El envío tardío de la Gendarmería a Córdoba desembocó en un caos con consecuencias muy graves en términos de disgregación social. Se trata de otro testimonio que demuestra que agrandar el sector público, sin sentido estratégico y aplicando precaria gestión, no sólo no garantiza mejores servicios públicos sino que, en muchos casos, los empeora. Para que el Estado opere como promotor de calidad de vida y equidad tiene que dejar de ser el ámbito donde diferentes actores pujan por la apropiación de fondos públicos y adoptar una gestión más profesional. El auto acuartelamiento de la Policía de la Provincia de Córdoba junto con la demora en el envío de fuerzas de seguridad alternativas desencadenó una situación caótica. Muertes y enormes daños económicos son los resultados inmediatos de esta falla en el sistema de seguridad. Pero lo más grave y perdurable es el profundo resentimiento social que ha quedado instalado por la violencia y el estado de anarquía.
A esto se le agrega una nueva profundización del proceso de apropiación de fondos públicos en base a métodos cada vez más violentos y donde el interés general (es decir, el de la población que paga los impuestos para sostener el funcionamiento del Estado) es dejado totalmente de lado. Prueba de ello es la inmediata diseminación del reclamo policial a otras provincias y a otros sectores de la administración pública provincial.
El origen de los hechos en Córdoba fue el reclamo de mejores condiciones laborales para el personal policial. Por ello, resulta pertinente analizar la evolución que han tenido los salarios y el empleo en el sector de seguridad en los últimos años. Según datos oficiales publicados por la Provincia se observa que entre los años 2003 y 2013:
· La cantidad de policías pasó de 14 mil a 23 mil agentes.
· Esto significa que la cantidad media de ciudadanos que cada policía tiene que cuidar se redujo de 225 a 144 en una década.
· El salario real promedio de un policía pasó de $4.300 en el año 2003 a casi $9.900 en el año 2013, es decir, en la última década creció un 130% en términos reales o sea corregido por inflación.
Estos datos muestran que el crecimiento de los recursos dedicados a seguridad ha sido muy importante. La mayor asignación de fondos públicos se utilizó para impulsar una masiva contratación de nuevos policías y sostener un fuerte aumento de los salarios de policías. Las remuneraciones de los policías crecieron muy por encima de la inflación (no la oficial, sino la medida por las provincias que es más realista) e incluso superaron a las que perciben los trabajadores del sector privado. Mientras que a la salida de la crisis del año 2002 un policía ganaba casi lo mismo que un asalariado privado, en la actualidad su remuneración es un tercio más alta.
Las evidencias son suficientes para descartar el argumento de que el desencadenante del conflicto es la insuficiencia de recursos que deriva en deterioro de las condiciones laborales. Si bien evaluar la razonabilidad de la remuneración es controvertido, especialmente cuando se trata de una profesión riesgosa y sacrificada como la policial, el dato objetivo es que, al menos en la última década, la remuneración en la policía de Córdoba nunca estuvo mejor que en la actualidad. Por lo tanto, si sólo se tratara de un tema laboral los reclamos y amotinamientos se deberían haber producido mucho antes.
El problema central no es la insuficiencia de recursos sino la debilidad en la gestión del sector público. Los fracasos no se originan en la falta de recursos sino en la falta de calificación del personal, tecnología, evaluación de resultados, incentivos, transparencia y correcta articulación entre diferentes sectores. El hecho de que sólo con haber adelantado algunas horas el traslado de Gendarmería se habría evitado el caos demuestra que hay recursos, solo que se necesita una gestión más profesional.
El conflicto policial se destaca por la gravedad institucional y por el resentimiento social que ha generado entre la población. Pero en su esencia responde a lógicas muy parecida a lo que ocurre en otras áreas, como la educación, la salud y el resto de los servicios públicos. El funcionamiento del Estado esta distorsionado por reglas que inducen a la puja por la apropiación de fondos públicos con total desprecio por el interés de los ciudadanos. Esto explica la paradoja de que nunca como ahora se pagan tantos impuestos y, sin embargo, el Estado nunca fue tan débil; en algunos casos inexistente, como ocurrió con la seguridad en la provincia de Córdoba.
FUENTE: Publicado en IDESA www.idesa.org
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