En marzo de 2013 publiqué en este mismo espacio una nota motivada en dos eventos que atraían nuestra atención: el usual conflicto docente en la Provincia de Buenos Aires, originado al no arribarse a un acuerdo en la paritaria del sector y la absurda iniciativa del por entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno, dirigida a crear una única tarjeta para realizar compras en los supermercados, en reemplazo de las tarjetas de crédito existentes.En aquella nota proponía que en lugar de diseñarse una tarjeta que transformase en un monopolio un mercado en el cual las empresas competían activamente por sus clientes, se podría estructurar una tarjeta alternativa con el fin de disminuir el costo del virtual monopolio estatal de la educación. Afirmaba que mediante una tarjeta de este tipo, a la cual denominé EduCard, las familias, en un marco de equidad, podrían acceder a una oportunidad sin precedentes para elegir la educación que habrían de recibir sus hijos. Por supuesto, la propuesta no fue siquiera considerada por el anterior gobierno.
Hoy lamentablemente esta propuesta es tan pertinente como cuatro años atrás. Millones de estudiantes son virtuales rehenes de la disputa paritaria. Es claro que esta clase de conflicto incentiva aún más el éxodo de la escuela pública; muchos padres ya están realizando un importante sacrificio económico para proveerles a sus hijos una mejor educación. Es indispensable que el Estado los apoye y privilegie el futuro de los niños y jóvenes de nuestro país sobre cualquier otro interés.
¿Cómo lograrlo? Sencillo. Un monopolio genera importantes costos para los consumidores ¿Qué mejor evidencia de ello que el virtual monopolio estatal de la educación? Al fin y cabo, aquellas familias carentes de posibilidades económicas para optar entre una institución pública y otra privada enfrentan al Estado como el proveedor monopólico de los servicios educativos que reciben sus hijos.
¿Por qué no estructurar una tarjeta que permita cambiar esta realidad? La misma podría ser entregada a todos los padres de familia o, si fiscalmente ello no es factible, a aquellas familias que califiquen según un criterio de necesidad, con un único importe acreditado a ser aplicado cada mes, ya sea en una institución educativa pública o privada. De esta forma parte del presupuesto educativo seguiría a los alumnos y aún las familias más humildes tendrían la oportunidad de elegir la educación que habrían de recibir sus hijos.
El sistema no atentaría contra la educación pública. Ninguna familia estaría obligada a dejar de enviar sus hijos a la escuela que actualmente concurre. De hacerlo es porque opina que la alternativa elegida provee mejores servicios educativos o más adecuados para los gustos, necesidades o habilidades de sus hijos.
Muchas voces se alzarán contra esta propuesta pero yo les pregunto: si llevamos a cabo una estadística entre los miembros del Congreso y los ciudadanos en altos cargos en el Poder Ejecutivo respecto del tipo de colegio en el cual cursan o han cursado la educación obligatoria sus hijos, ¿no les sorprendería descubrir que una amplia mayoría de aquellos que defienden la educación pública para el resto de sus compatriotas envían sus hijos a instituciones privadas? Estoy seguro que es así.
¿Estará el gobierno del presidente Macri dispuesto a evaluar una propuesta en pos de una real igualdad de oportunidades? ¿Qué mejor forma de refrendar con los hechos su voluntad de llevar a cabo una verdadera revolución educativa?
https://www.ucema.edu.ar/investigacion/ambito-200317
ENVIADO POR SU AUTOR
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