“La corrupción, tanto pública como privada, es un verdadero ‘cáncer social’, causante de injusticia y muerte”. Conferencia Episcopal Argentina
Hace unos días, la Iglesia emitió un documento, “Felices los que Trabajan por la Paz”, que motivó la reacción del Gobierno que, como siempre, ordenó “matar al mensajero”; pese a que poco tiempo después los monseñores Fernández y Lozano produjeran comentarios que pretendieron ocultar al destinatario, quedó claro en el texto que la principal responsable de los desquicios enumerados estaba en la Casa Rosada.
Para comprobar la veracidad del diagnóstico de los obispos, basta con pensar en cuánto se ha incrementado la violencia social en los últimos diez años. En el fútbol, por ejemplo, las barras bravas, que siempre han existido, cobraron especial importancia a partir de su cooptación por el Gobierno y la creación de ese disparate llamado “Hinchadas Unidas Argentinas”, aplaudida por doña Cristina desde su atril, y hoy quienes acompañaban a los equipos visitantes tienen vedada su asistencia a las canchas. El narcotráfico, con la indispensable colaboración de políticos, jueces y policías (según la última encuesta de Giaccobe, más del 80% de los ciudadanos lo cree así), se expande por todo el país, lava cómodamente su dinero mal habido y la violencia que genera, tanto por los adictos que roban para drogarse como por la disputa por los mercados de consumo, se está cobrando vidas de argentinos todos los días.
El 4 de mayo de 2008 -¡hace ya seis años!- escribí mi primera nota denunciando la corrupción del kirchnerismo y sus diferencias cualitativas respecto a las de anteriores administraciones: “La verdadera causa de la ‘argentinización’ de las empresas” (hacer click http://tinyurl.com/qh44mh8); sin embargo, entonces no imaginaba los extremos a los que conducirían la voracidad del matrimonio que se había hecho con el poder en 2003.
El domingo pasado, en mi habitual editorial, a la que titulé “Con el aliento en la nuca” (hacer click http://tinyurl.com/p4kvd32), apoyado en las noticias de la semana anterior dije que el fino olfato de los jueces de Comodoro Py había detectado el putrefacto olor que emana de la Casa Rosada y habían comenzado a desempolvar viejos expedientes de corrupción oficial; pero no preví el aceleramiento que llevaría a confirmar la pena impuesta a Avioncito Jaime ni, menos, a reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra el inefable Julio de Vido o la reactivación de la causa por “Sueños Compartidos” por Bonafini y Shocklender. La fuga de Capdevila, por su parte, implicó un nuevo golpe a la suerte judicial de Guita-rrita, ya que podrá testimoniar en el exterior o volver con todas las garantías.
Cuando este ciclo concluya la Argentina se enfrentará a un dilema que, a mi entender, determinará definitivamente su futuro. Si, como ha hecho históricamente, la sociedad se olvida de esa corrupción y de los indecibles daños que la misma ha provocado, sobre todo medidos en vidas humanas, me atrevo a decir que se habrá convertido en un país inviable y, como tal, condenado a su desaparición como nación independiente; por el contrario, si decide quitarse el velo y exhibir sin pudor las lacras que la afectan, y juzga y condena a quienes tanto la han flagelado, podrá encarar el futuro con esperanzas ciertas de salir de la ciénaga moral en que hoy se debate.
Cuando digo que estamos pagando con la vida misma de muchos de nuestros conciudadanos, me refiero a la miseria, al narcotráfico y su violencia, al hambre y la desnutrición, a la falta de agua potable y cloacas, al déficit habitacional, a la proliferación de las “villas miseria”, al deterioro de la salud pública, a las muertes en las rutas, en los ferrocarriles y en los incendios de archivos y a tantos males que hoy nos afectan y que podrían haber desaparecido de no haberse “distraído” tanto dinero de su destino original.
Por eso, considero indispensable que todos los ciudadanos nos pongamos a hacer un verdadero inventario de los hechos de corrupción que conozcamos, para permitir, cuando los vientos políticos y, con ellos, la nariz de los jueces federales hayan definitivamente cambiado, encarar ese proceso de limpieza generalizada. Para investigar, procesar y castigar a los culpables e, incluso, para que éstos restituyan los dineros mal habidos que sea posible localizar, basta con aplicar los Códigos Civil y Penal vigentes, esos mismos que el Gobierno actual insiste en reformar bajo la tutela de Zaffaroni.
Cuando digo que debe investigarse a quienes hayan “metido la mano en la lata”, no me refiero sólo a los funcionarios de toda laya, de los tres poderes del Estado y de todas las jurisdicciones (presidente, ministros, secretarios, legisladores, jueces, gobernadores, etc.), sino también a quienes, desde la actividad privada, pagaron para obtener favores o prebendas de cualquier tipo, incluidos aquéllos que han prestado su nombre para enmascarar a los verdaderos beneficiarios de esos delitos o quienes han servido como canales para el ocultamiento o blanqueo de los capitales ilícitos. A sólo título de ejemplo, deberemos investigar actividades como el juego, el petróleo y el gas y sus importaciones, la electricidad, la obra pública, la deuda externa y su renegociación, el pago indebido de cupones atados del PBI, la refinanciación de las deudas provinciales, la adquisición de aviones y material ferroviario, etc.
Argentina, que tiene una matriz social enormemente corrupta, se debe a sí misma, y al mundo, esa limpieza del pasado inmediato –el anterior, lamentablemente, ha prescripto-, pero también de su propio carácter. Todos, y no me excluyo, tenemos algo en nuestros genes que nos hacen ser permisivos y tolerantes con nosotros mismos cuando de obtener ventajitas se trata. Eso es lo que debemos cambiar si queremos dejar a nuestros hijos y nietos un país, y no sólo un territorio desmembrado entre otras naciones más serias y comprometidas con la recta moral.
Para modificar el rumbo de colisión que hoy mantiene nuestra egregia conductora y todos sus cómplices, será necesario una profunda reforma legal pero, sobre todo, educativa. Tenemos que comenzar a formar a nuestros jóvenes y, para ello, es indispensable y esencial darles buenos ejemplos en la casa, en la escuela, en el trabajo y en la política. Resulta muy difícil, por no decir imposible, que algo cambie si los inmorales no sólo roban desde los más altos niveles de la sociedad sino que se empeñan en exhibir sus riquezas y su impunidad.
El próximo Congreso, bajo una enorme presión de la ciudadanía, deberá darnos las leyes que nos permitan ese cambio de cara al futuro. Para no extenderme demasiado en este texto, me limitaré a enunciarlas. Obviamente, no se trata de una lista completa, y usted podrá agregar a ella todas las otras medidas que considere adecuadas para lograr los fines propuestos.
a) “Tolerancia Cero”, para todos los hechos de corrupción, pública o privada.
b) “Ley del arrepentido”, que alivie o perdone las penas a quien provea de las pruebas que permita llegar a otros delincuentes de mayor nivel.
c) Imprescriptibilidad de los delitos graves de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.
d) Revisión de todas las sentencias de absolución dictadas por los jueces sin investigación y de las causas en las cuales los fiscales no hayan acusado, y revocación de aquéllas consideradas írritas.
e) Agravamiento severo de penas para aquellos que concreten, colaboren, amparen, encubran y faciliten el lavado de dinero y el tráfico de drogas en todas sus formas.
f) Prohibición de otorgar los beneficios de la excarcelación y reducción de penas para los delitos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.
g) Juicio de residencia obligatorio para todos los funcionarios –jueces incluidos- al dejar su función.
h) Confiscación de bienes y dineros mal habidos o injustificados.
i) “Aprovechar la Mala Fama” (hacer click http://tinyurl.com/7ojl63a) y derogar los vergonzosos blanqueos de capitales, investigando a quienes hubieran utilizado el artilugio y divulgando sus nombres.
j) Creación de una división de asuntos internos, bajo control civil, para vigilar la conducta de todas las policías y servicios penitenciarios.
k) Creación de una agencia de investigaciones de delitos complejos, con atribuciones federales.
l) Auditoría externa, pública y privada, de todas las campañas políticas y sus fuentes de financiación.
m) Radarización de las fronteras y “ley de derribo” de los aviones que se nieguen a identificarse y obedecer las órdenes de aterrizar.
n) Dictado de una eficiente ley de inmigraciones, como existen en todos los países, que impida el arribo y la radicación de delincuentes de toda laya.
o) Construcción de cárceles de extrema seguridad en medio de la Patagonia para los condenados por esos delitos, para dificultar su fuga.
p) Auditoría externa, pública y privada, sobre los casinos, bingos e hipódromos de todo el país, incluyendo la identificación de los ganadores.
q) Sustancial mejora en los salarios de los funcionarios, para evitar el pago de ‘sobresueldos’.
r) Auditoría externa, académica y privada, sobre todas las áreas de la administración que manejen fondos.
s) Transparencia total de los actos de gobierno, incluyendo la obligatoria publicación electrónica de todos sus actos, cuentas, licitaciones y contrataciones, y de las declaraciones juradas de todos los funcionarios de todos los poderes y de todas las jurisdicciones.
t) Limitación de la reelección en todos los cargos políticos y en los entes públicos, estatales y no estatales, con excepción de jueces y profesores.
u) Derogación de la reforma del Consejo de la Magistratura, en todas las jurisdicciones.
Pero, aún si logramos que todas esas leyes sean sancionadas, nada conseguiremos si no hacemos un gran esfuerzo para mejorar la educación pública, reinsertar laboralmente de los jóvenes, brindar ejemplaridad y terminar con las situaciones de marginalidad y pobreza extrema, es decir, si no ponemos fin al caldo de cultivo generado por la desesperanza.
Como dije, tenemos esa obligación con el futuro. Si no lo asumimos, la propia Argentina desaparecerá de la faz de la Tierra. Por eso hoy, en especial, debemos gritar: ¡Viva la Patria!, como un ruego laico a Dios, como quiera que lo entendamos, para que nuestro país sobreviva.
Bs.As., 25 May 14
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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