Por Arturo Navarro (*)El calentamiento global es la elevación de las temperaturas debido a las emisiones de gases de efectos invernadero. Aumentos de lluvias en centro y norte del país, incremento de la duración y frecuencia de sequías en el centro y norte del país, incremento de la duración y frecuencia de sequías en el Oeste y el Sur, multiplicación de eventos climáticos extremos e incrementos en las enfermedades de los cultivos de granos. Estos son algunos de los efectos que ya se están haciendo sentir en la Argentina y que podrían repetirse con intensidad creciente en los próximos años o décadas, según el nuevo informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que se presentó a principio de abril en Yokohama, Japón, según lo relata Nora Bar en un matutino porteño. Estos eventos vienen provocando incrementos de costos y grandes pérdidas en diferentes sectores. En especial, el sector agrario, el cual desempeña un papel fundamental en la economía del país. Por el cambio climático según el nuevo informe, habrá más inundaciones y sequías por lo cual es urgente implementar políticas de estado para cubrir los riesgos climáticos para todas las actividades agropecuarias y agroindustriales.
La idea central de esta iniciativa que vengo difundiendo y que no practicamos, es que los productores tengan una cobertura integral por diferentes riesgos agropecuarios como poseen los países que planifican y diagraman pensando en el largo plazo.
No le sirve al productor tener un Estado y una dirigencia que sigue actuando como bombero ante cada evento climático. Una política que proteja al productor y la agroindustria, la más importante y eficiente del país, debería diseñarse a través de dos instrumentos principales que ya se usan en todo el mundo.
No hay que inventar el agujero al mate.
1. Política para incentivar el mayor uso de los seguros agropecuarios por medio de subsidio a la prima, para poder aumentar la cobertura del área sembrada al bajar el costo de la prima del seguro. De esa manera se iría cambiando la vocación aseguradora de los productores y proveedores de insumos, que son los directos damnificados. Dicho aumento se daría en las zonas extra pampeanas más pobres y en los productores más chicos.
2. Política para crear y administrar un Fondo Nacional Permanente por ley para atender todos los daños de los bienes no asegurables, fondo que atendería exclusivamente a los productores que tengan asegurados sus bienes asegurables.
La idea es que deben tener premio quienes tienen vocación aseguradora, para ir generalizando un sistema público-privado que debe ser solidario, pero no obligatorio para que existan competencias entre las empresas aseguradoras.
Los países con producciones agrícolas importantes, desarrollados y no desarrollados, aplican este tipo de políticas activas
En EEUU ya tienen coberturas que aseguran los ingresos proyectados del productor. Esto lo pudieron hacer porque hace años vienen trabajando por medio de una acción pública-privada en políticas que atienden los riesgos agrícolas.
La nueva ley agrícola sancionada recientemente eliminó todo otros incentivo al sector agropecuario y dispuso exclusivamente mayores subsidios a la prima de los diferentes seguros que tienen por estados, zonas productivas y por productores.
Mucho tuvo que ver en la decisión de los legisladores los buenos resultados en las últimas sequías que tuvieron los productores con seguro agrícola.
En España se viene aplicando estas política desde el año 1978 por el Pacto de la Moncloa y después de haber recorrido tantos años tienen un sistema consolidado, que cubre con subsidio en
promedio el 50% de la prima al productor independiente y el 80% para los grupos de productores.
Mientras que en China también han implementados políticas activas con la prima del seguro haciéndose cargo de un porcentaje cada parte: Un 33% lo paga el estado nacional; otro 33%, las provincias y el 33% restante el productor. Según la información el productor tiene un subsidio del 66%.
El Brasil todos los años va asignando un mayor presupuesto para el subsidio de prima que van del 40% al 60% según los productores, con la limitación por productor de 51 mil reales.
La estrategia es cubrir la mayor cantidad de pequeños y medianos productores que son a quienes hay que atender para evitar que salgan del sistema por algún evento climático. Es un sistema relativamente nuevo pero muy interesante conocerlo porque permiten actuar a todos los operadores y demandantes.
Un país como Argentina que siembra más de 32 millones de hectáreas y que produce 100 millones de toneladas de granos manifiesta las siguientes contradicciones: (a) que los bancos oficiales sigan dando créditos sin seguro, (b) que se siga vendiendo insumos sin asegurar su cobranza con dicho instrumento y (c) que muchos productores inviertan sin tomar previsión alguna considerando que es una explotación a cielo abierto.
Después, todos reclaman por los 500 millones de pesos del fondo de la obsoleta ley de emergencia agropecuaria, que no alcanza para atender al menor de los eventos que se viene produciendo con los cambios climáticos.
Por lo tanto, la dirigencia agropecuaria tiene la responsabilidad de poner urgentemente este tema como una de las políticas de estado para el agro en la agenda nacional.
No es por casualidad que los partidos políticos no le den prioridad a este tema en sus propuestas, si las entidades no lo proponen. Las consecuencias de los cambios climáticos están con nosotros, por lo cual hay que actuar en consecuencia sobre cómo atenuarlos en el sector agropecuario que invierte todo su capital a la intemperie.
(*) Sobre su autor www.arturonavarro.com.ar
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