La ola de calor amainó y la actividad económica disminuyó –por asuetos, feriados y vacaciones– pero el servicio eléctrico sigue sin normalizarse. Mientras tanto la inflación sigue en niveles elevados y crecientes, y la suba del dólar paralelo no se detiene. Frente a esta profundización de viejos problemas, el diagnóstico oficial no cambia. Ante la grave crisis energética, se anuncian multas a las empresas distribuidoras y amenazas de estatización. Ante la elevada inflación, se anuncian acuerdos de precios. Ante la pérdida de reservas, se suman nuevas trabas a las compras en el exterior.
Una visión alternativa es considerar estos problemas como manifestaciones de severos desajustes macroeconómicos. En concreto, advertir que el crecimiento de la demanda agregada (la suma del consumo público, consumo privado, inversiones y exportaciones) es inconsistente con la evolución de la oferta agregada (integrada por el total de bienes y servicios producidos en el país –el PBI– más las importaciones).
Según información oficial del Ministerio del Economía, la demanda agregada creció entre los años 2007 y 2013 a razón de 22,3% anual, muy por encima del 6,2% promedio anual que aumentó la oferta agregada. Este crecimiento de la demanda agregada se descompone de la siguiente manera:
- Las exportaciones crecieron al 18,1% y las inversiones al 21,8% promedio anual.
- El consumo privado de las familias creció al 22,2% por año.
- El consumo del Estado creció a razón de 29,3% por año.
Estos datos muestran que el crecimiento en la demanda agregada en los últimos 6 años está liderado por el consumo público, cuya expansión se aproxima al 30% anual. En la visión oficial, este fenómeno tiene una connotación positiva porque se lo plantea como una estrategia de tipo keynesiana, en el sentido de que la aceleración en la expansión del gasto público estimula la producción. Salvando las distancias se lo asimila a las políticas de estímulo que viene practicando en los últimos años los EEUU.
El error de diagnóstico es que las estrategias de tipo keynesianas tienen lógica en un contexto de elevada capacidad ociosa (alto desempleo, exceso de inversión). Bajo estas particulares condiciones (que se dieron en EEUU luego de la crisis del 2008 y en la Argentina con la crisis del 2002) resulta pertinente estimular la demanda tratando de lograr un mejor aprovechamiento de la capacidad productiva disponible. Pero superada la instancia de crisis, mantener la expansión del gasto público fatalmente produce inflación. Más grave aun es que el crecimiento vertiginoso del consumo público se hace a costa de sacrificar inversiones (como las que se necesitan para evitar los cortes en el suministro eléctrico) y del deterioro en la capacidad exportadora (lo que explica la paradoja de que haya pérdidas de reserva cuando los precios internacionales siguen siendo inéditamente altos).
Resulta imprescindible corregir el exceso de consumo interno liderado por el sector público. Las manifestaciones de los profundos desequilibrios macroeconómicos así lo demuestran. Aunque esto tenga, en la retórica política, las connotaciones negativas de un “ajuste”, mucho más costoso desde el punto de vista social es seguir apostando a superar el colapso energético vía multas a las empresas o aspirar a morigerar la inflación firmando acuerdos de precios, o pretender detener la caída de reservas desalentando los viajes al exterior. Estas medidas y otras de similares características son, en el mejor de los casos, mero voluntarismo.
El “ajuste”, entendido como la corrección de los desequilibrios generados por la expansión de los subsidios económicos y el empleo público redundante, es inevitable. Sólo queda por definir cómo y cuándo se lo aplica. Si se lo hace de manera rápida y profesional, no sería socialmente muy costoso y podría ser la oportunidad para generar una senda de progreso sostenido. Pero si se sigue demorando con planteos evasivos y discursos hipócritas, los costos sociales, como ocurrió en experiencias pasadas, serán enormes.
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