“Es estúpido dejar las decisiones sobre economía a aquellos que no pagarán precio alguno por equivocarse”. Thomas Sowell
Cuando el hombre comenzó a vivir en comunidad y para evitar que continuara rigiendo la ley de la selva, naturalmente cedió algunas de sus libertades y derechos a algo superior, que dio en llamarse, mucho después, “Estado”. Así, a cambio de renunciar a ellos, le encomendó –y le exige- que se ocupara de su defensa, de su seguridad, de su educación, de su salud y de la Justicia; como parte de ese contrato tácito, paga al Estado los impuestos que le permitan soportar esas tareas. También le delegó la organización de las relaciones entre los individuos que componen la sociedad.
En la Argentina actual, y pese a que ese contrato sigue
teóricamente rigiendo, apoyado en la Constitución y en el Código Civil, el
Estado ya había desertado, y los ciudadanos estamos sometidos a la indefensión
como nación, a la cotidiana inseguridad, a la falta de salud, de educación y a
la falta de Justicia, por lenta y por sometida al poder de turno. Nos vemos
enfrentados a soportar doblemente el costo de contar con esos beneficios
elementales, ya que seguimos pagando impuestos pero, además, tenemos que hacer
frente al costo de la contratación privada de vigiladores, colegios y prepagas
médicas para subsanar esa ausencia estatal.
En estos días, en Córdoba, se vio a ciudadanos
encaramados a los techos de sus viviendas y negocios, o nucleados atrás de
barricadas, armados y dispuestos a defender con su vida –dada su inexperiencia-
sus bienes ante las hordas que destruían todo a su paso. Sin darse cuenta,
reasumieron una potestad que habían transferido, por ese acuerdo originario, al
Estado, ya que éste había desertado y se encontraban en total desamparo frente a
la violencia desatada.
Esta situación representa un salto cualitativo, hacia
atrás, respecto a todos los conflictos sociales que los argentinos hemos
soportado en los últimos años y, seguramente, continuará in crescendo, por el triste papel que
desempeñaron, durante esas horas trágicas, quienes tienen a su cargo ejecutar
las tareas que son propias del Estado. Doña Cristina in absentia, Anímal y hasta Randazzo hicieron fila
para pegarle al Gallego de la Sota,
lavándose las manos respecto a la crisis que la “década ganada” había generado y
que, como vimos por televisión, estuvo a punto de convertirse en una tragedia.
Al negarse a enviar a la Gendarmería –Super Berni lo ordenó, pero el Chino Zannini lo desautorizó- el
cristinismo, una vez más, dio una muestra cabal de la confusión que en su
concepto existe entre Gobierno y Estado; en ella, tal como lo confirmó un
patético Coqui Capitanich invocando
al federalismo constitucional, las fuerzas federales sólo pueden actuar cuando
quien solicita su auxilio es un obediente seguidor de los dictados de Olivos.
¡Qué pena que ese mismo federalismo sea olvidado a la hora de repartir ingresos
fiscales!
Se me ha preguntado, desde el momento de los hechos, si
los saqueos estaban organizados por algún malparido con intencionalidad
política. La respuesta contiene dos aseveraciones: sí lo estaban, y en esa
organización seguramente participaron narcos, pero tuvieron esa magnitud porque
existe un caldo de cultivo que favorece la protesta. Detrás de los primeros
enmascarados, que robaban plasmas y alcohol, necesariamente hubo multitudes
crispadas y enojadas, que padecen diariamente esta demencial política económica,
que ha llevado a que el verdadero índice de precios (el de los changuitos de
supermercado) se haya disparado a partir de noviembre, lo cual llevará la
inflación anual a superar el 30%.
El Gobierno avivó la inquietud social con tres anuncios
convergentes: no acepta pagar el bono que todas las centrales gremiales
solicitan para fin de año, descontará el impuesto a las ganancias sobre la
segunda cuota del aguinaldo y mandó a imprimir, en la Casa de la Moneda y en
Ciccone, ciento cuarenta millones de billetes de cien pesos para hacer frente al
pago de esa segunda cuota a los empleados públicos.
El desprecio que los funcionarios tienen por la
inflación (a la que ningunean), la carencia de un plan económico coherente –no
se puede considerar como tal al nuevo congelamiento de precios que, dicen,
regirá a partir de enero- y la monstruosa emisión monetaria, harán que el
arrastre de este año lleve al índice de los precios a superar el 40% en 2014; el
permanente drenaje de reservas, la obligación de importar cantidades mayores de
combustibles más caros y el nuevo robo que cometerán cuando paguen el cupón
atado al crecimiento del PBI (nada menos que US$ 5.000 millones), tampoco
permiten ser optimista respecto a un cambio diametral en la toma de
decisiones.
Pero, tal vez, el principal factor coadyuvante de lo que
ocurrió en Córdoba haya que buscarlo en la anomia moral que hoy reina en nuestra
sociedad. Todos los límites se han sobrepasado, y se ha impuesto el “sálvese
quien pueda”.
El mundo entero está contemplando, con asombro y
repugnancia, cómo la señora Presidente se mofa de todos, acumulando una fortuna
personal cuyo crecimiento exponencial ni se molesta en explicar, como tampoco lo
hace con las relaciones que mantiene con los personajes más oscuros de la escena
nacional, como Lázaro Báez, Cristóbal López, Spolsky, Eskenazi, Ferreyra
(Electroingeniería), sus secretarios y sus jardineros y tantos otros,
enriquecidos por haber prestado sus nombres para encubrir los latrocinios de la
pareja imperial.
El Vicepresidente, el inefable Guita-rrita, se robó, con sus cómplices
Nariga Núñez Carmona y Vandermoco, la mayor imprenta del país,
que tiene a su cargo nada menos que la producción del dinero. Además de hacerse
enormemente rico, y seguir festejándolo a carcajadas, le cobró una comisión de
siete millones a la provincia más pobre del país para renegociar su deuda con el
Estado nacional, o sea, con él mismo.
Sin embargo, los jueces de Comodoro Py no han llamado a
ninguno de ellos a prestar declaración indagatoria, y todos –hasta Jaimito- siguen libres y haciendo daño.
Entonces, ¿no resulta razonable que alguien crea que puede robar impunemente un
televisor o un coche de bebé? Si a los grandes delitos que los funcionarios de
todo pelaje han perpetrado no les ha correspondido pena alguna, ¿por qué
preocuparse entonces por la comisión de un hecho tan menor?
Para terminar de aguar las esperanzas de quienes creían
que los cambios en el Gabinete traerían aparejada una mejor relación con la
sociedad, con el mundo y con los mercados, el viernes –como ya ha sucedido en la
Cancillería- se produjo la designación de un chico de La Cámpora para ocupar la
jefatura de uno de los organismos técnicos para prestigiosos del país, el INTA.
Sólo cabe esperar que el peronismo, que aportó los votos necesarios en octubre,
se niegue a seguir convalidando la ocupación del Estado por estos niñatos
corruptos y espléndidamente rentados, pero incapaces, siquiera, de ganar una
elección universitaria.
BsAs, 8 Dic 13Blog: http://egavogadro.blogspot.com.ar
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