En la Argentina hay, según el Sistema de Consulta de Estadísticas Universitarias, 61 universidades estatales y 49 privadas. La población universitaria se integra por 2,1 millones de estudiantes de los cuales 1,6 millones asisten a universidades estatales y 0,5 millones a universidades privadas. De este total de estudiantes, se estima que 125 mil se gradúan por año de los cuales 91 mil corresponden a las universidades estatales.
Una constante de las universidades nacionales desde el regreso de la democracia es el conflicto docente por mayores salarios. El último de estos eventos se observó en los meses pasados con una prolongada huelga con toma de establecimientos, clases públicas y marchas en plazas públicas.
¿Cuáles pueden ser los factores explicativos de este decadente fenómeno? Si bien, como todo conflicto, su origen y desarrollo tienen múltiples aristas, una manera de aproximar respuestas es analizando las tendencias de los últimos años. Según el Ministerio de Hacienda se observa que entre el 2010 y el 2018:
El presupuesto público para las universidades nacionales pasó de $100 mil a $105 mil millones a precios del 2018, o sea, creció un 5% en términos reales.
La matrícula pasó de 1,3 a 1,6 millones de alumnos, es decir, creció un 22%.
Esto significa que el presupuesto por alumno en las universidades estatales pasó de $77 mil a $66 mil, o sea, disminuyó un -14%.
Estos datos muestran que el crecimiento en la asignación de fondos públicos fue más bajo que el aumento en la matrícula universitaria. Un hecho muy positivo como es que los jóvenes aspiren crecientemente a acceder a estudios superiores, tiene asociado impactos negativos cuando los recursos encuentran un límite. Esto genera una progresiva precarización de las condiciones en las que se desarrolla la actividad académica. Aulas sobrepobladas, instalaciones en malas condiciones, falta de insumos, conflictividad y desorden en la asignación de los recursos donde los docentes que dan clases no necesariamente son los que cobran o, en todo caso, los que mejor cobran.
Se estima que las universidades públicas nacionales cuentan con 184 mil cargos docentes. Si bien dos tercios son cargos de dedicación simple –es decir, docentes que tienen su práctica profesional y complementariamente ejercen la docencia– se trata de una dotación de recursos humanos docentes muy significativa. Equivale a aproximadamente 1 cargo docente por cada 8 alumnos. Este indicador sugiere que habría muchas personas que cobran pero no trabajan insinuando un enorme problema de falta de control y gestión.
Otra manifestación de la mala gestión es la modalidad con la que se plantean las negociaciones salariales. Uno de los principios más celosamente cuidados por la comunidad universitaria es su autonomía –es decir, la no injerencia del Estado en el gobierno universitario– y el cogobierno –es decir, la conducción a través de los representantes docentes, no docentes, egresados y alumnos-. Bajo este esquema, la negociación salarial de los sindicatos docentes universitarios debería ser llevada adelante con el consejo directivo de la universidad. Sin embargo, las autoridades eluden su responsabilidad y es el Ministerio de Educación –que no es el empleador de los docentes ni debería tener injerencia en la gestión universitaria– el que termina negociando con los sindicatos.
Aunque mejorar la gestión es el desafío más importante, es evidente también la necesidad de acompañar el crecimiento de la matrícula con nuevas fuentes de financiamiento que complementen los fondos públicos. Como lo demuestran las experiencias de otros países, una interacción más fluida con los sectores productivos es una vía para generar recursos. Otra es que los alumnos y egresados de más altos ingresos le devuelvan a la universidad parte de lo que ella les da o les dio. Una manera práctica y simple de hacerlo es establecer una tasa diferencial del impuesto a las ganancias a las familias con hijos en la universidad pública y para los egresados de la universidad pública.
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