva en emisión monetaria sin respaldo. La experiencia internacional y la propia historia de la argentina muestran que este nivel de desequilibrio en las cuentas públicas no es sostenible. Grecia y Brasil están en procesos de ajustes con déficits fiscales que se ubican entre 3% y 6% del PBI. Argentina en el año 2001 tenía un déficit fiscal equivalente al 3,2% del PBI.
Se argumenta que el bajo nivel de endeudamiento público y la abundancia de financiamiento internacional ofrecen vías para cubrir este desequilibrio. Pero se pasa por alto que el acceso a los mercados de crédito internacionales está condicionado a la credibilidad que pueda generar el próximo gobierno, resolver el conflicto con los fondos “buitres” (para lo que es necesario asignar más gasto público) y mostrar una estrategia de equilibrio fiscal indicativa de que las deudas podrán ser pagadas.
Por eso, el tema más importante y urgente que deberá abordar el próximo gobierno es el que no se tocó en la campaña: el ajuste de las tarifas y el despilfarro en las empresas públicas y otras áreas del Estado. Eliminando los subsidios económicos se podrá obtener un ahorro cercano al 4% del PBI que generará la base de credibilidad para acceder al financiamiento internacional a costos razonables y contar con espacio fiscal para revisar el impuesto a las ganancias y las retenciones a las exportaciones, respetar el federalismo, cancelar deuda con jubilados y mantener los planes asistenciales. Solo bajo estas condiciones, un plan de reducción de la inflación basado en un acuerdo social y una política monetaria menos expansiva tiene chances de éxito haciendo relativamente simple eliminar el cepo cambiario.
Más allá de que por oportunismo el tema fue eludido en la campaña electoral, reducir el gasto público y mejorar la calidad en su gestión es el pilar básico de cualquier estrategia de recuperación económica y social. La eliminación del cepo cambiario no es un desafío difícil de superar. Es la reconstrucción del Estado la condición previa y la que requiere valentía política, elevada pericia técnica y mucha profesionalidad.
Publicado en IDESA- Newsletter semanal - www.idesa.org - enviado por mail-
No hay comentarios:
Publicar un comentario