El Estado nacional firmó con las provincias un pacto acordando reglas de austeridad fiscal. La pertinencia de la iniciativa es indudable a la luz de que el mal funcionamiento del Estado es el principal factor de cercenamiento en la capacidad de crecer y generar empleos de calidad. Sin embargo, con el argumento de que el objetivo es impulsar un ordenamiento gradual, en la práctica, se acordaron reglas inconsistentes de las que se derivan altos riesgos de fracaso.
Entre el Estado nacional y las provincias se firmó un documento con lineamientos para un nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. Se trata de un acta de intención en la cual se estipulan reglas tendientes a lograr el equilibrio fiscal y reducir la presión impositiva. El compromiso de las provincias es mantener constante el gasto público ajustado por inflación y no hacer crecer el empleo público provincial por encima de lo que crece la población. Concomitante con ello se comprometen a no incrementar la presión impositiva y a reducir impuestos sobre la actividad productiva.
Las provincias representan aproximadamente el 36% del gasto público consolidado. Pero como tienen a su cargo los principales servicios públicos (educación, salud, seguridad, etc.) generan el 66% del empleo público total. En consecuencia, la austeridad y la calidad en la administración de los recursos humanos es un factor esencial en el desempeño de los sectores públicos provinciales.
Datos publicados por el Ministerio de Hacienda permiten aproximar la dinámica del empleo público provincial en la última década. Consolidando todas las jurisdicciones aparece que:
En el año 2004 las provincias tenían contratados 1,4 millones de empleados lo que equivalía a 37 empleados por cada 1.000 habitantes.
En el año 2015 el empleo público provincial ascendió a 2,2 millones representando 51 empleados por cada 1.000 habitantes.
Es decir, que en una década el empleo público provincial creció un 36% por encima de lo que creció la población.
Estos datos muestran la masividad con la que se incorporaron empleados públicos en las provincias. Si el aumento hubiese sido al mismo ritmo que crece la población se deberían haber hecho 600 mil contrataciones menos. Es cierto que las provincias son sometidas a demandas crecientes por parte de la población (por ejemplo, en materia de seguridad) pero, en el actual contexto de nuevas tecnologías, dar más y mejores servicios no necesariamente requiere contratar más empleados. Incluso hay sectores importantes, como el de educación, donde la matrícula de las escuelas públicas cae significativamente.
Estos antecedentes potencian la necesidad de impulsar austeridad y reformas en la gestión de los recursos humanos de las provincias. Sin un plan inteligente y riguroso en esta área, el resto de las reglas pasan a ser meros enunciados declamativos. Por ejemplo, tender a eliminar impuestos altamente distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos, es imprescindible para recuperar crecimiento y equidad. Pero es imposible que las provincias puedan avanzar en este sentido si no se le da sustentabilidad a la reducción de la presión impositiva con una gestión mucho más cuidadosa de los recursos humanos.
Fijar como meta que el empleo público provincial reduzca su crecimiento al ritmo de la población implica congelar la situación actual. En la mayoría de las provincias convalida y sostiene altos niveles de sobre-empleo público lo que impide el ordenamiento de las finanzas públicas. Asimismo, la pauta es incoherente con la meta de que el gasto no crezca más que la inflación. Si el empleo crece al ritmo de la población y el gasto no aumenta más que la inflación necesariamente los salarios se tendrían que ajustar por debajo de los precios (salvo que se esté dispuesto a seguir recortando gastos en otras áreas del Estado donde es sabido que los márgenes son muy acotados).
Sería recomendable que en el debate parlamentario del acuerdo se asuma un planteo más coherente fijando que las provincias y la Nación dejen de aumentar su planta de personal. Es decir, que los desafíos de dar más y mejores servicios públicos se cubran incorporando tecnología, reasignando personal y designando nuevo personal sólo en función de las bajas. Esto permitirá gradualismo y coherencia en el ordenamiento fiscal. De todas formas, recién en aproximadamente 43 años se volvería al mismo nivel de empleo público por habitante de la década pasada. Por eso hace falta complementar con un paquete integral de reformas estructurales para que el crecimiento de la economía relaje la carga que significa para la población mantener al Estado. |
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