LANZARÍA UN PROYECTO QUE BLOQUEARÁ EL INGRESO DE DIVISAS A LA PROVINCIA, GENERANDO PÉRDIDAS MILLONARIAS AL ESTADO
En su propósito de erigirse en candidato a gobernador en 2015 luego de atravesar una hipotética interna del oficialismo, el actual vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, anunció días pasados la próxima elaboración de un proyecto para estatizar los puertos provinciales, con cuyos presuntos ingresos pretende incrementar el apoyo a la educación pública, que causó estupor, malestar y hasta sorpresa por las evidentes inconsistencias e ignorancia que refleja el proyecto según observan operadores marítimos, sindicatos, productores agropecuarios, acopiadores, transportistas y empleados de los elevadores portuarios.
Según la iniciativa de Mariotto, la estatización de los puertos provinciales aportaría 2.400 millones de dólares anuales, con los que busca financiar la educación y, según manifestó, busca evitar la pérdida de 8.000 millones de dólares al año en gastos de transporte marítimo y logística portuaria, asignar el 30 % a buques de bandera nacional (“reserva de carga”) y atribuir el control de puertos y exportaciones a una compañía conducida por el Banco Provincia.
Sin embargo, la propuesta de Mariotto, anunciada pero aún en boceto, parece desconocer algunas leyes y, al hacer cuentas, confunde facturación con ingresos, deslizaron en el sector.
El anuncio de expropiación –implicará el pago por desconocer los términos de los plazos de las concesiones y las inversiones realizadas- que planteó el Vicegobernador ignora que el dominio y la administración de los puertos de de Buenos Aires les fueron cedidas al Estado provincial por el Estado Nacional a través de una ley nacional que prevé como condición que sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales tengan a su cargo su administración.
De ese modo, son manejados por consorcios donde están representados todos los interesados en la operatoria y la logística (sindicatos, agentes marítimos y sectores productivos), y cuya Presidencia siempre está a cargo justamente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es decir que, para poder expropiar los puertos de Bahía Blanca y Quequén, se debería modificar primero la denominada Ley de Puertos en el Congreso Nacional, en pleno proceso proselitista rumbo al cambio de autoridades de 2015.
Esa ley establece que es el Estado nacional la autoridad de aplicación y contralor de esos puertos, la que controla que los titulares de las habilitaciones portuarias cumplan los proyectos constructivos y operativos, promueve la modernización, eficacia y economicidad de los puertos del Estado nacional, y estimula la inversión privada en la explotación y administración de los puertos, entre otras disposiciones.
En ámbitos de la logística provocó desconcierto el desconocimiento del funcionamiento de los puertos que se desprende del proyectado paquete de leyes anunciado por Mariotto, por ejemplo, en cuanto a los costos e ingresos de esas terminales. De ese modo, los ingresos cubren esencialmente los costos fijos y variables de la operación, más la amortización de las inversiones realizadas, ya que las terminales no son generadoras de grandes ganancias, sino más bien parte de la articulación logística que le posibilita a la Argentina competir con otros orígenes de forma eficiente.
Aún más: en el artículo 12 de la ley nacional de puertos se especifica que, si hubiera alguna ganancia, los consorcios que administran los puertos están obligados a reinvertir la totalidad en el mismo puerto.
El régimen vigente establece que las empresas concesionadas para operar esas terminales abonan un canon al Estado provincial. Adicionalmente, ya están controladas por el Estado: sucede que la presidencia de los consorcios que administran esos puertos corresponde al Estado provincial de acuerdo con la Ley Provincial Nº 11.414 que instrumentó la transferencia de los puertos de Bahía Blanca y Quequén establecida por la Ley Nacional Nº 24.093 de Actividades Portuarias o “Ley de Puertos”. El “control político, institucional y estratégico” ya lo tiene el Estado tanto provincial como nacional, según una amplia variedad de regulaciones, normas y leyes vigentes.
Los costos de la operación son gastos que son cubiertos por las tarifas que se perciben, por un lado, por derechos de amarre, que abonan los armadores o empresas propietarias de los buques, y, por otro lado, en concepto de alquiler de elevadores, depósitos y otras instalaciones, que pagan las distintas empresas involucradas en la exportación en calidad de clientes.
De tal manera, los presuntos ingresos anuales de 2.400 millones de dólares, mencionados por Mariotto, corresponden al costo de la mercadería que es exportada, pero no son ingresos por el uso de los puertos. Así, si se pretendiera apropiarse y dedicar esos fondos a algún otro destino, como la educación, significaría una confiscación de las exportaciones argentinas, adquiridas ya por distintos destinos en el mundo.
Asimismo, el anuncio de Mariotto propone realizar reserva de carga para buques de bandera nacional que no existen.
En definitiva, en un contexto de estatización y expropiación de los puertos de la provincia de Buenos Aires, al gobierno provincial le resultaría muy difícil captar inversión externa tanto para financiar su comercio exterior como para generar los polos de desarrollo agroindustrial a los que también aspira Mariotto en su proyecto. Y así las agroexportadoras abandonarían la provincia de Buenos Aires para concentrar sus envíos al exterior desde otros puertos argentinos.
(*)www.arturonavarro.com.ar
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