lunes, 19 de mayo de 2014

LOS JUBILADOS NO TIENEN PARITARIAS

Mientras en general los gremios han obtenido en paritarias aumentos de 30 por ciento en promedio, el Gobierno nacional otorgó a los jubilados un incremento de sólo el 11,31 por ciento semestral, el que ya ha sido absorbido por la inflación del primer cuatrimestre. También es grave la actitud del Ejecutivo respecto de las sentencias de la Corte.
El Gobierno nacional, en cada oportunidad que se le presenta, se jacta de haber impulsado el método de paritarias para el incremento de salarios. Sin embargo, el propio Ejecutivo, en un intento por establecer un “techo” para los aumentos, recurre a gremios amigos para lograr el objetivo. Lo hizo hasta no hace mucho con Hugo Moyano y, una vez distanciado del titular de camioneros, lo hace ahora con la CGT oficialista. En ese marco, ha conseguido establecer que los aumentos se encuadren dentro del 30%.
Sin embargo, hay un importante sector de la población, quizá el más desprotegido, que no cuenta con discusiones paritarias y que debe esperar a que sea el propio Gobierno el que establezca el porcentaje. Por ley, el Ejecutivo está obligado a otorgar dos aumentos al año: uno en marzo y el restante en setiembre, para cubrir así el desfase como consecuencia de la inflación. Este año, la propia Presidenta anunció, con bombos y platillos y con una tribuna colmada de obsecuentes y aplaudidores, que el incremento salarial para el sector pasivo era de 11,31 por ciento el primer semestre. De esa manera, la jubilación mínima pasó de 2.477 a 2.757 pesos, franja en la que se encuentra 75% de los jubilados en el país.
En un afán por demostrar su satisfacción por el gran “favor” que hacía a los jubilados, Cristina Fernández dijo que “el Estado está presente y prioriza a nuestros abuelos”. Sin embargo, los hechos y la realidad demuestran que la situación de los jubilados ha empeorado de manera contundente. En primer lugar debería señalarse que ese 11,31% ya fue absorbido por la inflación de los cuatro primeros meses del año, razón por la cual el sector pasivo deberá soportar como pueda la inflación hasta setiembre, que es cuando podría llegar a producirse el nuevo reacomodamiento. Más aún cuando el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, indicó días pasados que el Gobierno no tiene bajo estudio un aumento “extra” para el sector.
Por otra parte, el orgullo de la jefa del Estado por el hecho de fijar un mínimo de 2.757 pesos se destruye si se tiene en cuenta el estudio realizado por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que determina que la canasta básica de consumo de los jubilados se ubica en un valor de 5.677 pesos. De manera tal que 75% de los jubilados del país percibe la mitad de lo que necesita para vivir. Y, en el caso de los que más ganan, el Estado se preocupa por aplicar de inmediato el impuesto “a las ganancias”, a aquellos -los menos- que superan el mínimo no imponible, sin tener en cuenta que no se trata de un salario o una dádiva, sino de la devolución de los aportes realizados durante sus 30 o más años de aportes a lo largo de su vida.
Un párrafo aparte merece lo que sucede con los juicios iniciados por los jubilados en reclamo de la implementación del 82% móvil e incumplido por el Gobierno. A pesar de la exhortación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se apliquen las sentencias sobre los reajustes de la clase pasiva, el Ejecutivo Nacional se esmera en demorar el cumplimiento, aduciendo que se corre el riesgo de provocar un “desfinanciamiento del sistema, ocasionando un grave perjuicio a la sociedad”.
Habría que advertir a quienes realizan esa afirmación que esa posibilidad no obedece al pago de prestaciones, sino a actitudes de funcionarios que utilizan los fondos de la Anses para otros fines, como emprendimientos de Enarsa o la entrega de netbooks del Plan Conectar Igualdad. Es más, cualquier desfinanciamiento podría ser fácilmente cubierto, en caso de producirse, con la derivación de los miles de millones de pesos que actualmente el Estado utiliza para defender su política, como programas de dudoso valor en la TV pública, la publicidad derivada a medios amigos o para programas de viviendas como Sueños Compartidos que han terminado en verdaderos escándalos.
El Gobierno aprovecha, al hablar de “década ganada”, de aludir al mejoramiento obtenido por el sector pasivo, cuando lo cierto es que recuerda a los jubilados cada dos años: cuando hay elecciones. (Fuente: Editorial del DIARIO LOS ANDES)
ENVIADO POR PREGON AGROPECUARIO http://www.pregonagropecuario.com/cat.php?txt=5290#xyXMPdcIwzTv05Lw.99

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