Columnista
Los
gobernantes suelen tener la habilidad de la retórica y la semántica
para disfrazar "recetas" que han fracasado recurrentemente en el pasado
y volver –a pesar de ello- a tratar de ponerlas en práctica una y otra
vez en el presente. En el caso del gobierno argentino a cargo del FpV
(Frente para la Victoria) de los Kirchner y su "grupo", a los
tristemente célebres controles de precios o precios contralados,
los han rebautizado con el aparentemente "inofensivo" y "cariñoso"
mote de "precios cuidados" o "acuerdos de precios". El "inocente"
cambio de etiquetas no puede disimular –no obstante- que se tratan,
lisa y llanamente, de los tan estudiados por la ciencia económica bajo
el rótulo de precios políticos, los que -a su turno- se dividen en precios máximos y mínimos, ambos en franca y abierta oposición a los precios de mercado,
los que de no existir los precios políticos sería del todo redundante
aludir como "de mercado" y deberíamos llamarlos simplemente "precios" y
punto. Pero dado que impera un sistema intervencionista por doquier se
mire, no queda más remedio que hacer las distinciones señaladas al
exponer sobre este tema.
¿Qué
lleva a los gobiernos a establecer precios políticos? Hay muchas
causas, pero sólo tendremos tiempo para señalar someramente algunas de
ellas.
El
"argumento" favorito de los gobernantes, es que los precios máximos
expanden la demanda del bien sujeto al precio político (lo que es
cierto) y permiten a más gente acceder al producto en cuestión (lo que
es manifiestamente falso), por lo que el blanco predilecto de la
fijación de estos precios se concentra en los llamados productos de
"primera necesidad", "básicos" o "esenciales", cuyos precios de mercado
-los gobiernos continúan diciendo- tornarían la situación de quienes
no puedan pagarlos en dramática. Pero, como explica el Profesor Alberto
Benegas Lynch (h):
"…cuanto
más dramática sea la situación mayor necesidad de que los precios
reflejen la realidad y peores serán las consecuencias de alterar estos
indicadores vitales. Podrá maldecirse todo lo que se quiera sobre lo
“perverso” de la naturaleza de las cosas y que no haya de todo para
todos pero las cosas son así y no de otro modo. El consejo de extender
los precios políticos a otros rubros como los alquileres de viviendas
no hace más que extender los efectos dañinos a este campo, con lo que
habrá más gente que no encontrará donde alquilar debido a la expansión
de pedidos, al tiempo que tendrá lugar una contracción de las ofertas
correspondientes. La gran ventaja de los precios de mercado en una
sociedad abierta es que, cada vez que se adoptan, muestran al mundo
cuales son las prioridades y cualquiera puede irrumpir si piensa que
puede hacer algo mejor. En otros términos, dada la estructura de
capital vigente, se saca la mayor partida posible que las
circunstancias permiten en el planeta."[1]
Entonces,
los precios "congelados", "acordados" o "cuidados" perjudican la
competencia, contraen la oferta, exacerban la escasez y expanden la
pobreza.
Desde otro ángulo, no menos significativo, F. A. von Hayek alude, por ejemplo, a los grupos de presión, como causa remota de los precios congelados, entre los cuales indica como los más importantes a los sindicatos:
"Al
conferírsele, por razones supuestamente "sociales", privilegios únicos
a los sindicatos de los que difícilmente disfruta el mismo gobierno,
las organizaciones de trabajadores han sido capaces de explotar a otros
trabajadores privándolos totalmente de la oportunidad de un buen
empleo. Si bien este hecho es todavía convencionalmente ignorado, en la
actualidad los principales poderes de los sindicatos descansan
completamente en el permiso que tienen para usar el poder de evitar que
otros trabajadores hagan el trabajo que desearían hacer."[2]
F. A. von Hayek se refiere
aquí a la legislación que otorga a los sindicatos privilegios
especiales, la que según los diferentes países suele denominarse legislación social, sindical o laboral
indistintamente, y que en el plano económico opera como una suerte de
precio mínimo, que al elevar los costos laborales por encima de los del
mercado genera -como consecuencia inmediata- la desocupación (lo que en
España, por ejemplo, se lo llama paro).
"Pero
al margen de que, por el ejercicio de este poder, los sindicatos
pueden alcanzar solamente una mejora relativa en los salarios de sus
miembros, al costo de reducir la productividad general del trabajo y
así el nivel general de salarios reales, combinado con el hecho que
pueden poner a un gobierno que controla la cantidad de dinero en la
necesidad de emitir, este sistema está destruyendo rápidamente el orden
económico. Los sindicatos pueden ahora colocar al gobierno en una
posición en la cual la única elección que tiene es emitir o ser
censurado por el desempleo, el que es provocado por la política
salarial de los sindicatos (especialmente por su política de mantener
las relaciones entre los salarios de distintos sindicatos constantes).
Esta posición necesariamente destruirá dentro de poco el ordenamiento
de mercado completo, probablemente a causa de los controles de precios
que impondrá el gobierno, forzado por la inflación acelerada"[3]
En
este caso explicado por Hayek, la emisión gubernamental será debida a
la "necesidad" de "compensar" la caída del salario real con un aumento
del salario nominal como artilugio para "evitar" el desempleo
ocasionado por la suba constante del salario nominal gracias a los
poderes que la legislación sindical otorga a estas organizaciones. Sin
embargo, como es sabido, dicha emisión se traducirá en inflación, lo
que -a su turno- llevará al gobierno a decretar controles de precios y,
como dice el Premio Nobel en Economía, ello "necesariamente destruirá
dentro de poco el ordenamiento de mercado completo". En una palabra, en
esto desembocan los precios controlados, "acordados" o "cuidados"
(como les gusta llamarlos el gobierno argentino): más inflación, más
desempleo, menor salario, más escasez, etc.
[1]Las oligarquías reinantes. Discurso sobre el doble discurso. Editorial Atlántida. Pág. 114-116
[2]Friedrich A. von Hayek. "La contención del poder y el derrocamiento de la política", Estudios Públicos. pág. 65-66
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