El testigo Daniel Tunoni se desdijo de algunas acciones que se le atribuían, y denunció un proceso para desprestigiar al Gobierno nacional. Dice que los abogados aprovecharon su situación de necesidad para elaborar una compleja extorsión. Cosa de locos.
Como noticia del momento, se sabe que Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación, insistió en que seguirá en el cargo, en un acto en el Senado en el que recibió, entre otros, el respaldo de legisladores de la oposición. El presidente de la Comisión Bicameral revisora de cuentas, el oficialista Fabián Ríos, anunció la decisión de desplazarlo, y argumentó que su cargo estaba vencido desde 2010.
"Pienso seguir en mi función", insistió Despouy. A pesar de lo anunciado por Ríos, Despouy aseguró: "Mi cargo nunca fue cuestionado por ninguna comisión. Seguiré al frente del organismo para el cual he sido designado. Lo hago contando con el apoyo explícito de ustedes. Resistir los atropellos institucionales forma parte de la pedagogía y la docencia republicanas".
La oposición sospecha que el interés del oficialismo consiste en que no tengan valor judicial las investigaciones realizadas en los dos últimos años, desde que en 2010 se venció el primer mandato de Despouy: entre otros, trabajos muy críticos sobre la situación ferroviaria, y en particular de la empresa TBA.
Según indica la Constitución Nacional, el presidente de la Auditoría debe ser designado por el principal partido de oposición, en este caso la Unión Cívica Radical, que reiteró su voluntad de que Despouy siga al frente de la AGN. El oficialismo, por su parte, anunció que reconocerá a quien postule la UCR, pero la comunicación a los presidentes de las dos cámaras debe hacerse por escrito.
Muchos vinculan este proceso con un informe que Despouy habría presentado sobre la ONCAA, disuelta a principios de año por la presidenta Cristina Fernández. Se trata de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, investigada por millonarios subsidios al sector. En su reemplazo creó un ente que sería manejado por el ex ministro de Economía y actual vicepresidente, Amado Boudou.
Escandaloso
Sin embargo, muchas funciones que tenía a su cargo la ONCCA siguieron bajo la órbita de Agricultura, como la distribución de la Cuota Hilton. La ONCCA había sido creada el 27 de noviembre de 1996 como organismo descentralizado de la ex Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, y actualmente dependía del Ministerio de Agricultura que conduce Julián Domínguez. En tanto, el Gobierno creó la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno, que reemplazó a la ONCCA y sería manejada por el ministro de Economía.
Pero en torno de la corrupción oficializada, varios artículos de Clarín comenzaron a aparecer con elementos de información ya revelados anteriormente por Noticias & Protagonistas. Por ejemplo, las confesiones de Daniel Tunoni, presidente de la cámara pesquera local, en referencia a la ONCCA, que detallan las maniobras con subsidios observadas por el testigo, y no hacen sino confirmar en un ciento por ciento lo ya publicado en este medio.
El escándalo de la ONCCA siguió teniendo a Mar del Plata como centro de atención casi excluyente. Se habló de Patricio Duhalde, un abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sin militancia política conocida e ingresado al servicio público en esa organización de la mano de Fernando Villaverde. Este último fue mano derecha del titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Al igual que Sergio Paleo, Patricio Duhalde es observado por irregularidades en la tramitación de recuperos de exportación, en este caso en la normativa ROE verde.
Hasta llegar a la ONCCA, Duhalde era un abogado más de la plétora local, uno más de esa larga lista que corre para ver cómo engancha un juicio que permita, cuando menos, pagar lo básico. Pero ahora lo investiga el juez en lo Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada, que ordenó los allanamientos del domicilio particular y del estudio de Duhalde, así como su registro personal, si se hallara en alguno de los domicilios indicados en las diligencias procesales.
Duhalde, que se presentara tiempo atrás en la justicia pidiendo la investigación de Francisco de Narváez, está hoy siendo él mismo investigado por la firma de los llamados ROE verde a favor de la empresa Servicios integrados para la exportación de agroalimentos, formada entre otros por Sebastián Díaz Riganti, Marcelo Raúl Cano y Julián de Ezcurra. Las diligencias procesales también enfocan a Leila Elizabeth Jara y Pablo Alfredo Buscarons Vignoles, de la ONCCA.
Retornando a Patricio Duhalde, el magistrado ordenó en los exhortos llegados a Mar del Plata el allanamiento de su vivienda en el barrio cerrado Rumencó, y también en el estudio de Hipólito Yrigoyen 1478 PB. Las órdenes fueron precisas y no dejaron nada librado al azar: “Solicito que se allane y se secuestre toda documentación de papel, soporte magnético, informático, tales como computadoras, pen drives, Ipods, etc”. Es que Patricio Duhalde figuraba en nómina con ingresos por $5.600 mensuales, aunque está filmado en un shopping de Capital gastando $10.000 en una tarde con dos pulposas señoritas.
Respecto del silencio del diario La Capital, no es difícil de explicar: tanto Villaverde como Sergio Paleo fueron piezas fundamentales en el entramado político que manejó el ex senador Jesús Porrúa durante el gobierno radical en la comuna.
La torta repartida
Cuando estalló el escándalo del filetero Juan Tapia, el modesto trabajador que recibió un millón de pesos en carácter de subsidio en el Banco Nación sucursal La Perla, el nombre de Sergio Paleo apareció con fuerza. Para ese entonces Mar del Plata era un hervidero de historias.
Un estudio contable recibió la visita de un tal Ferrarello -que comparte historia con Villaverde-, a quien se le atribuye la siguiente oferta: “Tengo la lista de tus clientes que tienen saldos para cobrar retornos de IVA por exportación. Si nos ponemos de acuerdo en el porcentaje, podemos hacer buena plata”.
Como Villaverde, Ferrarello tampoco es abogado, pero procura hábilmente. Es un busca, en el lenguaje de la calle. Fuentes confiables aseguran que maneja expedientes en el área pesca con habilidad notoria, y que ha puesto en marcha el cobro de subsidios a la exportación por varios millones de dólares, percibiendo por ello suculentas “comisiones”.
Villaverde, Porrúa y Paleo forman parte de una misma cultura: la extraordinaria habilidad para permanecer vinculados al presupuesto público. No obstante, en este muro de impunidad hay fisuras: las declaraciones de Tunoni a Clarín los habría colocado en una posición sumamente incómoda.
Por otra parte, Fernando Villaverde era un sujeto de armas exhibir. En los ’80 afirmaba, suelto de cuerpo haber estado en acciones dirigidas a terminar con las organizaciones armadas. Hoy se hace el inocente -“yo sólo tenía 17 años”-, pero era uno de los que cantaba “volverán los Falcon verdes, volverá la represión para salvar a la nación”.
Sergio Paleo, ex director de compensaciones de la ONCCA, le habría dicho a Daniel Tunoni, presidente de la Cámara Pesquera Marplatense (Capemar), al ofrecerle un subsidio no retornable por cifras millonarias: “No te preocupes, trabajamos con Fernando Villaverde, y no nos toca nadie porque somos gobierno”.
Antes de ser convocado por Ricardo Echegaray -ex titular de la ONCCA, hoy al frente de la AFIP- para trabajar con él, Paleo era abogado de Capemar: de allí conocía a Tunoni.
En ese esquema hay que encuadrar lo acontecido a Daniel Tunoni, quien se explayó ante este medio oportunamente, cuando se le preguntó sobre una presentación que llevó a cabo contra las andanzas de Villaverde y Paleo, incluyendo al titular de la AFIP. Tunoni respondió entonces afirmativamente.
Pero por alguna razón, ahora Tunoni se desdice: se presentó convocado por el Poder Judicial de la Nación, donde se lo acusa de haber enviado correos electrónicos a Ricardo Echegaray, diciéndole que debían llegar a un arreglo o cambiaría su declaración ante el tribunal.
Tunoni presentó una declaración escrita donde deslinda la responsabilidad sobre sus acciones, y afirma haber actuado por indicación de dos abogados locales, a quienes considera verdaderos autores del delito de extorsión. Dice que ellos se valieron de su situación de necesidad económica.
Acusó inclusive a los abogados de haberle ofrecido una carrera política si aceptaba entregar a Clarín información falsa, que ellos manipularían en un supuesto complot para difamar al Poder Ejecutivo, de la mano de Francisco de Narváez. Pero sí ratificó sus dichos en el marco de las causas La Keka y Luis Juez.
Indudablemente un experto. Tunoni sabe cómo hacer leña del árbol caído, eligiendo exactamente cuál es el árbol que ha caído esa semana. Y además, ha visto las suficientes películas como para ponerse en un protagónico absoluto que le permita jugar en las grandes ligas. “Desde ese cargo prometió ayudarme y decía que quería destruir especialmente a Echegaray y Villaverde, y de ese modo cagarle la fiesta del Bicentenario a la Presidenta. Estaban tan organizados que tenían distribuidos los cargos y los integrantes del gabinete de ministros”, asegura Tunoni en la indagatoria.
Pero ahora, la justicia sobreseyó a Echegaray en la causa en que se lo investigaba por su gestión al frente de la ONCCA. La decisión fue firmada por Marcelo Martínez de Giorgi, que actuaba como juez federal subrogante en el Juzgado N° 2. Lo hizo horas después de que la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto que lo designaba como juez federal titular del Juzgado Federal N° 8. La decisión del magistrado involucra también otros sobreseimientos, pero también procesamientos y faltas de mérito de algunos de los mencionados en el expediente iniciado en 2007.
En esta causa, el juez investigaba la entrega de subsidios millonarios a feedlots que supuestamente no existían. Esta política de compensaciones se puso en marcha para evitar el aumento de los productos cárnicos, de granos y avícolas. Luego de tres años de investigación, los únicos responsables por el pago de subsidios irregulares a criadores de ganado en feedlots son un changarín, dos personas de escasos recursos y dos patovicas marplatenses, uno de ellos ex custodio de Ricardo Fort. Ninguno de los 10 funcionarios de la ONCCA investigados, incluido Echegaray, cometió delito alguno, según el recientemente asumido juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Todo más complicado que nunca a causa de los devaneos de un delirante, como el denunciante Tunoni, sin historia clínica a la vista, seguramente saturado de películas de Michael Douglas y conspiraciones contra la Casa Blanca, donde un perdedor puede afectar la primera línea de funcionarios con sus intrigas. Un pobre tipo.
De todas maneras, es evidente que los elementos presentados para cuestionar la actuación de los funcionarios locales entran ahora en una cancha embarrada de la que no saldrá nadie sin salpicar.
FUENTE: Publicado en Noticias y Protagonistas
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