2 de cada 3 nuevos alumnos optaron por escuelas privadas

La fuga de las familias enviando sus hijos a escuelas privadas es persistente. Si bien el fenómeno responde a muchos factores, uno muy importante es la intensificación de las huelgas ocurridas a partir de la intromisión del Ministerio de Educación nacional fijando salarios que luego tienen que ser pagados por las provincias. Volver al esquema en el que cada provincia fije el salario de sus docentes es un primer paso para revertir la decadencia de las escuelas estatales. La educación básica de la Argentina es provista por 24 sistemas administrados por cada una de las provincias que conforman el país. Este diseño no es fruto de decisiones recientes (como frecuentemente se afirma que la descentralización de las escuelas ocurrió en las décadas del ’70 y el ’90). Es una definición que adoptaron los constituyentes de 1853 que, además de establecer la organización federal, fijaron explícitamente en el artículo 5° de la Constitución que cada provincia administrará la educación básica de su territorio. De este precepto constitucional se deduce que el Ministerio de Educación nacional no tiene ningún poder formal para imponer a las provincias una decisión. Preside el Consejo Federal de Educación, que es un órgano de diálogo y coordinación de las provincias, pero cuyas resoluciones no son vinculantes. Al no ser obligatorias se preserva la responsabilidad de las provincias en la gestión de la educación básica. Violentando esta arquitectura institucional, en el año 2007 se puso en práctica una paritaria centralizada liderada por el Ministerio de Educación nacional donde se fijaban pisos al salario docente que pagan las provincias. Esta intromisión potenció la conflictividad laboral afectando seriamente el funcionamiento de las escuelas. Un indicio del impacto que tuvo puede observarse en la evolución de la matrícula escolar. Según datos del Ministerio de Educación entre los años 2007 y 2015 se observa que: La matrícula total del nivel inicial, primaria y secundaria creció en 755 mil alumnos. En escuelas de gestión estatal, la matrícula creció en 266 mil alumnos. En escuelas de gestión privada, en cambio, la matrícula creció en 489 mil alumnos. Estos datos muestran que el establecimiento de la paritaria fijando pisos que condicionan la posterior negociación en cada jurisdicción coincide con una importante fuga de las familias hacia las escuelas privadas. Resulta muy sugerente que prácticamente 2 de cada 3 nuevos alumnos de educación básica optaron por escuelas privadas cuando los padres de esos niños en su gran mayoría se formaron y sienten reconocimiento y cariño por las escuelas del Estado. Mas que una opción por las escuelas privadas, la fuga parece asociarse a la impotencia y resignación que genera la degradación de las escuelas del Estado debido, entre otros motivos, a los conflictos docentes. La intromisión del Ministerio de Educación nacional en la determinación del salario docente contribuyó a empeorar la educación estatal al potenciar la conflictividad. Al fijar a nivel centralizado pisos en las remuneraciones se aumentaban las demandas sindicales haciendo más difícil compatibilizarlas con las disponibilidades financieras de cada provincia. El resultado fue un exacerbamiento de los conflictos y las huelgas en las provincias. Para las familias se generó una situación traumática que llevó a migrar, asumiendo costosos esfuerzos en el presupuesto del hogar, a las escuelas privadas donde las huelgas, en general, tienen mucha menos resonancia. Que el Ministerio de Educación nacional haya decidido dejar de inmiscuirse en la negociación salarial no garantiza que mejore la gestión que las provincias hacen de las escuelas. Pero es un paso en la dirección correcta al desestructurar un mecanismo cuyo único aporte es potenciar conflictos docentes en las provincias. En el corto plazo obliga a asumir una transición compleja porque afecta intereses corporativos, pero es un requisito necesario para comenzar a revertir la decadencia educativa. Es aconsejable dejar de ignorar las señales que emiten las familias fugándose masivamente de las escuelas estatales. También asumir que la principal carencia que sufren las escuelas no es de recursos, sino de gestión. Una de sus principales manifestaciones es el ausentismo y la desmotivación entre los docentes inducidos por esquemas salariales que promueven la mediocridad y la falta de compromiso. Por eso, desactivada la paritaria nacional, cada provincia debe abocarse a establecer una política salarial que induzca la recuperación de la educación estatal en base a docentes bien pagos, que den clases regularmente y que sean controlados en la calidad de la enseñanza que imparten.